Contiocap llama a organismos de DDHH y medioambiente a pronunciarse sobre anuncio del “diésel ecológico”

Brújula Digital |27|07|22|

Ante el anuncio del presidente Luis Arce, sobre la producción de diésel a partir de la palma africana aceitera, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), hace un llamado urgente a los organismos de Derechos Humanos y de defensa del Medioambiente.

La Contiocap considera que el anuncio presidencial, pone en evidencia la continuidad de un plan gubernamental de invasión y avasallamiento total de los territorios indígenas y áreas protegidas en Bolivia y hace un llamado urgente a los organismos públicos de Derechos Humanos: Defensoría del Pueblo, regionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y universales de Organización de Naciones Unidas (ONU).

El llamado pide tomar conocimiento del serio riesgo que corren las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, así como los defensores y defensoras de derechos, por la imposición de un modelo económico netamente extractivista.

En sus consideraciones, la Coordinadora señala que la exploración y explotación hidrocarburífera en áreas protegidas ya ha ingresado en la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía, a pesar de la tenaz y valiente resistencia de las comunidades de Tariquía y Chiquiacá.

La empresa estatal ha introducido maquinaria para la construcción del camino y planchada en la zona sur de la reserva, donde desde el mes de octubre se tiene programado el inicio de la perforación del pozo Astillero X1.

También se advierte que YPFB Chaco ha ingresado a la reserva por la comunidad más vulnerable como es la pequeña comunidad El Cajón, que ha sufrido un bloqueo y agresiones por externos a la comunidad desde el 26 de marzo del presente año, para imponerles el ingreso de las maquinarias de esta empresa petrolera.

“El Estado boliviano ha viabilizado el ingreso de las petroleras a las áreas protegidas, replanteando el marco normativo sectorial y propiciando políticas de flexibilización ambiental, incluyendo el cambio de los Planes de Manejo, como sucede en Tariquía, para generar las condiciones que requieren las empresas y no así para garantizar la protección de las reservas naturales ni de las comunidades que habitan dentro de ellas”, señala el pronunciamiento público.

En cuanto a la minería aluvial de oro, legal o ilegal, con el uso del mercurio que está envenenando ríos y riachuelos, peces y poblaciones indígenas y no indígenas, y se está destruyendo el corazón mismo del Parque Nacional Madidi, las nacientes del río Tuichi y el área de protección estricta, la Contiocap señala que los avasalladores mineros que ya forman grupos armados están asentados, y amenazan a guardaparques con “meterles plomo”.

Del mismo modo, advierte que los avasalladores, abiertamente amenazan, hostigan y difaman a defensores y defensoras de derechos indígenas y de las áreas protegidas.

“El empresariado del agronegocio impone productos transgénicos en el país con protección y complicidad gubernamental, atentando contra la salud de todo el pueblo boliviano, contaminando el medio ambiente, los suelos, el aire y el agua que todos consumimos, además de apropiarse de las semillas nativas que es un patrimonio natural y cultural de nuestras naciones y pueblos indígenas”, sostiene la Coordinadora.

A todo lo anterior, la organización de defensa de los territorios y del medioambiente advierte la gravedad de la situación con el decreto supremo 4764 sobre la producción de diésel con hidrotratamiento de aceites vegetales, en cuya presentación el Presidente Arce ha afirmado: “Esa palma (africana) genera un aceite que sirve como materia prima para la producción de un diésel ecológico”.

Desde la Contiocap se lamenta que no se considere los irreversibles impactos para la biodiversidad y el medio ambiente que tiene el monocultivo de la “palma aceitera”, o también denominada en otros países como el “desierto verde”, o “palma de la muerte” por sus efectos devastadores.

“¿Qué tiene de ecológico las plantaciones de monocultivos, que implica la deforestación de miles y miles de hectáreas de bosques nativos?, ¿Dónde se va a introducir este monocultivo? ¿En nuestros territorios y en nuestras Áreas Protegidas? Si es el caso, ¿A quiénes consultaron? o acaso los más de 6 millones de bosque chiquitano que fue perversamente incendiado en 2019 fueron para este propósito, cuando el señor Luis Arce Catacora era Ministro de Economía de Evo Morales?”, se lanza el cuestionamiento.

Sujetas a la Constitución Política del Estado, las organizaciones que conforman la Contiocap exigen al Estado, información clara y precisa del gobierno, en cumplimiento de convenios internacionales y el Acuerdo de Escazú.

“Reiteramos a los organismos nacionales e internacionales, que por las vías correspondientes se manifiesten, para evitar mayores y serias violaciones de derechos de nuestras Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, la invasión y destrucción de los patrimonios colectivos como son las Áreas Protegidas, violaciones al derecho a defender derechos, y derechos colectivos de toda la sociedad civil boliviana”, sostiene el pronunciamiento.

Como último punto, se plantea que el pueblo boliviano, tomemos acciones de seguimiento, frente al endeudamiento que asume el Gobierno a título del país para subvencionar a empresas estatales que no generan utilidades ni son sostenibles, como es el caso del ingenio azucarero de San Buenaventura, o la planta procesadora de Bulo Bulo, y muchas otras.

El Presidente anunció que se destinará 402,7 millones de bolivianos para la producción de la palma aceitera y otros cultivos.

BD