Informe sombra: China no cumple ninguna de las recomendaciones del Examen Periódico Universal del 2018 ante NNUU

Brújula Digital |23|03|22|

El Estado chino ha realizado esfuerzos insuficientes para cumplir con los compromisos asumidos en el Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para garantizar los Derechos Humanos más allá de su territorio nacional, y principalmente en América Latina, concluyó el informe sombra de la sociedad civil.

Durante el informe de mitad de periodo del Examen Periódico Universal (EPU) de la República Popular de China, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas (CICDHA) durante un evento paralelo al 49 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas elevó su informe sombra de parte de la sociedad civil de varios países de América Latina.

“Y aunque las directrices y regulaciones emitidas por el Estado chino que constituyen un paso positivo para alinear su marco normativo con los estándares internacionales, esta evidencia de recurrencia de patrones de vulneración permite concluir que China no cumple con ninguna de las recomendaciones que aceptó de manera voluntaria en el marco del EPU de 2018”, afirmó Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador y miembro del CICDHA.

Durante la exposición del informe denominado: “Principales patrones de vulneración de derechos humanos por actividades chinas en Latinoamérica” Idrovo explicó que el informe es parte de los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil para hacer seguimiento a los compromisos asumidos por China en el EPU, con el fin de realizar un control y fiscalización a las empresas chinas y financiadores en América Latina.

Colaborativamente se evaluaron y presentaron de manera documentada, la vulneración a los DDHH de 26 proyectos con participación china ejecutados en Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador y Chile.

“La conclusión general de este informe es que el Estado chino ha realizado esfuerzos insuficientes para cumplir con los compromisos asumidos para garantizar los derechos humanos más allá del territorio nacional, sostuvo durante el evento que se transmitió desde Ginebra a través de las redes sociales.

Detalló que 23 consorcios y al menos, seis bancos de China participan en 12 proyectos en el sector de minería, seis hidroeléctricas, tres en hidrocarburos y cinco en otros sectores.

“Todas estas compañías tienen mayor incidencia en las afectaciones a derechos relacionados con el ambiente y pueblos indígenas, y los financistas con mayor participación son el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco de Importaciones y Exportaciones de China en siete proyectos, el Banco de Desarrollo de China en siete proyectos y el banco de China en cinco proyectos”, dijo.

Señaló que estos bancos suelen actuar de manera conjunta en estos mismos proyectos, principalmente, en minería donde más vulneraciones se presentan en derechos relacionados con el medioambiente y pueblos indígenas.

“El análisis de los 26 casos en los que se fundamenta el informe nos lleva a identificar si las recomendaciones fueron implementadas por el Estado chino o implementadas de modo parcial, y la conclusión general de este informe es que el Estado chino ha realizado esfuerzos insuficientes para cumplir con los compromisos asumidos para garantizar los derechos humanos más allá del territorio nacional”, sostuvo.

En ese marco indicó que el informe demuestra que el patrón de vulneración de derechos descrito el 2018 continúa siendo sistemático.

Se identificaron la vulneración de derechos a vivir en un medioambiente sano en 24 de los 26 proyectos. Todos los proyectos extractivos y de infraestructura afectan ecosistemas frágiles, causando un impacto intergeneracional por transformar el territorio y las relaciones sociales, económicas, simbólicas que desarrollan comunidades.

Al afectar el medioambiente también se afectó a derechos conexos como el agua, la tierra, la alimentación y la salud. En 15 de 26 proyectos se identificaron afectaciones al agua, contaminación, el uso de químicos en extremo peligrosos, contaminación en aguas subterráneas, inundaciones y en el acceso al agua.

“Se constataron irregularidades en los estudios de impacto ambiental como inexistencia, inconsistencia o falta de información, cambios en los proyectos de impactos ambientales, aprobación desde los casos documentados, modificaciones y medidas después de aprobados que no se han hecho públicos e incluso la inexistencia de estudios de impactos ambientales”, denunció.

Del mismo modo se identificaron afectaciones en el territorio y el entorno natural provocados por los macro proyectos lo que ha creado nuevos riesgos como el derrame de petróleo, colapso de depósitos de materiales.

“También se identificaron violaciones al derecho a participar y consulta previa, libre e informada en 12 de los 26 proyectos (…). La mayoría de abusos empresariales que atentan contra los derechos humanos están arraigados en la ausencia de los procesos de consulta previa, libre e informada conforme a estándares internacionales”, manifestó.

Se constató la inexistencia de la consulta previa o deficiencias significativas en su desarrollo por la entrega de información poco clara, incompleta, modificada, procesos informativos que se desarrollan de manera distinta al de las comunidades y procesos de fragmentación de las comunidades, así como la falta de garantía e incumplimiento de la voluntad expresada en las consultas realizadas.

“Se identificaron violaciones al derecho a la tierra y territorio, a una vivienda adecuada en la mitad de los casos presentados. Estos proyectos afectan de manera desproporcionada a los derechos de pueblos indígenas en relación con el uso de sus tierras ancestrales, recursos naturales y modos de vida tradicionales y a su identidad cultural y espiritual”, explicó.

En ocho de sus proyectos además se presentaron desplazamientos forzados que vinculan prácticas con personas sin tierras, indemnizaciones inadecuadas, uso desproporcionado de la fuerza pública y violencia contra la población civil, restricciones a la libertad de circulación e incluso emergencia de grupos de choque irregulares.

También se identificaron violaciones al derecho a la vida, integridad, libertad, seguridad personal y reuniones pacíficas en al menos diez casos. Estas violaciones a derechos afectaron a grupos contrarios al desarrollo de macro-proyectos a través del uso de procesos penales en contra de líderes y lideresas, de hostigamiento, secuestro, tortura, asesinatos, uso excesivo de la fuerza pública.

“Así como también afecta a comunidades y a trabajadores de las propias empresas que han sido víctimas de accidentes laborales fatales (…). La alta conflictividad social ha llevado incluso a escenarios de violencia con pérdida de vidas humanas”, dijo.

Se identificaron también violación de derechos laborales individuales y colectivos en al menos nueve de los casos. “Las empresas chinas que operan en América Latina vulneran los derechos laborales y sindicales reconocidos a escala internacional, siendo que la debilidad institucional en cada país ha contribuido a profundizar las afectaciones de los derechos laborales”, aseguró.

Entre las prácticas más recurrentes está la prohibición a la asociación sindical, a la criminalización de sindicalistas. “Se ha aplicado prácticas de persecución, despidos ilegales, pagos rechazados, censura, condiciones de trabajo precarios, discriminación hacia los locales”, sostuvo.

Todos estos patrones de vulneraciones han permitido concluir a la alianza de organizaciones de la sociedad civil que “el Estado chino incumple con su obligación extraterritorial de proteger los derechos humanos mediante la adopción de medidas que impidan que las empresas bajo su jurisdicción cometan abusos de derechos humanos. No cuenta con un marco normativo que obligue a las empresas a que adopten políticas y procesos de medidas a favor de los DDHH”, aseveró.

China aceptó de manera voluntaria durante el EPU 2018: “promover medidas para garantizar que el desarrollo y los proyectos tanto dentro como fuera de su territorio sean consistentes con los derechos humanos, el medioambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales, en línea con la legislación nacional e internacional y los comentarios de la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030.

Asimismo, el país asiático se comprometió a “considerar la creación de un marco legal que garantice que las actividades llevadas a cabo por las industrias no afecten de manera negativa a los derechos humanos fuera de sus fronteras”.

Bolivia los casos de las hidroeléctricas Rositas e Ivirizu, además del proyecto siderúrgico del Mutún al informe sombra sobre las vulneraciones de derechos transfronterizos que cometen empresas estatales y privadas chinas.

BD JCM