Gobierno entra en contradicciones sobre las causas de la postergación del censo

Brújula Digital |25|07|2022|

El censo de población y vivienda en Bolivia estaba programado para el 16 de noviembre de este año.

Una reunión del llamado Consejo Nacional de Autonomías (CNA) determinó la postergación del evento estadístico hasta los meses de mayo y junio de 2024.

Las razones: "Factores como la covid-19, la socialización de la boleta censal, la incorporación de idiomas originarios, la necesidad de contar con una cartografía estadística en coordinación con los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesinos, las condiciones climáticas que generan inaccesibilidad caminera y la migración interna por temporada de zafra, afectarían el proceso censal", según se lee en el Decreto Supremo 4760 que oficializa la postergación del censo 2022.

Sin embargo, en los últimos días, autoridades de Gobierno expresaron otros criterios sobre las causas del aplazamiento que ahora genera un paro cívico en la ciudad de Santa Cruz.

La organización de los censos en Bolivia es una atribución exclusiva del Gobierno central que mediante el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe realizar la cartografía, la boleta censal, el trabajo previo y la sistematización de los resultados del censo de población y vivienda.

A cuatro meses del censo, según precisó el presidente Luis Arce el fin de semana, el INE tenía un avance del 68% en la elaboración de la cartografía.

También indicó que esta operación ya se realizó en los departamentos de Beni, Pando y se estaba desarrollando en Santa Cruz, pero ahora se deberá coordinar con los gobiernos municipales como determinó el CNA.

Después argumentó que es necesario contar con boletas censales en idioma originario para los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos que así lo solicitaron.

En junio, el ministro de Planificación del Desarrollo informó que la boleta censal tenía un 98% de avance y que en unos días más concluirá ese trabajo y se realizarán pruebas pilotos.

En esa oportunidad, el ministro Sergio Cusicanqui también dijo que los problemas limítrofes no afectarían en la realización del censo porque este proceso no definirá límites de ninguna unidad territorial.

"El INE no tiene alcances para solucionar el tema de límites, lo que hace es establecer y calcular la población que vive en determinado territorio, ya serán otras instancias que definan dónde va a quedar los límites" explicó entonces.

Desde instituciones y gobiernos departamentales como el de Santa Cruz alertaron que el Gobierno central estaba demorado en la organización del evento estadístico porque a cuatro meses del mismo no había concertado reuniones con los gobiernos subnacionales.

Sin embargo, el Gobierno defendió que estaba "socializando" el censo con organizaciones sociales y municipios, y en más de una ocasión garantizó la realización del censo en noviembre de este año.

Además se gestionó un crédito de $us 66,4 millones de Fonplata y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del censo y por los que ahora el Estado deberá pagar intereses.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, admitió hoy que desconoce el avance de la preparación del censo aunque ratificó que el diferimiento tiene respaldo técnico.

Adelantó que esta semana se hará conocer el nuevo cronograma de actividades del Censo 2024.

"El INE y el Ministerio de Planificación van a dar a conocer el cronograma esta semana, y la reunión que tengan con los rectores, para aclarar, se ha acordado que habrá reuniones con mayor periodicidad con el Consejo Nacional de Autonomías para ver el seguimiento, en este caso no podría dar el dato preciso (de cuál es el avance del Censo), solamente estas reuniones donde nos aclararán cuál es el avance" dijo en declaraciones a la red Unitel.

Expertos en la temática consideran que el Gobierno, mediante el INE, incumplió sus funciones en la organización del censo en todos sus procesos y recurrió al Consejo Nacional de Autonomías para justificar la postergación del censo y soslayar sus responsabilidades.

El director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, lamentó la falta de información y la poca transparencia del INE.

"La gran pregunta es por qué hasta 2024 cuando si supiéramos los datos del INE podríamos planificar adecuadamente la realización hasta no más del segundo semestre de 2023 para que así podamos tener más bien en 2024 los datos finales del censo y planificar adecuadamente" cuestionó.

La pregunta que restaría por contestar, según Núñez, es "cuánto se avanzó o no se avanzó nada".

BD/JCV