La Gestora no funciona, pero tiene 248 funcionarios

Brújula Digital |20|07|22|

La Gestora Pública todavía no opera, pese a que fue establecida por la Constitución Política del Estado de 2009 y por un decreto supremo de 2010, pero tiene 248 funcionarios, que ganan dos millones de bolivianos al mes.

La Gestora está en el centro de la polémica debido al fallo de la CIADI que estableció que Bolivia debe pagar 105 millones de dólares como indemnización al banco español BBVA, entre otras cosas por la lentitud en la que se ha ejecutado la nacionalización del sistema de pensiones y la creación de la Gestora.

El diario El Deber publicó este miércoles que acuerdo a la escala salarial del Ministerio de Economía, emitida en la Resolución Ministerial de 2019, los sueldos de la Gestora llegan a 35.000 bolivianos mensuales y tiene 248 ítems. La planilla mensual total es de un poco más de dos millones de bolivianos, es decir 24,1 millones anuales.

La creación de la Gestora ha tenido incontables retrasos. Tras la aprobación del decreto de 2010 que estableció su creación, el régimen del MAS, durante las gestiones del entonces ministro Luis Arce y viceministro Mario Guillén, aprobó otros tres decretos que daban plazos adicionales a la puesta en marcha de la entidad.

Se espera que la Gestora empiece a funcionar en septiembre próximo, pero el software de migración de los datos, que ha sido una de las razones más permanentes de la demora de operaciones, todavía no ha sido concluido.

El software ha generado, además, dudas respecto a sobreprecios: primero el Estado adquirió un servidor y licencias de Oracle en 14,4 millones de bolivianos, un procesador de datos adicional de 2,7 millones de bolivianos y un software especializado de la empresa panameña SYSDE que nunca se entregó y que tuvo un costo de 35 millones de bolivianos. Todos esos servicios nunca operaron.

El gerente de la Gestora, Jaime Durán, informó en las últimas horas que la empresa HBT (Heinsohn Business Technology) tiene un porcentaje de avance del 82% en la aplicación del software. El gobierno de transición de la expresidenta Jeanine Añez denunció que ese contrato tenía sobreprecios e irregularidades.

La empresa obtuvo del Estado un patrimonio de 80 millones de bolivianos y en 2017 la entidad recibió 120 millones de bolivianos adicionales.

Más tarde la prensa registró la existencia de consultorías a ciertos profesionales afines al gobierno con pagos de más de 100.000 bolivianos mensuales

Un 97% de todos los contratos que suscribió (más de un centenar) cuando estaba bajo supervisión del entonces ministro Arce fueron concretados por contratación directa.

BD/RPU