En el Día de las Áreas Protegidas en Bolivia, organizaciones advierten su franca destrucción frente al extractivismo

Brújula Digital |04|09|22|

En el Día Nacional de las Áreas Protegidas, varias organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas, lanzaron la advertencia de la destrucción de los parques nacionales, reservas naturales y territorios indígenas, frente al avance del extractivismo y la ampliación de la frontera agrícola destinada a los monocultivos y al mal denominado “biocombustible”.

“El Estado desde el nivel nacional, departamental y municipal muy poco le dan importancia a las áreas protegidas, es más, están siendo amenazadas por la actividad minera extractivista, el uso del mercurio, la ampliación de la frontera agrícola para la producción de más cultivos transgénicos y con la amenaza del diésel ecológico que implica deforestar cientos de miles de hectáreas para introducir la palma aceitera”, afirmó a Brújula Digital el director de Probioma, Miguel Crespo.

En Bolivia dijo que hay 64 áreas protegidas de las cuales 22 son de carácter nacional, y entre todas llegan a cubrir más del 20% del territorio. “Son el sustento de la vida porque en ellas se encuentran todos los recursos genéticos porque Bolivia está considerado entre los 10 países más ricos del mundo a pesar de todas las actividades extractivistas”, sostuvo.

El agroecólogo afirmó que si el Gobierno tuviera un interés hacer un uso sostenible mediante la conservación de las AP, Bolivia tendría un ingreso anual por encima de los 10.000 millones de dólares con proyectos de ecoturismo, ecoturismo científico, generación del agua, regulación del clima, actividades relativas a la innovación tecnológica de la biodiversidad como la industria farmacéutica, cosmetológica, productos amazónicos, semillas, generación de oxígeno, entre otros.

El boliviano Marcos Uzquiano, actual jefe de Protección de la Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni (EBB), quien sufriera acoso gubernamental por denunciar el ingreso de la minería ilegal al Parque Nacional Madidi y galardonado por los Premios Internacionales de Guardaparques 2022 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha llamado la atención al Estado boliviano y a la población para no abandonar la protección de las áreas protegidas.

“Pedirle al Gobierno, pedirle a todo el pueblo boliviano, por favor no abandonemos las áreas protegidas, no nos abandonen a los guardaparques, se los pido encarecidamente. No permitamos la destrucción de este patrimonio tan importante que tiene Bolivia, no permitamos la contaminación de los ríos, la destrucción de los bosques, porque lo que está sucediendo en el Parque Nacional Madidi es terrible, duele”, pidió en un conmovedor mensaje.

Ante el anuncio del presidente Luis Arce, sobre la producción de diésel a partir de la palma africana aceitera, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), hizo también un llamado urgente a los organismos de Derechos Humanos y de defensa del Medioambiente.

La Contiocap considera que el anuncio presidencial, pone en evidencia la continuidad de un plan gubernamental de invasión y avasallamiento total de los territorios indígenas y áreas protegidas en Bolivia y hace un llamado urgente a los organismos públicos de Derechos Humanos: Defensoría del Pueblo, regionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y universales de Organización de Naciones Unidas (ONU).

El llamado pide tomar conocimiento del serio riesgo que corren las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, así como los defensores y defensoras de derechos, por la imposición de un modelo económico netamente extractivista.

En sus consideraciones, la Coordinadora señala que la exploración y explotación hidrocarburífera en áreas protegidas ya ha ingresado en la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía, a pesar de la tenaz y valiente resistencia de las comunidades de Tariquía y Chiquiacá.

La empresa estatal ha introducido maquinaria para la construcción del camino y planchada en la zona sur de la reserva, donde desde el mes de octubre se tiene programado el inicio de la perforación del pozo Astillero X1.

También se advierte que YPFB Chaco ha ingresado a la reserva por la comunidad más vulnerable como es la pequeña comunidad El Cajón, que ha sufrido un bloqueo y agresiones por externos a la comunidad desde el 26 de marzo del presente año, para imponerles el ingreso de las maquinarias de esta empresa petrolera.

“El Estado boliviano ha viabilizado el ingreso de las petroleras a las áreas protegidas, replanteando el marco normativo sectorial y propiciando políticas de flexibilización ambiental, incluyendo el cambio de los Planes de Manejo, como sucede en Tariquía, para generar las condiciones que requieren las empresas y no así para garantizar la protección de las reservas naturales ni de las comunidades que habitan dentro de ellas”, advirtió la Coordinadora.

En cuanto a la minería aluvial de oro, legal o ilegal, con el uso del mercurio que está envenenando ríos y riachuelos, peces y poblaciones indígenas y no indígenas, y se está destruyendo el corazón mismo del Parque Nacional Madidi, las nacientes del río Tuichi y el área de protección estricta, la Contiocap señala que los avasalladores mineros que ya forman grupos armados están asentados, y amenazan a guardaparques con “meterles plomo”.

Del mismo modo, advierte que los avasalladores, abiertamente amenazan, hostigan y difaman a defensores y defensoras de derechos indígenas y de las áreas protegidas.

“El empresariado del agronegocio impone productos transgénicos en el país con protección y complicidad gubernamental, atentando contra la salud de todo el pueblo boliviano, contaminando el medio ambiente, los suelos, el aire y el agua que todos consumimos, además de apropiarse de las semillas nativas que es un patrimonio natural y cultural de nuestras naciones y pueblos indígenas”, sostiene la Coordinadora.

A todo lo anterior, la organización de defensa de los territorios y del medioambiente advierte la gravedad de la situación con el decreto supremo 4764 sobre la producción de diésel con hidrotratamiento de aceites vegetales, en cuya presentación el Presidente Arce ha afirmado: “Esa palma (africana) genera un aceite que sirve como materia prima para la producción de un diésel ecológico”.

Desde la Contiocap se lamenta que no se considere los irreversibles impactos para la biodiversidad y el medio ambiente que tiene el monocultivo de la “palma aceitera”, o también denominada en otros países como el “desierto verde”, o “palma de la muerte” por sus efectos devastadores.

“¿Qué tiene de ecológico las plantaciones de monocultivos, que implica la deforestación de miles y miles de hectáreas de bosques nativos?, ¿Dónde se va a introducir este monocultivo? ¿En nuestros territorios y en nuestras Áreas Protegidas? Si es el caso, ¿A quiénes consultaron? o acaso los más de 6 millones de bosque chiquitano que fue perversamente incendiado en 2019 fueron para este propósito, cuando el señor Luis Arce Catacora era Ministro de Economía de Evo Morales?”, se lanza el cuestionamiento.

Sujetas a la Constitución Política del Estado, las organizaciones que conforman la Contiocap exigen al Estado, información clara y precisa del gobierno, en cumplimiento de convenios internacionales y el Acuerdo de Escazú.

“Reiteramos a los organismos nacionales e internacionales, que por las vías correspondientes se manifiesten, para evitar mayores y serias violaciones de derechos de nuestras Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, la invasión y destrucción de los patrimonios colectivos como son las Áreas Protegidas, violaciones al derecho a defender derechos, y derechos colectivos de toda la sociedad civil boliviana”, sostiene el pronunciamiento.

Como último punto, se plantea que el pueblo boliviano, tomemos acciones de seguimiento, frente al endeudamiento que asume el Gobierno a título del país para subvencionar a empresas estatales que no generan utilidades ni son sostenibles, como es el caso del ingenio azucarero de San Buenaventura, o la planta procesadora de Bulo Bulo, y muchas otras.

El Presidente anunció que se destinará 402,7 millones de bolivianos para la producción de la palma aceitera y otros cultivos.

BD JMC