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Economía | 16/07/2022   18:55

Bolivia perdió arbitraje internacional y deberá pagar $us 105 millones a la AFP Previsión

El centro de arbitrajes CIADI resolvió a favor del BBVA, que es dueña de la AFP Previsión después de que, tras presentar varias propuestas, no fuera posible un acercamiento con el Gobierno boliviano respecto a la valoración del negocio tras decidirse la nacionalización.

Brújula Digital |16|07|22|

Bolivia perdió un arbitraje internacional y deberá pagar 105 millones de dólares a la empresa española BBVA por los perjuicios ocasionados por el “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización de las pensiones en Bolivia.

La CIADI, que pertenece al Banco Mundial, resolvió a favor del banco español, que inició el arbitraje en 2018 después de que, tras presentar varias propuestas, no fuera posible un acercamiento con el Gobierno boliviano respecto a la valoración del negocio tras decidirse la nacionalización.

En febrero de 1997, BBVA constituyó en Bolivia la AFP Previsión, y controla el 80% del capital social de la misma. En 2009, el país decidió nacionalizar los servicios de pensiones, tras lo cual el Ejecutivo y la entidad mantuvieron una serie de contactos para iniciar un proceso de negociación, recuerda EFE.

El gobierno de Bolivia anunció en 2013 la nacionalización de las pensiones que actualmente entregan las AFP Previsión y Futuro, pero aún hoy, casi una década después, el proyecto no ha sido concluido. En 2015 se oficializó la creación de la Gestora Pública, que tampoco ha empezado operaciones.

Las autoridades enfrentaron una serie de problemas y mostraron una enorme ineficiencia en su plan.

Cuando en 2018 se conoció que la entidad española había solicitado el arbitraje del CIADI a través del denominado “mecanismo complementario”, el entonces ministro de Economía boliviano, Mario Guillén, insistió en que la legislación del país impedía que operadores privados operaran en el sector de pensiones, por lo que debían ser transferidos al sector público.

En octubre de 2019, las partes retomaran las conversaciones, suspendiendo el arbitraje ya iniciado por BBVA por un término de 60 días, en los que no concretaron una salida amistosa al litigio. Tres años después, el Estado boliviano deberá pagar 105 millones de dólares por sus erradas actuaciones.

BD/RPU



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