¿Cómo amasar millones desde el gobierno sin caer preso en el intento? Aquí va la receta

Brújula Digital |27|07|22|

Amalia Pando / Cabildeo Digital

La Empresa Metalúrgica Carlos Caballero S. A. ganó el pasado 30 de junio la licitación para la construcción de una Planta de Tratamiento de agua en el salar de Uyuni. Había hecho la propuesta más cara y en el puntaje salió en tercer lugar de las cinco empresas en competencia. A pesar de ello, ganó. 

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, cabeza del sector, a través del personal enviado a supervisar la adjudicación, habría exigido a la empresa Carlos Caballero S. A. una comisión del 5 % a cambio de la adjudicación del contrato, es decir unos 2,5 millones de dólares, según los trabajadores de Yacimientos de Litio Bolivianos, YLB, en una denuncia dirigida al ministro de Justicia.

La denuncia fue entregada el pasado 11 de julio, no lleva firma ni sello, pero da cuenta del rosario de irregularidades que se cometieron en el proceso de adjudicación y la única explicación posible para entregar a Carlos Caballero S. A. un contrato de casi 50 millones de dólares es la citada comisión o coima. 

Echaron a la responsable de la contratación 

La responsable de la contratación, autoridad máxima en un proceso de licitación, Celia Méndez Chara, fue apartada abruptamente del proceso horas antes de conocerse la resolución de adjudicación que obviamente no fue redactada por ella. 

La sacaron de por medio con el pretexto de que su contrato laboral había caducado y no le dieron tiempo para demostrar que dicho contrato había sido renovado hasta diciembre de este año. 

Celia Méndez había hecho notar varias irregularidades anotadas posteriormente en una carta dirigida a las autoridades de YLB. Citamos:

-  Presiones para la adjudicación inmediata. No se pudo pedir informe complementario. 

-   Mala evaluación y asignación de puntaje erróneo. 

-  No se consideró la documentación de la empresa JIANGSU. 

-  No se le permitió tener acceso irrestricto a toda la documentación como establece el D. S 0181.

-  Todas las irregularidades fueron informadas vía celular al presidente de YLB, Carlos Ramos Mamani, tras lo cual fue retirada de la empresa y de sus funciones como Responsable de Contratación, RPC. 

-  Deslinda toda responsabilidad en este proceso de contratación. 

Los emisarios del Ministro

En su denuncia, los trabajadores de YLB señalan el origen de todas las irregularidades de este proceso: la abierta injerencia del Ministro de Hidrocarburos que, de por sí debería ser motivo de anulación de esta adjudicación y de una destitución y proceso penal contra Franklin Molina. 

Dicen que el ministro Molina envió a personal de su confianza para supervisar el proceso de adjudicación y conducirlo hacia el un seguro ganador: E.M. Carlos Caballero S.A.

Dan la nómina de estos emisarios procedentes del Ministerio de Hidrocarburos. 

Carlos Ramos, ingeniero eléctrico; Salvador Beltrán, director de INUES y Desarrollo; Mauricio Arévalo, Jefe de transparencia; Carla Calderón e Igor Durán, jefe de Planificación. Todos ellos, además fueron los encargados de redactar las especificaciones técnicas de esta licitación, según la citada denuncia.

Los millones

YLB puso como precio referencial para esta Planta de tratamiento de Agua, es decir el monto máximo que estaba dispuesto a pagar, en 346. 6 millones de bolivianos que en dólares es igual a 49,8 millones de dólares.

Este monto referencial es más alto en Bs. 20 millones o 2,8 millones de dólares, al precio referencial de la anterior convocatoria para la misma Planta. 

Las cinco empresas proponentes ofertaron montos inferiores al de referencia. 

La oferta más barata y con mayor puntaje fue de Sinohydro, con Bs. 314,9 millones. En dólares equivale a 45.2 millones. Y sacó 20 puntos en su calificación. 

En el otro extremo, la propuesta más cara fue de la E. M Carlos Caballero S. A que ganó proponiendo cobrar Bs. 344,3 millones que en dólares son 49.4 millones, y sacó el tercer lugar en puntaje con 19.25.

YLB declaró ganador a la propuesta más cara por lo que el Estado boliviano perderá $us 4,2 millones. 

En estas contrataciones, cuando el Estado pierde siempre hay alguna autoridad de gana. 

BD