Opinión: Reorientemos nuestros temores sobre la Gestora

Gustavo Rodríguez C.

Brújula Digital |08|02|23|

“La cosa no es si la Gestora Pública o las AFP tienen más rendimiento, la cosa es si el dinero de los aportantes está más seguro en las AFP o en la Gestora” (Página Siete 31 de enero de 2023). Con estas palabras Rodolfo Eróstegui empieza a exponer sus temores respecto al pronto reemplazo de las AFP por la Gestora Pública de Pensiones. ¿Cuán fundados son estos temores?

Comencemos señalando que, en los sistemas de pensiones basados en la capitalización individual como es el boliviano, la seguridad del dinero aportado está en función de la tasa de capitalización (rentabilidad); de ella depende que lo aportado no pierda valor y, más importante, que acreciente su valor en el tiempo. La rentabilidad también permite evaluar la calidad de las inversiones, la eficacia y la eficiencia con que se realizan las mismas. En este sentido, la evidencia señala que el dinero aportado por los trabajadores no ha estado seguro −es decir, “libre y exento de riesgo” (RAE dixit)− durante los 26 años que vienen administrándolo las AFP. Algunos hechos que respaldan esta afirmación son los siguientes:

-Los años 2007, 2008 y 2014 la Rentabilidad Real lograda por las AFP fue negativa, es decir, la Rentabilidad Nominal que lograron fue menor a la tasa de inflación. En dichos años, el capital acumulado por los asegurados disminuyó; esas pérdidas, por supuesto, fueron asumidas por los asegurados no por las AFP.

-En los últimos 20 años, el valor nominal y el poder adquisitivo de la fracción de pensión que reciben los jubilados en función a su capital acumulado ha disminuido cada año, debido a que la rentabilidad lograda ha sido más baja que la prevista. Es decir, ni siquiera la fracción que les han comprometido está asegurada.

-En la actualidad, casi el 95% de la cartera de inversiones del Fondo de Pensiones se encuentra en bolivianos sin mantenimiento de valor, lo que ocasiona que dicha cartera tenga un alto riesgo de desvalorizarse por la inflación y, peor, por una devaluación. Lo que es de preocupar en esta época donde las presiones devaluatorias son crecientes.

-En los 26 años que está vigente el régimen de capitalización individual, las inversiones realizadas por las AFP no han alcanzado la tasa de rentabilidad mínima necesaria para que los asegurados acumulen un monto de capital que sea suficiente para que logren una pensión de vejez adecuada. Es decir, ninguno de los trabajadores activos tiene asegurada una pensión que le permita mantener su calidad de vida en su vejez.

-Por último, el dinero de los trabajadores no está libre ni siquiera de las malas intenciones del poder político. Recuérdese que, en enero de 2017, el gobierno de Evo Morales tenía la intención de retirar 150 millones de dólares del sistema de pensiones para crear un Fondo de Crédito Agropecuario; una tercera parte de ese dinero sería destinada a garantizar el repago de dichos créditos y no a acrecentar el capital de los asegurados, algo ilegal a todas luces.

Cuando la Gestora Pública se haga cargo por completo de los Fondos de Pensiones, el dinero de los trabajadores tampoco estará “libre y exento de riesgo” porque los regímenes de capitalización individual están íntimamente ligados al azar del mercado financiero y porque son más vulnerables cuando la política de pensiones a este respecto es muy floja.  Me remito a los hechos:

-A diferencia de lo que sucede en otros países, el sistema de capitalización individual en Bolivia no otorga la Garantía de Rentabilidad Mínima a sus aportantes, medida ésta que hubiese obligado a las AFP y obligaría a la Gestora −a costa de su patrimonio− a alcanzar niveles mínimos de rentabilidad.

-Hasta el día de hoy no se ha pergeñado ni una sola medida que contrarreste los efectos negativos de la baja rentabilidad en la acumulación de capital y en las pensiones que reciben los ya jubilados. Ni siquiera han mejorado el reglamento de inversiones sobre el cual actúan las AFP y actuará la Gestora.

-Tampoco se ha pergeñado medidas orientadas a que los recursos de los Fondos de Pensiones se administren en Bolivianos con Mantenimiento de Valor, para así reducir la vulnerabilidad en la que se encuentran.

Es cierto que la puesta en marcha de la Gestora Pública ha levantado muchos temores, pero no hay que equivocarse en identificar a los responsables de los problemas mencionados; la Gestora como las AFP tan solo son los mandaderos de quienes definen la política de pensiones (Ministerio de Economía) y de quienes concretan esas políticas en reglamentos y procedimientos (Autoridad de Pensiones y Seguros). En este sentido, no hay que temerle a la Gestora, hay que temerle a quienes están a cargo de la política de pensiones.