Se evidencia el no cumplimiento del Convenio de Minamata por parte de Bolivia, resaltando la falta de información y de datos oficiales de instituciones del Estado para abordar esta temática.
Mercurio decomisado en turriles, destinado a la minería ilegal en la Amazonía. Foto: AJAM
Brújula Digital |08|01|23|
El Grupo Interinstitucional de Trabajo de Oro Responsable (GIT-OR) pone en evidencia el uso indiscriminado de mercurio y la falta de regulación para su importación, para lo cual recomienda gestionar un registro legal de comercializadoras de esta sustancia tóxica y crear un cuerpo de fiscalización para el uso de mercurio en la actividad minera aurífera.
“Se evidencia la falta de acceso a información fidedigna (…). Se requieren establecer mejores mecanismos de acceso público a la misma, mediante la generación de plataformas digitales para que las entidades del Estado brinden información que sea de utilidad tanto para fiscalizadores como para los tomadores de decisiones, señala el informe.
La mesa de trabajo “Efectos del mercurio en la biodiversidad, ecosistemas y áreas protegidas” del seminario: Mercurio en la minería aurífera, situación actual y alternativas, observa el uso indiscriminado de mercurio y la falta de regulación para su importación, por lo que identifica a la Aduana Nacional como la encargada de regular su importación por ser considerada sustancia peligrosa.
“Se debe gestionar un registro legal de comercializadoras de mercurio y crear un cuerpo de fiscalización para el uso de mercurio en la actividad minera aurífera (…). Se evidencia la generación alarmante de contaminación minera sobre agua, suelo y aire”, advierte el informe elaborado por especialistas y organizaciones vinculadas al medioambiente y la minería.
En ese marco, el GIT-OR afirma que urge actualizar y complementar el marco normativo ambiental y sectorial minero; fortalecer a las instituciones para la fiscalización y tener una mayor presencia del Estado en sitios remotos del país.
También se observa la necesidad de una mayor articulación institucional para la creación y aplicación de normativa, en forma conjunta con países vecinos, relacionada a la problemática de uso de mercurio en la minería; promover alternativas tecnológicas para la reducción y eliminación de uso de mercurio y fomentar la investigación científica para el biomonitoreo y biotratamiento, en el control de la contaminación por mercurio.
“Con el incremento de la actividad minera aurífera sobre las áreas protegidas es necesario que se respeten y cumplan las herramientas de gestión como son las normas de creación, los planes de manejo y en especial la zonificación, que deben regirse a un estricto cumplimiento de criterios técnicos atendiendo los objetivos de creación de las áreas protegidas”, sostiene el documento.
El trabajo de especialistas también ve necesario transparentar y regular la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas, y realizar esfuerzos por rehabilitar áreas degradas por actividades mineras, valorizando los servicios ambientales que las áreas protegidas generan.
“Se considera importante salvaguardar, de los impactos de las actividades extractivas, los medios de vida basados en la naturaleza como el ecoturismo y la producción de productos orgánicos”, se recomienda.
Ante el evidente avance de la minería ilegal, que genera daños económicos, sociales y ambientales en el país y que amenaza gravemente a territorios indígenas y biodiversidad y ecosistemas de áreas protegidas, como el Madidi, se requiere que las autoridades nacionales competentes del Estado, intervengan de manera inmediata en esta actividad ilícita que pone en alto riesgo el patrimonio natural y cultural del país, sostiene GIT-OR.
BD
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