Retraso en la creación de la Gestora, que ocasionó el laudo contra Bolivia, se produjo durante la gestión de Arce como ministro

Raúl Peñaranda / Análisis

Brújula Digital |18|07|22|

El último laudo arbitral perdido por Bolivia por haber realizado una nacionalización defectuosa se relaciona al tema de las pensiones: el gobierno decidió crear la Gestora Pública, que reemplazará el trabajo de las AFP en la administración de los fondos de jubilación, y hasta ahora no la pone en marcha.

La decisión de nacionalizar las pensiones, y la posterior demora en la conclusión del plan, ha afectado los intereses del banco español BBVA, que es propietario de la AFP Previsión. Esa demora se produjo durante la gestión del entonces ministro de Economía y actual Presidente, Luis Arce, que no logró llevar adelante el proyecto.

Ante esas tardanzas, BBVA acudió al sistema de arbitrajes de la CIADI, que ordenó a Bolivia en las últimas horas el pago de 105 millones de dólares al banco español. Es uno de los 12 fallos en los que Bolivia ha perdido contra empresas debido a nacionalizaciones mal efectuadas, implicando una erogación total de más de 700 millones de dólares.

Durante la defensa gubernamental, el procurador Wilfredo Chávez no logró convencer a la CIADI de ninguno de los argumentos del Estado boliviano, lo que avivó los pedidos de que sea removido de su cargo.

Arce mencionó por primera vez la idea de la creación de la Gestora en 2010 y, 12 años después, sigue siendo un proyecto inacabado. Durante la larga gestión como ministro de Economía de Evo Morales, Arce encabezó el proyecto de nacionalizar los recursos de las AFP, que pertenecen a los bolivianos, pero nunca logró concretarlo. Arce se desempeñó como ministro de Morales en 12 de los 14 años de esa presidencia.

El proyecto sufrió inacabables retrasos y nunca pudo superar los obstáculos a que se presentaban. Ahora supuestamente el proyecto estará listo para su aplicación en 2023.

Malgasto de recursos

Las demoras de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo se han producido pese al presupuesto asignado de 200 millones de bolivianos.

Tras años de idas y vueltas, la empresa nació en 2015 con un patrimonio de 80 millones de bolivianos y en 2017 la entidad recibió 120 millones de bolivianos adicionales.

Más tarde la prensa registró la existencia de consultorías a ciertos profesionales afines al gobierno con pagos de más de 100.000 bolivianos mensuales

Un 97% de todos los contratos que suscribió (más de un centenar) cuando estaba bajo supervisión del entonces ministro Arce fueron concretados por contratación directa.

Entre ellos estuvieron dos que produjeron escándalos de grandes proporciones y que se generaron por sistemas informáticos que no funcionaron: primero se adquirieron un servidor y licencias de Oracle en 14,4 millones de bolivianos, un procesador de datos adicional de 2,7 millones de bolivianos y un software especializado de la empresa panameña SYSDE que nunca se entregó y que tuvo un costo de 35 millones de bolivianos.

El gobierno de transición de la expresidenta Jeanine Añez denunció que debido a que la empresa SYSDE no completó los sistemas informáticos que había prometido, la Gestora, durante la gestión del Ministerio de Economía de la gestión de Evo Morales, pagó 250.000 dólares a un bufete de abogados de Panamá, que tampoco logró un resarcimiento para el Estado.

Esa sumatoria de demoras terminó hace unos días con la peor noticia posible: la orden de que Bolivia debe pagar 105 millones de dólares a BBVA.

BD/RPU