“Entre reconocer que uno está equivocado, o probar que no es necesario reconocerlo, casi todos se lanzan de lleno a buscar la prueba.” J.K. Galbraith
Con el DS 4272, el gobierno aprobó una veintena de medidas que tienen el destino declarado de reactivar la economía y el empleo. Aunque contempla medidas no financieras interesantes que comentaremos en una próxima oportunidad, éstas no son factores determinantes, especialmente en relación al empleo. Lo que es incuestionable, es que acceder a financiamiento no es la solución a todos los problemas y, menos, que garantiza la sostenibilidad de las empresas. El problema es que prácticamente la totalidad de los recursos para la reactivación son entregados a los bancos bajo el supuesto que los bancos los prestarán a las empresas, y éstas recuperarán la economía. Eso no sucedió ni sucederá.
A lo largo de 14 años de gestión, contradiciendo su discurso de izquierda “anti-capitalista”, el MAS empujó la bancarización y la financiarización –con bolivianización de la economía por medio, pero más allá del discurso, hemos mostrado que los resultados en los últimos 10 años están muy lejos de ser positivos para la economía y para la sociedad. En resumen, el endeudamiento acelerado de las empresas y de los hogares, superó el ritmo de incremento de la economía real, llevándonos a la peligrosa situación de financiar el bienestar presente hipotecando los ingresos futuros; no hay relación directa entre los crecimientos de la cartera y el del PIB, especialmente de los sectores generadores de valor y empleo; y lejos de diversificar el aparato productivo, se incrementaron las actividades especulativo-rentistas y el “empleo” precario e informal: en 2018, el microcrédito era 32% de la cartera; y dos tercios de la cartera total está en sectores no transables y de muy baja productividad, destacando 42% en servicios inmobiliarios y construcción, y 17% al comercio.
Sin embargo, ese gobierno defendió la financiarización con el pueril argumento que “si los bancos ganan mucha plata, el Estado se beneficia con impuestos”. Efectivamente, el MEFP (31.01.18) se ufana de que, “entre 2005 y 2017 los bancos presentaron utilidades acumuladas netas por USD 2.239 MM que representa un crecimiento de 802%”.El sistema financiero multiplicó sus utilidades 15 veces respecto al “período neoliberal”, y triplicó su patrimonio de 900 millones de dólares en 2009 a 2.800 millones en 2018, lo que equivale a casi cinco veces lo que el Estado desembolsa anualmente para pagar los bonos Juana Azurduy, Juancito Pinto y la Renta Dignidad.
Lo que el gobierno del MAS convenientemente ignoró (aunque lo hicimos notar varias veces) es que todos los ingresos del sistema financiero reducen los ingresos de la economía real: en 2018, los ingresos financieros fueron 17.400 millones de Bs (10.3% de la cartera); sumando los “otros ingresos operativos”, el sistema extrajo 21.500 millones de Bs (3.100 millones de dólares) –el 12.7% de la cartera, de los ingresos de las unidades económicas y hogares prestatarios. Ese total es comparable a los 23.000 millones de Bs que requiere el actual programa de reactivación.
Con estos antecedentes, sorprende que el gobierno transitorio centre su estrategia para reactivar economía y empleo (¿a corto plazo?) en medidas financieras. Dar al “banco” más dinero para que preste para reactivar la economía, significa que los negocios y los hogares deben asumir nuevas deudas para pagar viejas al banco; es decir, una mayor tajada de sus ingresos futuros deberá ser destinada a pagar intereses, amortizaciones, comisiones, certificaciones, etc.
Este enfoque pone de cabeza al keynesianismo, en detrimento de las empresas y trabajadores.
El keynesianismo plantea que, en épocas de crisis, la economía puede estimularse con un mayor gasto público: si el Estado gasta –incluso incurriendo en déficits, inyectará dinero en la economía con lo que alimentará transacciones que la dinamizarán al generar nuevos ingresos. Supone que el dinero sirve básicamente para pagar mano de obra y activos productivos reales (el ejemplo típico fue construir infraestructura pública). Si imaginamos la economía como una soga que hay que mover hacia adelante, en el keynesianismo se “jala” la soga desde la demanda, con el Estado comprando bienes y servicios que son producidos en la economía real (la oferta, en la cola de la soga) con el trabajo que genera ingresos para los hogares (capacidad de consumo, en el medio de la soga), cerrando un circuito de flujo entre producción y consumo.
Pero, como nota Michael Hudson, “Wall Street descubrió el “keynesianismo malo” en la forma de quantitative easing, enfoque que celebra los déficits fiscales siempre y cuando el gobierno los gaste en Wall Street, y no en la ‘economía real´”.
Volviendo a la alegoría de la soga, el keynesianismo malo –de cabeza–, “empuja” la soga desde la cola (la oferta), sin necesariamente garantizar que exista una demanda compatible con la oferta. Por ello, la creación de valor, de empleo y, especialmente, de ingresos, no pueden asegurarse a pesar que las empresas y los hogares asumen de inicio el costo de la intermediación financiera.
El DS 4272 introduce dos agravantes adicionales. Primero, en todos los casos, el intermediario financiero debe aprobar los créditos siguiendo la normativa vigente (Ley de Servicios Financieros) que elimina prácticamente el riesgo (anota garantías reales por más del 100% del crédito); a esto añade fondos de garantía en los que el Estado garantiza hasta el 50% del crédito, aliviando aún más los servicios de seguimiento que justificarían el (alto) spread en favor del intermediario.
Segundo, y como el tema de fondo vinculado al modelo y las perspectivas de desarrollo a mediano y largo plazo, la financiarización es la inocultable causa de la creciente concentración del ingreso y de la desigualdad. Esta obviedad ha sido finalmente aceptada por el FMI, el Banco Central de Inglaterra y el Bank for International Settlements, las “catedrales” del pensamiento neoliberal. En Bolivia, los síntomas son la re-primarización productiva y la desindustrialización, la magnitud de los activos financieros –que ya supera el PIB a precios básicos, controlados por pocas familias, y la precarización e informalización del empleo que, desde 2006, se ocultaron políticamente bajo eufemismos como emprendedorismo, microempresa o cuentapropismo.
Finalmente, no es un dato menor que esto sucedió a vista de los trabajadores por la obsecuencia de una COB que cambió principios por prebendas. Debemos recordarles, por ejemplo, que entre 2006 y 2020, la financiarización–bolivianización contrajeron proporcionalmente el empleo fabril más que en cualquier período desde 1950, llevando al sindicalismo al camino de la extinción.
No, el DS 4272 no servirá. Lo que hoy es bueno para bancos no es bueno para empresas, hogares ni trabajadores. Pero lo que es bueno para empresas, hogares y trabajadores, es muy bueno para bancos progresistas. Necesitamos reactivar la economía y el empleo dentro de este paradigma.