Agropecuarios del oriente advierten aumento de violencia y llaman a parar avasallamientos de tierras

Brújula Digital |03|08|22|

La Cámara Agropecuario del Oriente (CAO), advierte de un incremento de la violencia en la toma de tierras en los distintos departamentos del país y llama a frenar los avasallamientos.

“Seguimos viendo un incremento de la violencia en la toma de tierras en los distintos departamentos, exigimos a las autoridades competentes hacer cumplir las normas y mantener el orden público como corresponde”, señala un pronunciamiento del sector agropecuario.

Como sector agropecuario, la CAO expresó su rechazo a todo tipo de avasallamiento y se reiteró el pedido de respeto a la propiedad como principio básico de la convivencia pacífica entre bolivianos.

“Hacemos un llamado a los administradores de justicia para que pongan en práctica el imperio de la ley antes de que los hechos suscitados en el último tiempo tomen niveles incontrolables y desastrosos para nuestro país”, advierten los agropecuarios del oriente.

En ese marco, la CAO pide a las autoridades competentes, realizar de forma urgente la revisión de la función social y auditorías especiales a todas las dotaciones de tierra realizadas en los últimos años, tal como establece la normativa vigente.

“Todo lo anterior permitirá, de forma inmediata, diferenciar entre los que acceden a la tierra de forma legal, por necesidad y la trabajan, de aquellos que utilizan la práctica del avasallamiento para el tráfico tierras”, señala el pronunciamiento de la CAO.

El 23 de julio, los predios Las Pailitas, que se encuentran en la provincia Guarayos fueron tomados a la fuerza, expulsando a campesinos del lugar.

La subcentral Pailitas está conformada por cinco comunidades: El Chuchial, El Tigre, Las Golondrinas, 24 de Septiembre y Mil Estrellas, colindantes a Las Londras, área tomada por grupos irregulares armados el año pasado, con policías y periodistas secuestrados y torturados.

Entonces, se identificó a Paulino Camacho y Ever Sixto Canaza como cabecillas del grupo armado, que ejecutaron la toma ilegal de 18.000 hectáreas que después fueron declaradas tierras fiscales no disponibles por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). A pesar de ello fueron liberados por el juez, Roberto Cruz.

BD