La presidenta de la Comisión Tierra y Territorio y Recursos Naturales del Senado advierte que la carretera impulsada por la Gobernación, y que impactará por dos áreas protegidas, no solo que será una de las más caras, sino también será inviable ambientalmente.
Operaciones mineras al interior del Parque Nacional Madidi. Foto: Contiocap
Brújula Digital |20|09|22|
El proyecto carretero Pelechuco-Pata-Apolo que impulsa la Gobernación de La Paz por el Parque Nacional Madidi y el Área Natural de Manejo Integrado de Apolobamba ha generado reacciones. La presidenta de la Comisión Tierra y Territorio y Recursos Naturales del Senado, Cecilia Requena (CC), analiza un recurso cautelar para detener el proceso y anuncia una fuerte fiscalización.
“Preocupa enormemente hacer una carretera en montaña, con una diferencia altitudinal enorme, que implica dificultad enorme no solo en términos de ingeniería, sino también ambiental, y tenemos de antecedentes Cotapata y El Sillar, sería una de las carreteras más caras, afectando montañas llenas de cabeceras de agua, de bosques, pendientes abruptas y ecosistemas valiosísimos, implica a dos áreas protegidas”, afirmó a Brújula Digital.
El “Estudio de diseño técnico de preinversión del proyecto de mejoramiento y apertura carretera Pelechuco-Pata-Apolo” que será adjudicado este miércoles, contará con un presupuesto de 7,2 millones de bolivianos de la Gobernacion y pretende dar pie a la construcción de una vía de 120 kilómetros que impactará a dos áreas protegidas.
“La mayor parte de la carretera estará en el Madidi, el área más biodiverso del mundo (…). Se trata de un proyecto descomunal para unir a dos poblaciones que ya están unidas por otro camino como son Pelechuco y Apolo que se unen por Charazani -es un poco más largo- pero son dos áreas protegidas frágiles. En los hechos, será será la carretera de la devastación y la minería”, afirmó.
Requena observó que el documento base de contratación de servicios de consultoría debería haberse contemplado antes de los Términos de Referencia (TDR), una cantidad de tareas para mitigar los impactos, evitar riesgos socioambientales e incluir a los pueblos indígenas que puedan ser afectados indirectamente.
“Si estamos tomando en cuenta la cabecera de cuenca como el Tuichi, y esa carretera es redundante a otra que ya está, el interés detrás de este proyecto es la minería porque no hay poblaciones que no estén conectadas. Queda en cuestión el proyecto mismo, la visión de lo que se estamos haciendo La Paz, estamos yendo a abrir áreas que van a ser devastadas”, apuntó.
La legisladora observó también que los TDR no contemplan a profesionales necesarios para carreteras que involucren áreas protegidas, como arqueólogos, biólogos, ecólogos, especialistas en flora y fauna.
“Aunque han rezonificado al interior de las áreas protegidas para decir que este tipo de obras es permitida en el Madidi, y permitir obras de infraestructura, son hechos por intereses económicos que no tienen ninguna consideración ecológica (…). El Estado está abdicando de su deber primordial de respetar y defender el derecho de la población a un medio ambiente sano,”, sostuvo.
La licitación pública inscrita en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), al que accedió este medio, detalla que el 100% de los recursos de financiamiento para el estudio, que asciende a Bs 7.273.908,00 proviene de la Gobernación, y figura como titular el gobernador, Santos Quispe Quispe.
Los documentos finales obtenidos del estudio, deberán permitir al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, entidad ejecutora del proyecto, contar con toda la información técnica, económica, social y ambiental, elaborados con los más adecuados y modernos métodos de estudios viales, estimación de costos, beneficios y prevención de impactos.
BD JMC
@brjula.digital.bo