Las tres áreas protegidas que se encuentran en el departamento de La Paz forman parte del Corredor de Conservación de Biodiversidad Madidi-Apolobamba-Cotapata.
La destrucción del Madidi avanza como efecto de la ampliación minera. Foto:Contiocap
Brújula Digital |28|10|22|
En un hecho inédito, las cooperativas auríferas de La Paz pidieron al Gobierno, pagar más tributo por el oro y lograron cerrar el acuerdo para un pago único de 4,8% sobre el valor bruto de la exportación, de lo que antes pagaban entre 1,7% y 2,5% por concepto de regalías. Sin embargo, lograron arrancarle al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), el compromiso de modificar los planes de manejo para la explotación del oro en tres áreas protegidas de carácter nacional.
“Se dará inicio a los Planes de Manejo del Parque Nacional de Área de Manejo Integrado (PN ANMI Madidi), del PN ANMI Cotapata y de la Apolobamba, según corresponda cumpliendo todos los procedimientos y plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes, las mismas serán a petición de las comunidades de las áreas protegidas”, señala el punto dos del acuerdo suscrito la noche del 27 de octubre.
Las tres áreas protegidas que se encuentran en el departamento de La Paz forman parte del Corredor de Conservación de la Biodiversidad Madidi-Apolobamba-Cotapata, considerado como hots pot o sitio caliente de interés mundial por su gran riqueza en biodiversidad, pero también por las altas amenazas que sufre, sobre todo por actividades extractivas como la minería y el consiguiente uso del mercurio.
Sin embargo, el líder uchupiamona Álex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), advirtió que cuando se menciona a “comunidades” no se refieren a los pueblos indígenas que habitaron milenariamente estos territorios, sino a las recienten comunidades de colonos, mal llamados interculturales, quienes avasallaron sus territorios de manera sistemática.
En relación al punto uno, el acuerdo señala que en el marco de lo establecido en la CPE (disposición transitoria octava sobre derechos preconstituidos), y respetando los acuerdos a los que arribaron el 22 de julio con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) “los interesados proseguirán con el trámite de adecuación, asimismo, el Sernap emitirá el informe según corresponda, para proseguir con el trámite de la licencia ambiental ante el VMA de acuerdo a normativa ambiental vigente”.
“Hablan de derechos preconstituidos que debería garantizarle el Estado a los cooperativistas mineros, que están yendo en contra de los derechos constituidos a favor de los pueblos indígenas y que están plasmados en convenios y tratados internacionales”, afirmó Villca.
El líder indígena lamentó que el Sernap, que tiene como mandato preservar el medioambiente y la biodiversidad, no cumple con sus funciones de resguardar el patrimonio natural y cultural de 22 áreas protegidas a favor del pueblo boliviano.
“Hemos señalado hace bastante tiempo atrás, que estas instituciones se han convertido en el brazo operativo del Gobierno de turno y de las empresas nacionales y transnacionales que están dedicadas al extractivismo del oro y también petrolero”, señaló al referirse al Sernap, la AJAM, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).
Tras el acuerdo arribado con el Gobierno con el cual cerraron los puntos más urgentes del sector aurífero que paralizó la sede de Gobierno por dos jornadas, los cooperativistas se desmovilizaron y retornaron a sus lugares de origen.
Pusieron su firma al acuerdo, en lo referido a los “derechos preconstituidos” en áreas protegidas, el viceministro de Medio Ambiente, Omar Sharif; el director del Sernap, Teodoro Mamani, así como la dirigencia de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco).
GIT-OR: se requiere claridad legal
El experto del Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable (GIT-OR), Óscar Loayza, entrevistado por Brújula Digital, dijo que se requiere una aclaración constitucional porque los conceptos que se manejan son diferentes.
“Mientras el sector minero maneja el concepto de que toda actividad previa a la
ley minera de 2014 es preconstituida, desde las áreas protegidas la norma dice
que toda actividad que estaba previa a la creación del área protegida puede
considerarse preconstituida”, explicó.
Señaló que por ejemplo, el Madidi fue creaod en 1995 y Apolobamba Ulla Ulla fue creado el año 1971. “Lo que había antes de ese año podría considerarse como preconstituido desde el régimen especial de áreas protegidas”, sostuvo.
BD JMC
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