1000x115_1
1000x115_1
Ahorrate Problemas 1000x155px
Ahorrate Problemas 1000x155px
Economía | 24/10/2022   16:18

Mineros auríferos: exigimos “derechos preconstituidos” en áreas protegidas y nuestro régimen tributario

El GIT-OR plantea la necesidad de esclarecer el alcance de los “derechos preconstituidos” para que no avance la expansión aurífera en áreas protegidas y territorios indígenas.

Presidente de Fecoman, Ramiro Balmaceda. Foto: Brújula Digital

Brújula Digital |24|10|22|

Miles de cooperativistas mineros arribaron a la sede de Gobierno con el propósito de arrancarle al Gobierno un pliego petitorio, que destaca entre sus principales peticiones un régimen tributario único para los auríferos, la adecuación de contratos mineros “preconstituidos en áreas protegidas” y el reconocimiento de la personería jurídica de su ente matriz.

“Nos apoya la misma Constitución Política del Estado, la misma ley minera 535 nos respalda, y en ese sentido deben adecuarse nuestros contratos administrativos mineros (…). Nuestras cooperativas que tienen sus áreas preconstituidas, en áreas protegidas, no pueden tener su certificación o su contrato administrativo minero”, reclamó el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), Ramiro Balmaceda.

Mientras descendía por la avenida Santa Cruz en pleno centro paceño junto a miles de cooperativistas mineros, entre hombres y mujeres, el dirigente Balmaceda dijo a Brújula Digital: “Solicitamos que se actualice el tema de las áreas protegidas ya que muchos compañeros que son originarios de las áreas protegidas también hacen minería aurífera”.

El presidente de Fecoman anunció que se pedirá al Gobierno hacer un trabajo de campo y no solo de gabinete. “Todas las zonas se declaran áreas protegidas en desmedro de nuestros compañeros que viven en el sector”, dijo en contrasentido con las políticas de cuidado de medioambiente y la biodiversidad.

Las declaraciones del dirigente cooperativista coinciden con las denuncias permanentes de las comunidades indígenas, por el avance de la minería ilegal en sus territorios, sin contar con el consentimiento de quienes resultan afectadas. Los casos más emblemáticos por esta afectación a pesar de gozar de la categoría del área protegida son el Parque Nacional Madidi así como el Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba.

Consultado si el sector aurífero está dispuesto a sustituir el mercurio por otras técnicas menos contaminantes, respondió: “Hay el Convenio de Minamata que fenece este año y que nuestro país ha firmado, pero el convenio dice que el Gobierno debe presentar políticas técnicas y económicas para mitigar (los impactos) y anular el mercurio”.

Acotó: “No estamos en contra, estamos con la predisposición de eliminar el mercurio, pero las políticas deben ser claras, deben ser técnicas limpias para que nos adecuemos a esas nuevas tecnologías”.  

Las movilizaciones se realizan en momentos en que el país es centro de atención de la comunidad internacional al haber sido denunciado de ser el centro del tráfico del mercurio a países vecinos, con lo cual, no solo frustra los esfuerzos internacionales en el marco del Convenio de Minamata, sino también, contamina y vulnera los derechos de pueblos indígenas a gozar de un ambiente sano.

GIT-OR: se requiere claridad legal

El experto del Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable (GIT-OR), Óscar Loayza, entrevistado por Brújula Digital, dijo que se requiere una aclaración constitucional porque los conceptos que se manejan son diferentes.


“Mientras el sector minero maneja el concepto de que toda actividad previa a la ley minera de 2014 es preconstituida, desde las áreas protegidas la norma dice que toda actividad que estaba previa a la creación del área protegida puede considerarse preconstituida”, explicó.

Señaló que por ejemplo, el Madidi fue creaod en 1995 y Apolobamba Ulla Ulla fue creado el año 1971. “Lo que había antes de ese año podría considerarse como preconstituido desde el régimen especial de áreas protegidas”, sostuvo.

Régimen tributario

El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Eloy Sirpa señaló que el Gobierno no tiene voluntad de analizar la propuesta de régimen tributario elaborado por este sector. “En nuestra propuesta tributaria es definir hasta cuánto (pagar) de 2,5% hemos subido a 3,5%, pero la propuesta del Gobierno mínimo es del 6%”, explicó.

El sector aurífero minero elaboró la propuesta de Ley de Creación del Régimen Tributario del Oro, que plantea alícuotas diferenciadas de acuerdo a la fluctuación del metal precioso en el mercado internacional, que van desde el 1,78% y el 3,03%.

El único artículo del proyecto plantea crear el Régimen Tributario del Oro que tiene por objeto gravar las operaciones de venta de oro en mercado interno, realizada por cooperativas mineras auríferas y personas naturales

Los marchistas gritaban estribillos en sentido de no sentirse representados por Fecomin, y por tanto, exigen que el Ejecutivo reconozca la personería jurídica de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol).

El dirigente lamentó que a un año y dos meses desde la fecha que se presentó el pliego sectorial, el Gobierno sólo se haya limitado a mesas de trabajo que no arribaron a ningún punto a favor de los mineros auríferos.

“No somos atendidos por el Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), por la ABT (Autoridad de Bosques y Tierras) ni por la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera), no somos atendidos en los contratos de readecuación, en los contratos administrativos mineros, sigue habiendo burocracia”, expresó por su parte el presidente de Fecmabol, René Butrón.

Los cooperativistas, tras protagonizar marchas y varios puntos de bloqueo se trasladaron a la zona de Sopocachi, donde se encuentran las oficinas de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), con el fin de presionar las respuestas efectivas a su pliego.

BD JMC





300x300
300x300
@brjula.digital.bo