La crisis también expuso otro problema que afecta directamente a la salud pública: la proliferación del mercado informal. En redes sociales y ferias callejeras se venden medicamentos sin registro sanitario ni control de calidad, lo que convierte a las farmacias habilitadas en el último bastión de seguridad sanitaria.
Brújula Digital|18|10|25|
Mirna Quezada Siles
En un escenario económico inestable, donde la escasez de divisas y el encarecimiento de importaciones afectan a casi todos los sectores, el rubro farmacéutico boliviano demuestra una sorprendente resistencia. Las farmacias –tanto las cadenas urbanas como los pequeños establecimientos de barrio– se mantienen firmes, confirmando que invertir en salud sigue siendo una apuesta casi segura en Bolivia.
De acuerdo con Bitácora Farmacéutica (2024), el país cuenta con 711.313 farmacias registradas, de las cuales un 84% son unipersonales. Este predominio de pequeños emprendimientos, muchos de ellos ubicados en barrios urbanos o comunidades rurales, garantiza el acceso a medicamentos incluso en zonas donde el sistema público de salud no llega. Pese a la crisis de 2023-2025, la demanda no disminuyó y la venta de fármacos continúa siendo uno de los sectores más estables del país.
Sin embargo, las grandes cadenas, que concentran buena parte del volumen de ventas, no escaparon a los impactos financieros. Según reportó Erbol el año pasado, Farmacias Bolivia, una de las cadenas históricas del país, alcanzó más de 70 sucursales, pero su expansión sin respaldo financiero derivó en retrasos de cinco meses en el pago de salarios, cierres en La Paz y El Alto y vitrinas vacías. Sus trabajadores denunciaron precariedad laboral y desabastecimiento, evidenciando los riesgos de crecer sin solvencia en un contexto de restricción económica.
En contraste, las pequeñas farmacias mostraron mayor capacidad de adaptación. A falta de dólares, recurrieron a proveedores locales, compraron en lotes reducidos y mantuvieron una relación directa con los clientes, de acuerdo a afirmaciones de varias propietarias de boticas que prefirieron mantener en reserva su nombre. Esa flexibilidad les permitió sostener sus operaciones, aunque los precios en zonas periféricas y rurales aumentaron en muchos casos debido a la baja fiscalización estatal.
La crisis también expuso otro problema que afecta directamente a la salud pública: la proliferación del mercado informal. En redes sociales y ferias callejeras se venden medicamentos sin registro sanitario ni control de calidad, lo que convierte a las farmacias habilitadas en el último bastión de seguridad sanitaria.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que los medicamentos esenciales deben estar disponibles siempre, en cantidad suficiente y a precios accesibles. Sin embargo, en Bolivia no existe un sistema público de monitoreo de disponibilidad ni sanciones claras para quienes incumplen las normas. Esta falta de transparencia alimenta la especulación y deteriora la confianza del consumidor, que muchas veces no sabe si un producto escasea por falta real o por sobreprecio.
Industria farmacéutica nacional
El desempeño de las farmacias está directamente vinculado con la industria farmacéutica nacional. Según la Cámara de la Industria Farmaceútica Boliviana (CIFABOL), en Bolivia operan 23 industrias farmacéuticas, de las cuales 17 están asociadas a esa entidad. Entre ellas destacan INTI, Bagó, Vita, Cofar, Alcos y Lafar, que producen cerca del 45% de los medicamentos que consume el sistema público y la seguridad social. Aun así, estas empresas tienen capacidad para cubrir hasta el 70% de los medicamentos esenciales, pero enfrentan limitaciones para acceder a divisas, altos costos de insumos importados y la falta de incentivos estatales.
El gobierno intentó revertir la dependencia externa mediante el proyecto Laboratorio Industria Farmacéutica Boliviana (Lifab), que prevé construir 13 plantas en Cochabamba en alianza con México, Rusia, China, India y Egipto. Sin embargo, los retrasos en su implementación impidieron que el plan compense el desabastecimiento y la crisis financiera del sector privado, apuntando a convertirse en uno más de los tantos “elefantes blancos” que creó el gobierno del MAS en los 20 años de gobierno.
Mientras tanto, más de 7.000 familias dependen directamente de la industria farmacéutica y otras 11.000 lo hacen de manera indirecta, entre farmacias, distribución y servicios asociados. Cada interrupción en la cadena impacta en el empleo y en la disponibilidad de medicamentos, afectando en última instancia a miles de pacientes que dependen de tratamientos continuos.
A pesar de esta coyuntura, abrir una farmacia en Bolivia sigue siendo un negocio altamente rentable. En La Paz, por ejemplo, el interés es creciente. De acuerdo con la Dra. Roxana Escóbar Tito, responsable departamental de farmacias del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz, se presentan alrededor de 40 solicitudes diarias para apertura, renovación o traslado de establecimientos. Esto, señala la funcionaria, demuestra que el interés por el negocio farmacéutico no disminuye, incluso en medio de la crisis.
Reglamento
El reglamento del SEDES exige que los locales tengan al menos 40 metros cuadrados útiles, con áreas adecuadas para almacenamiento higiénico y control de temperatura y humedad. También establece una distancia mínima de 40 metros entre farmacias, norma que suele incumplirse por la alta densidad comercial en zonas urbanas y por la ilegalidad en la que caen algunos establecimientos.
Los costos posteriores tampoco son menores. Según una encuesta realizada en la urbe paceña, las farmacias deben pagar una patente municipal anual de aproximadamente 1.300 bolivianos; un pago mensual a Impuestos Nacionales de unos 750 bolivianos y una reinscripción al SEDES de 1.000 bolivianos. Si se suman los gastos de alquiler, mobiliario y equipamiento técnico, el monto de inversión resulta considerable. Además, es obligatorio contratar un químico farmacéutico titulado y colegiado como responsable técnico, quien debe estar presente durante todo el horario de atención.
El proceso formal de apertura puede durar hasta tres meses, tiempo durante el cual el local debe estar completamente listo, pero no puede operar sin autorización. Sin embargo, quienes superan esa etapa coinciden en que la inversión vale la pena.
Un ejemplo ilustrativo es el de Farmacias Bolivia, que -antes de su crisis- registraba movimientos diarios de hasta 10.000 bolivianos por sucursal, según algunas ex trabajadoras de la cadena. Incluso farmacias pequeñas, con buena ubicación y clientela estable, logran cubrir gastos operativos y obtener márgenes de ganancia sostenidos. La rentabilidad se explica por la demanda constante de medicamentos, incluso cuando la economía general se contrae. La salud no se detiene; los pacientes necesitan tratamientos continuos y esa necesidad convierte a la farmacia en un buen negocio.
El cumplimiento de los requisitos técnicos y legales exige paciencia. El SEDES La Paz requiere documentación detallada como carta de solicitud, planos legalizados, carnet profesional del regente, declaración jurada y comprobantes de pago. El incumplimiento de un solo punto puede retrasar o anular la autorización. Sin embargo, la formalidad ofrece ventajas: respaldo legal, acceso a proveedores certificados y la posibilidad de participar en convenios institucionales.
A nivel operativo, la supervisión del SEDES incluye verificar la presencia del profesional farmacéutico y del personal auxiliar. El problema, admite, Escóbar Tito es la falta de recursos humanos porque solo cuatro inspectores deben fiscalizar unas 1.600 farmacias en La Paz. En El Alto, donde la informalidad es mayor, se realizan inspecciones nocturnas con apoyo de la FELCC, AGEMED, Defensa del Consumidor e Impuestos Nacionales, para detectar farmacias ilegales que operan fuera de horario y venden medicamentos de contrabando.
El sector también está marcado por la competencia entre cadenas. En la actualidad, Farmacorp que lidera el mercado con 118 sucursales en todo el país, incorporó entregas a domicilio, pagos de servicios y programas de fidelización. Farmacias Chávez, por su parte mantiene una fuerte presencia en el eje troncal y apuesta por precios accesibles y atención extendida.
El caso de Farmacias Bolivia, sin embargo, refleja los peligros de un crecimiento acelerado sin respaldo financiero. Como reportó la agencia de noticias Erbol, la empresa enfrentó cierres de sucursales y deudas laborales, afectada por la escasez de dólares y la imposibilidad de importar medicamentos a precios competitivos. En algunos casos, el encarecimiento de los productos alcanzó el 80%.
El SEDES La Paz reconoce la existencia de 19 distribuidoras de medicamentos formales, pero también la proliferación de distribuidoras ilegales. Estas últimas introducen productos sin trazabilidad, dificultando el control de calidad. “Esta competencia desleal pone en riesgo la salud pública y afecta directamente a los empresarios que cumplen la ley”, advirtió Escobar Tito. Las acciones conjuntas con entidades como la AGEMED y la Policía permiten decomisar medicamentos falsificados y clausurar establecimientos clandestinos, aunque la magnitud del problema requiere políticas nacionales más firmes.
El panorama del sector farmacéutico boliviano es paradójico. Mientras la industria nacional lucha por producir más y mejor, las farmacias -a pesar de regulaciones exigentes y competencia informal- se multiplican. El interés empresarial tampoco es casual porque la venta de medicamentos mantiene márgenes de ganancia estables, el consumo es constante y el producto nunca pierde valor de necesidad. Incluso en periodos de recesión, la farmacia garantiza flujo diario de efectivo.
En una economía incierta, la demanda de medicamentos no se detiene. La farmacia, en ese sentido vende productos, sostiene empleos, garantiza salud y ofrece estabilidad económica. En Bolivia, invertir en una farmacia es un buen negocio que puede apostar por el bienestar colectivo en un marco de legalidad y transparencia.
De cara al balotaje del 19 de octubre, el próximo gobierno que resulte electo enfrentará un reto crucial que es definir una política farmacéutica que priorice al usuario por encima del interés comercial. La tarea no será únicamente generar riqueza en el sector, sino asegurar que esa rentabilidad se traduzca en acceso justo, precios controlados y medicamentos de calidad para toda la población. El nuevo liderazgo político deberá equilibrar incentivos al emprendimiento con una visión social que garantice que las farmacias sigan siendo espacios de confianza, salud y servicio público, no solamente puntos de venta. En un país donde los medicamentos son un bien esencial, la meta debe ser que el principal beneficiado sea el paciente y no exclusivamente el mercado.
Mirna Quezada es comunicadora social y periodista.
