|OPINIÓN|El instituto Eduardo Laredo|Franklin Anaya|

Brújula Digital|03|04|24|

Franklin Anaya

Asumí la dirección del Instituto Eduardo Laredo el año 2006 como resultado del debido proceso de concurso liderado por su directorio interinstitucional. En la dirección del Instituto de Educación Integral y Formación Artística “Eduardo Laredo”, como es su nombre oficial, me ha tocado lidiar con siete ministros de Educación y cerca de 20 viceministros. Ninguno de ellos ha visitado el instituto ni estuvo presente la autoridad de turno en el acto de proclamación de la Ley 123, que declaró a este centro educativo como “Patrimonio Cultural e Inmaterial de Bolivia”. En otros tiempos, Enrique Ipiña Melgar, ministro de Educación en los años 1985-89, visitó y condecoró al instituto. También la exministra Amalia Anaya lo visitó en varias oportunidades, como lo hicieron también dos expresidentes.

Durante estos años, la primera preocupación de la dirección del instituto ha sido asegura la existencia legal de nuestra institución en el contexto de una reforma educativa que no contempla ni tiene espacio para un modelo educacional como el nuestro, ligado a las artes, a la creatividad y a la cultura. Por eso promoví la ley nacional 123; una ley departamental (Ley 839, de 2018) de patrimonio cultural y educativo, así como el reconocimiento internacional del Parlamento Andino, de agosto de 2021. Ningún proyecto educacional en Bolivia y en la región latinoamericana –y quizá en el mundo– ha alcanzado estos niveles de reconocimiento. Hemos conseguido llevar al Laredo a la cima y solo le falta el reconocimiento de la UNESCO.

Parte de la problemática que representa el Instituto Laredo para las autoridades de nuestro país es que se constituye en sí mismo en una reforma educativa, dado que es un sistema educacional que no es compatible ni administrativamente ni académicamente con la implementación de la reforma educativa de la ley 070. En cuanto a contenidos sí existe compatibilidad en muchos de sus enunciados, por lo que el modelo del Laredo podría enriquecer en gran medida la reforma Avelino Siñani-Elizardo Pérez con una visión positiva.

Pero el Ministerio de Educación no lo entiende y más bien persigue –así lo ha demostrado– una negación de la propia reforma educativa. Eso explica por qué ha sido tan mal aplicada que tiende a homogeneizar la educación, a pesar de que los actores de este complejo proceso son siempre individuos con cualidades diversas que deben ser atendidas en su desarrollo, como dicta la propia Constitución Política del Estado (por ejemplo en los artículos que hacen referencia indiscutiblemente al sistema que propone nuestro instituto).

Según la reforma educativa, o su instrumentalización por los técnicos a cargo en el Ministerio, la educación artística se debe iniciar en el ciclo posbachillerato, dejando la normativa y su administración bajo tuición del viceministerio de educación superior. Este esquema deja al sistema del instituto Laredo fuera de los límites cognitivos de sus burócratas ya que integra la formación en artes desde edades tempranas, con el objetivo de una educación integral del ser humano.

Una y otra vez hemos resistido los embates de las autoridades y si hay algo que nos ha mantenido a flote han sido las declaratorias patrimoniales y reglamentaciones especiales. Otras instituciones han corrido peor suerte, como el Instituto de Bellas Artes de Santa Cruz y el Instituto “Franklin Anaya” de Quillacollo, que han sido desarticulados en su programa integral; la misma Academia Man Césped ha tenido severos problemas con la designación de rector.

En estos días, las autoridades del Ministerio de Educación –mal asesoradas por los técnicos a cargo– intervinieron el instituto nombrando autoridades fuera de la normativa vigente, aplicando una convocatoria general cuando lo que corresponde es una convocatoria específica de acuerdo a las reglamentaciones del instituto desarrolladas a lo largo de los últimos años (RM 557/2016, RM 675/2018, RM 232/2021, RM 1004/2023 y posteriormente la 323/2023, estas dos últimas sin el pleno del Directorio Interinstitucional).

La problemática administrativa entre sistemas educativos superior (Artes) y regular (Escolaridad) que componen en su articulación el sistema de educación integral del instituto Laredo, y que suponen el bien patrimonial en sí, llevan a numerosas discusiones con la entidad matriz de la educación en Bolivia, con el instituto como paradoja.

La prensa informa que se ha llegado a un acuerdo, algo que no es de agradecer, ya que se trata de cumplir con la legalidad y reglamentación vigente a la fecha. Además, para que se pueda dar el sello final a esta problemática, esperamos desde esta redacción que se haya podido avanzar en el planteamiento que siempre ha rechazo de cuajo el Ministerio de Educación, a saber: la resolución biministerial entre las carteras de Estado de Educación y Culturas, para mantener a salvo de extravagancias y arrebatos a esta institución que en un futuro promete ser la más legitima y efectiva reforma educativa de Bolivia: es hecha por bolivianos, para los bolivianos y para el mundo.

Franklin Anaya Giorgis, PhD (c) fue director del Instituto Laredo entre 2006 y 2023.