The Strongest sigue encendido en llamas por disputas entre los miembros de su Comité Ejecutivo. Un tribunal de la Federación Boliviana de Fútbol ventila ambos casos.
Brújula Digital, Premium|8|10|25|
Semanas después de haber sido denunciado por su directorio, el presidente de The Strongest, Daniel Terrazas, contratacó y presentó igualmente una demanda ante el Tribunal de Ética de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) solicitando que los vicepresidentes y directores Paola Mendoza, Ricardo Beltrán, Fernando Flores e Iván Quevedo sean procesados.
El Tribunal de Ética admitió esta nueva denuncia, como lo hizo con la de Terrazas, e inició “el periodo de instrucción correspondiente a fin de determinar la existencia o no de infracciones al Código de Ética” de la FBF.
Terrazas acusa a los miembros de su Comité Ejecutivo de “difamación, falsificación de documentos, denuncia falsa” y también alega los artículos de “protección de la integridad, deberes generales y deberes de confidencialidad”.
En septiembre, Mendoza, Beltrán, Flores y Quevedo denunciaron a Terrazas por “incumplimiento de deberes generales, incumplimiento al deber de lealtad, incumplimiento al deber de cooperación, discriminación, protección de la integridad mental y física, abuso del cargo, cohecho y corrupción, apropiación indebida, además de difamación, calumnias e injurias”.
Al admitir la denuncia en contra del presidente atigrado, el Tribunal de Ética solicitó a The Strongest “el detalle de los registros contables” de la gestión de Terrazas, además, que la FBF entregue un “informe contable de todos los desembolsos y/o depósitos” en favor del club.
Los miembros del directorio stronguista pidieron que “por la gravedad y precautelando la seguridad financiera e institucional del patrimonio del club” se determine “como medida provisional” que Terrazas “sea separado del cargo inicialmente por 60 días”, lo que está en análisis del Tribunal de Ética.
El pasado 1 de octubre, esa instancia de la FBF emitió la resolución admitiendo la denuncia de Terrazas en contra del directorio atigrado y decidió que se haga la notificación “a los denunciados, a fin de que respondan a la misma en el plazo máximo de diez días”.
BD/
