En criterio del presidente, las cooperativas auríferas utilizan a comunidades campesinas para explotar de manera ilegal oro en áreas protegidas.
Dirigencia de la CPILAP en la reciente asamblea que realizó en presencia de autoridades gubernamentales. Foto: CPILAP
Brújula Digital |12|11|22|
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) a través de su presidente, Gonzalo Oliver, acusó a los mineros cooperativitas auríferos de utilizar a las comunidades campesinas para penetrar las áreas protegidas de manera ilegal con la explotación del oro.
“No hay comunarios indígenas que quieran hacer minería en nuestros territorios que se sobreponen en áreas protegidas; las federaciones de cooperativistas están recibiendo a las comunidades campesinas que están promoviendo la minería de manera conjunta, tratando de hacer a un lado al movimiento indígena”, denunció el líder de la CPILAP a Brújula Digital.
La respuesta del dirigente indígena surgió luego de que el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), Ramiro Balmaceda, asegurar que quienes alentaron la anulación del acta firmada entre el Gobierno y su sector sobre la explotación del oro en áreas protegidas, son quienes quieren convertirse en mineros.
Oliver apuntó a las comunidades campesinas afiliadas a la Federación Putaj Katari, de propiciar junto a las cooperativas auríferas, la minería al interior del Parque Nacional Madidi, Apolobamba y Cotapata.
“Las comunidades están cometiendo un delito al alentar la minería ilegal, porque la zonificación no permite actividad minera mecanizada en ese sector (…). Hay muchas solicitudes (mineras) sobrepuestas a nuestros territorios, pero como pueblos indígenas no permitiremos las operaciones mineras. Seremos guardianes”, aseveró.
Más allá de las quejas del sector minero por la anulación del acta firmada con su sector por el cual el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) se comprometió a modificar los planes de uso para permitir la actividad aurífera en el Madidi, Apolobamba y Cotapata, el presidente de la CPILAP señaló que el Gobierno está obligado a cumplir la ley.
“El Gobierno debe respetar la finalidad de creación que han tenido estas áreas protegidas, pero en lugar de que estas autoridades hagan gestión, hay un posicionamiento de vulnerar al pueblo indígena, de hacerlo a un lado, pero no lo van a poder hacer”, lanzó la advertencia
BD JMC
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