Richter sobre el Convenio de Minamata: este tema se le ha transferido al Ministro de Minería

Brújula Digital |09|12|22|

El vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó que el tema del Convenio de Minamata fue transferido al ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, para que encuentre una solución. No mencionó si hay algún avance en la elaboración del Plan Nacional de Acción en torno al compromiso que asumió el Estado boliviano ante Naciones Unidas.

Consultado si el Gobierno cumplirá el Convenio de Minamata, en el propósito de reducir el uso del mercurio en la extracción del oro, Richter respondió de manera escueta: “Este tema se le ha transferido al Ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, y el Ministro de Minería es el responsable que este encuentre un cauce de solución”.

El vocero se hizo presente en el Foro Multiactor denominado: "Ch´enko total: desenredando nudos, buscando rumbos", organizado por la Red Unitas.

La Relatoría Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha llamado la atención de manera reincidente al Estado boliviano por el incumplimiento del Convenio de Minamata, y acusó a  Bolivia no solo de ser el país centro del tráfico de mercurio en la región, sino de frustrar los esfuerzos internacionales.

Frente al incumplimiento del Convenio de Minatama por parte del Gobierno boliviano, para reducir el uso del mercurio en la minería aurífera, el relator Especial para Sustancias Tóxicas y DDHH de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, afirmó que lo que está en juego es el honor del Estado, frente a sus compromisos internacionales.

“Lo que está en juego aquí es el compromiso del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, es ahí donde está involucrado el honor del Estado porque el avance del derecho internacional es el cumplimiento de buena fe”, afirmó el alto comisionado, en su visita a Bolivia en octubre de este año.

Aclaró que el Convenio de Minamata no tiene que ver con un marco de derecho internacional sancionatorio, pues lo que busca es que las partes, los países puedan cooperar, abordar problemas comunes, y les proporciona herramientas para poder llevar adelante esa convención.

En Bolivia se ha cuestionado desde los pueblos indígenas, campesinos y originarios, la falta de transparencia y buena fe desde el Estado para realizar la consulta previa, libre e informada al momento de ejecutar proyectos extractivos, y la gran mayoría de comunidades afectadas por la minería denunciaron que jamás se les consultó estar de acuerdo con que se contaminen sus suelos, sus fuentes de agua y su salud.

“En el derecho internacional ambiental para enfrentar la grave amenaza del mercurio es el Convenio de Minamata, en este convenio las partes contratantes se comprometen a reducir, y si es posible, a eliminar el uso del mercurio”, sostuvo el experto a Brújula Digital.

El Estado boliviano ratificó el Convenio de Minatama el 2015, pero a partir de ese año, aumentó la importación del mercurio al país hasta convertir a Bolivia en el país centro del tráfico del mercurio a países vecinos. “El convenio es un esfuerzo de cooperación internacional, las partes de los países cuando asumen compromisos internacionales ponen el honor del Estado sobre la mesa”, enfatizó.

Marcos Orellana dijo que la pequeña minería aurífera es la fuente más grande de mercurio en el mundo porque más de 36% de emisiones y 2.000 toneladas anuales se liberan al medioambiente.

El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) prendió los focos de alerta, al advertir que el país se convirtió en el mayor importador de mercurio del mundo, con un promedio anual de más de 200 toneladas.

“El mercurio es un metal pesado persistente que es capaz de atravesar la placenta humana, genera enfermedades, discapacidades, puede generar la muerte, originar malformaciones en los fetos, estamos hablando de una problemática grave, sería, que requiere medidas urgentes y decididas”, instó Orellana.

Recordó que en cumplimiento a la misión que se le encomendó envió cartas de alegaciones al Gobierno de Bolivia expresando su gran preocupación ante el aumento exponencial del uso del mercurio en el país, ya que eso “frustra los objetivos del Convenio de Minamata, a la vez el convenio establece una obligación de preparar planes de acción nacional y establece ciertos plazos.

Hasta la fecha, señaló que de acuerdo a la información que cuenta la Secretaría del Convenio de Minamata, que es un compromiso de interés público, no registra ningún plan de acción de parte de Bolivia por reducir el uso del mercurio. “Hay aquí una demora más allá de los plazos establecidos en el convenio”, indicó.

“Cada día que pasa mientras continúa la liberación del mercurio al medioambiente es otro día más de exposición a las personas que sufren los impactos de este metal, en particular, de aquellas personas que trabajan en la minería, muchas de ellas en extrema pobreza, y también comunidades indígenas río abajo que dependen de sus ríos para su alimentación, lo cual habla de graves injusticias ambientales”, dijo.

Recordó que la  base del derecho internacional es el cumplimiento de las obligaciones de buena fe y lo que hace el Convenio de Minamata es buscar las herramientas y maneras de la cooperación internacional para abordar un problema que es local, nacional y que también tiene una dimensión global.

BD JMC