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Economía | 08/12/2022   18:35

Informe de la sociedad civil sobre el Examen Periódico Universal alerta incumplimiento del Estado en DDHH y medioambiente

Se trata del resumen ejecutivo de la Evaluación intermedia al Examen Periódico Universal en DDHH de Bolivia.

Pueblo Esse Ejja, habita en el municipio San Buenaventura. Foto. Fundación Tierra

Brújula Digital |08|12|22|

Más de 30 organizaciones de la sociedad civil de Bolivia presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el resumen ejecutivo de un informe de evaluación de medio término a las recomendaciones del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), en el que se alerta el incumplimiento del Estado boliviano en materia de medioambiente, pueblos indígenas y defensores de derechos, en el

En el marco de la conmemoración del 74º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más de 30 organizaciones de la sociedad civil de Bolivia, entre comunidades y pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos, colectivos de activistas y defensores ambientales participaron de la elaboración del informe.

En materia de medioambiente, el informe afirma que existe una “evidente continuación irregular e ilegal de actividades extractivas que dañan el ambiente y tienen consecuencias muy graves para los derechos humanos”.

Destaca que en los últimos años se ha intensificado la deforestación y la degradación forestal; apunta las afectaciones por incendios vinculados a la ampliación de la frontera agrícola y el acaparamiento y especulación de tierras; denuncia los avasallamientos y conflictos por tierras en el Oriente boliviano, en cuyas causas está la destrucción de instituciones públicas de regulación.

El informe destaca también la expansión de la minería, particularmente aurífera en la región amazónica y de otros metales en el occidente boliviano; asimismo la ampliación de la frontera hidrocarburífera, principalmente hacia la Amazonía y las áreas protegidas.

El informe alerta también que, en todas estas acciones regresivas en cuanto a derechos sobre el medio ambiente, “un hecho transversal, es la crónica falta de acceso a información pública sobre estas problemáticas”.

Respecto de los derechos indígenas, el informe señala que, en los últimos años, “las poblaciones indígenas en Bolivia continuaron sufriendo constantes vulneraciones a sus derechos humanos” y que el Estado continúa aplicando y aprobando normativas para ejecutar proyectos extractivos dentro de los territorios indígenas. Cita como ejemplo de estas nuevas normativas aprobadas, el Decreto Supremo N°4667 de febrero de 2022, que dispone el incremento del número de Áreas Reservadas a favor de la empresa estatal YPFB.

Casos graves de afectación

Entre varios casos citados, el informe señala los casos de graves afectaciones a los pueblos indígenas amazónicos (Esse Ejja, Leco, Uchupiamonas, Tacana, Tsimane y Mosetenes) por la contaminación de sus ríos por mercurio y las consecuencias para su vida, su alimentación, salud e integridad personal.

Asimismo, el informe destaca que la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial es de alto riesgo para sus territorios y para su existencia como pueblos, pues se verifica “una flagrante falta de acción por parte del Estado para resguardar sus derechos humanos.

Los Toromonas, Esse Ejjas, Araona, Chacobo, Pacahuara y Ayoreo, son los más afectados por incendios, invasión de sus territorios y actividades hidrocarburíferas y mineras”. En el tema de Defensores de derechos ambientales, el informe destaca que en los últimos años se ha registrado “un incremento en los ataques contra defensores de derechos humanos, no solo en relación a la cantidad, sino también, a la intensidad y al uso de la violencia”.

Defensores en indefensión

Del mismo modo —afirma el informe— pese a las recomendaciones del Tercer Ciclo EPU, el Estado boliviano no ha promovido iniciativas legislativas para garantizar y proteger los derechos de las y los defensores de derechos humanos. Si bien existe un avance con la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú “el Estado ha demostrado una posición cuestionable para la implementación correcta del Acuerdo”.

Al respecto, el informe rememora la posición que llevó la delegación del Estado boliviana al COP 1 de Escazú, proponiendo una medida regresiva para la participación de la sociedad civil en el desarrollo del Acuerdo. Asimismo, el informe recuerda que el Estado no ha retirado normativas que restringen el espacio cívico y la acción de los defensores de derechos humanos.

En este punto cita la persistencia de la ley 351 de Personerías Jurídicas y la Ley de Minería y Metalurgia 535, con sus artículos que restringen e incluso abren posibilidades a la criminalización a defensores ambientales.

En un balance final de 10 recomendaciones seleccionadas sobre estas 3 temáticas, el informe concluye que ninguna ha sido cumplida hasta ahora por el Estado boliviano; 2 recomendaciones (Recomendación Nº 115.20 de Austria sobre el Acuerdo de Escazú y la Nº 115.69 de España sobre la protección a Defensores de derechos) estarían siendo parcialmente aplicadas y las restantes 8 no se estarían cumpliendo. Entre estas 8 incumplidas se cuentan: 2 sobre medioambiente; 4 sobre Pueblos Indígenas y 5 sobre Defensores Ambientales.

Entre varios casos citados, el informe señala los casos de graves afectaciones a los pueblos indígenas amazónicos (Esse Ejja, Leco, Uchupiamonas, Tacana, Tsimane y Mosetenes) por la contaminación de sus ríos por mercurio y las consecuencias para su vida, su alimentación, salud e integridad personal. Asimismo, el informe destaca que la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial es de alto riesgo para sus territorios y para su existencia como pueblos, pues se verifica “una flagrante falta de acción por parte del Estado para resguardar sus derechos humanos.

Los Toromonas, Esse Ejjas, Araona, Chacobo, Pacahuara y Ayoreo, son los más afectados por incendios, invasión de sus territorios y actividades hidrocarburíferas y mineras”. En el tema de Defensores de derechos ambientales, el informe destaca que en los últimos años se ha registrado “un incremento en los ataques contra defensores de derechos humanos, no solo en relación a la cantidad, sino también, a la intensidad y al uso de la violencia”.

BD JMC





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