Cómo romper con el extractivismo

El desarrollo humano productivo en los planes de gobierno:

La condición para el desarrollo es romper con el extractivismo

1.  Introducción

Ensayos previos en esta serie muestran que el comportamiento de los indicadores relevantes para el desarrollo de la economía boliviana en los últimos 70 años, no tienen una tendencia sostenible de convergencia hacia los niveles promedio de Latinoamérica. Desde la segunda mitad del siglo pasado, hemos experimentado con un amplio abanico de modelos políticos y económicos que, en los discursos, planteaban objetivos y medios muy diferentes en casi todos los ámbitos de la vida ciudadana pero que, claramente, coincidieron en alcanzar resultados muy pobres en términos de desarrollo, especialmente de desarrollo humano productivo.

A pocos meses de nuevas elecciones nacionales, la realidad es que las condiciones externas e internas que permitieron un episodio de 12 años de crecimiento con inéditos niveles de ingreso está acabado, con el agravante que en este lapso hemos retrocedido significativamente en términos de institucionalidad, de gestión pública y de capacidad del aparato productivo.

En consecuencia. el nuevo gobierno que surja de las elecciones de octubre enfrentará un muy complejo contexto de expectativas y demandas desde la sociedad civil, tanto de sectores de la sociedad que se han empoderado por la legitimidad de los objetivos que revindican, como de otros sectores corporativos que creen haber consolidado ciertos “derechos parasitarios” a costa del bien común. En conjunto, estas demandas podrían configurar un escenario en el que, una vez más, la necesaria e imperiosa tarea de iniciar la construcción de un proceso sostenido de desarrollo humano y productivo, sea sustituida por la tradicional vorágine de acciones para evitar “incendios políticos” que podrían iniciarse a partir de múltiples y dispersas exigencias.

El actual proceso electoral terminará en este habitual e indeseable escenario si se deja que sean los “políticos” quienes nuevamente definan los “temas de discurso” según sus (casi nunca sanos) intereses, en lugar de que sea la sociedad civil la que establezca las necesidades y metas reales del desarrollo como un mandato para los futuros gobiernos. Aunque aún no se conocen las ofertas electorales de la oposición, las primeras escaramuzas discursivas parecen poner en evidencia el posicionamiento de falsos debates como una fachada que oculta la ausencia de visiones concretas y realistas de desarrollo.

Desde el gobierno, destacan que el actual proceso tiene como guía la AP2025 frente a cuyos logros ‒la reducción de la pobreza, los bonos sociales gracias a la “nacionalización” del gas, la estabilidad económica y, especialmente, el crecimiento‒, los opositores no tienen propuestas alternativas. Para la oposición, la gestión del gobierno se ha marcado por estrepitosos fracasos en temas como la corrupción y la desinstitucionalización, violencia e inseguridad ciudadana, precariedad del empleo, narcotráfico, medio ambiente, y salud. Por supuesto, las opiniones a favor o contra la AP2025 y de los resultados que unos y otros le atribuyen, están sustentadas en subjetividades con la que los intereses políticos buscan siempre “llevar agua a su molino”.

Pero lo concreto es que, a pesar de estos recurrentes (falsos) debates, desde hace al menos 70 años no superamos el estancamiento estructural respecto al resto de América Latina a pesar de toda la riqueza con la que la naturaleza nos ha dotado. Esta realidad pone en evidencia que, en términos de desarrollo, enfrentamos un caso de “incompetencia política” más que de incapacidad económica, situación en la que llegamos porque la sociedad tiene también culpa al no haber definido las metas de desarrollo con las que deberían comprometerse los políticos; en ausencia de objetivos específicos, no existen criterios para valorar la pertinencia o no de lo que los políticos decidan ofrecer: “si no sabes dónde ir, cualquier camino es bueno”; o puesto de otra manera, como un problema es un obstáculo que impide alcanzar un objetivo, si no se tienen objetivos concretos, no es posible definir los problemas que se deben resolver.

Con el fin de establecer metas de desarrollo que permitan tener prioridades y criterios para evaluar las ofertas electorales, el Ensayo propone la síntesis de los lineamientos de un “plan de gobierno de la sociedad civil” a partir de las expectativas y necesidades de “gente de a pie” que el Programa de Reflexión Social por la Producción y el Empleo Digno de INASET recuperó en tres ejercicios de construcción de estos planes realizados antes de las elecciones nacionales de 2005, 2009 y 2014, con participación de más de 20.000 personas en varias regiones del país.

Con este propósito, primero revisa brevemente las conclusiones que sintetizan las expectativas de la gente; a partir éstas, presenta un esquema con los flujos de las relaciones de influencia vigentes y que explican la realidad actual. Posteriormente muestra los cambios que podrían transformar el esquema vigente en un nuevo paradigma de desarrollo compatible con los objetivos de una “economía para la gente”, a partir del cual se identifican los lineamientos de un “camino al desarrollo” compatible con esas expectativas y sus prioridades; finalmente, con esos objetivos (criterios de valoración) analiza los resultados “de desarrollo” alcanzados en los últimos 20 años para identificar los aspectos estructurales que requieren atención prioritaria, y que se esperaría que sean parte de las propuestas electorales “serias”.

Estos criterios y prioridades serán empleados en los siguientes Ensayos para evaluar los Planes de Gobierno que presenten las tiendas políticas que participan en las elecciones de octubre, y poder calificar el grado de su pertinencia e idoneidad para iniciar aquellas transformaciones estructurales que permitiría responder a las expectativas de la gente.

2.  Hacia una “economía para la gente”

2.1 La centralidad del empleo digno

Los cinco temas más recurrentes (no necesariamente en orden de prioridad) que encuentran las encuestas de opinión sobre los temas que más inquietan a las personas, son la corrupción, la precariedad del empleo, la inseguridad ciudadana ‒incluyendo la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar, la salud, y la (in)justicia.

Una somera reflexión sobre estos temas muestra que no son temas aislados: la corrupción y la debilidad de la justicia tienen claras relaciones de causa y efecto; y la precariedad del empleo está asociada a la inseguridad y violencia, y a las limitaciones de los servicios de salud a través de la pobreza a la que condena la falta o insuficiencia de ingresos laborales. Pero, en última instancia, la pobreza es también un incentivo y factor determinante para la corrupción y el debilitamiento del sistema de justicia.

Con este razonamiento, la pobreza por falta o insuficiencia de ingresos laborales en algunos sectores de la sociedad es la causa- raíz de los temas de mayor preocupación (e insatisfacción) de las personas, incluyendo naturalmente incluso a quienes no están directamente afectadas por la precariedad del empleo, pero son víctimas de la inseguridad, la corrupción o la injusticia.

La precariedad del empleo y de los ingresos, son el resultado del “patrón extractivo-rentista” que ha privilegiado el desarrollo de las actividades económicas intensivas en capital, vinculadas con la explotación y exportación de recursos naturales. Como consecuencia de este enfoque centrado en los sectores “estratégicos”, la institucionalidad y la normativa se han construido sobre valores que no reflejan las necesidades sociales ni considera como prioridad el fortalecer la capacidad productiva y emprendedora de las y los bolivianos, ni promover las actividades generadoras de valor, creadoras de puestos de trabajo y de oportunidades de empleo digno y productivo que la sociedad demanda.

Las relaciones entre los factores que impiden el desarrollo productivo e inclusivo boliviano, pueden sintetizarse en el Esquema siguiente que muestra que el crecimiento es fuertemente dependiente en las exportaciones de materias primas, en sus precios y en las cantidades, o en las inversiones extranjeras necesarias para su explotación; estos son factores dependientes de condiciones externas sobre los que las políticas nacionales no tienen control, ni la menor posibilidad de lograrlo en el futuro cercano. En este sentido, contrariamente a afirmaciones sobre los “blindajes” de la economía, es claro que el crecimiento en el paradigma extractivista está, efectivamente, fuera del control de las políticas públicas. La volatilidad de los ritmos y de las tasas de crecimiento, lo hacen incompatible con la regularidad necesaria para planificar las rutas a los objetivos.

Figura 1. Raíces Estructurales de la Pobreza y la Desigualdad

Fuente: E. Velazco, PRSPED, Fundación INASET

Por ello, los modelos de desarrollo centrados en estrategias que focalizan tanto la dinámica como las expectativas del crecimiento de la economía en las “rentas” que genera la explotación de los recursos naturales, han fracasado en la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Como mencionamos, las tasas de crecimiento han sido insuficientes y sus ritmos demasiado volátiles para permitir acciones planificadas con estrategias y metas a mediano y largo plazo; en particular, la explotación de recursos naturales genera un conjunto de efectos perniciosos sobre la macro economía –la Enfermedad Holandesa o la maldición de los recursos naturales, por ejemplo− que inducen la precariedad del empleo generadora de pobreza y desigualdad.

Por estas características, independientemente de los modelos políticos o económicos vigentes, pensando positivamente el Estado ha recurrido a políticas y estrategias de “re-distribución” mediante las que el Estado ofrece los bienes y servicios públicos más esenciales para mitigar desigualdades en el acceso a las condiciones mínimas de bienestar; o, siendo más realistas, para acrecentar el poder político que le confiere acentuar las condiciones de dependencia de los ciudadanos. En cualquier caso, este enfoque requiere crear grandes estructuras políticas y administrativas que conducen a ineficiencias, burocracias y distorsiones, sin que normalmente logren reducir la pobreza significativa y estructuralmente; cuando, además, la motivación son los intereses políticos, lejos de atacar las causas, las ocultan con medidas que sólo tienen como fin maximizar los réditos políticos para los gobernantes de turno.

Desde la perspectiva de los ciudadanos, estos enfoques ignoran la causa estructural de la pobreza: la alta precariedad del empleo y la insuficiencia de las remuneraciones para satisfacer las necesidades. El desafío fundamental de la economía boliviana es revertir estas condiciones.

En tanto no se modifique estructural y sistemáticamente este telón de fondo que determina las tasas y los ritmos del crecimiento económico –condicionado, como se ha señalado, por una estructura en la que la generación, apropiación y de redistribución del excedente depende de los precios, las cantidades y las inversiones (normalmente de fuentes externas) para explotar recursos naturales lo que, a su vez, induce la precariedad del empleo–, las políticas sectoriales y las “de desarrollo” no tendrán impacto real en el fortalecimiento y la consolidación de la capacidad productiva necesaria para revertir la pobreza y la exclusión social.

Como, para la gente, el crecimiento no es suficiente y la economía sólo es saludable si ofrece, a todos, calidad en el empleo, dignidad en los ingresos, confianza en una vejez segura y la tranquilidad de legar un medio ambiente sostenible, la reducción de la pobreza se debe asentar en la mejora de indicadores relacionados a esas condiciones. Mientras lograr estas metas no sea el principal rasgo distintivo del modelo de desarrollo y de la economía, el nivel de las RIN, la estabilidad macroeconómica o la profundización financiera, no pasarán de ser indicadores técnicos sin mayor correspondencia con la mejora de la existencia cotidiana. Pero los políticos y los académicos ignoran sistemáticamente esta centralidad del empleo.

Por ejemplo, en concordancia con esta expectativa ciudadana, el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM1) “manifiesta el compromiso de los países en disminuir la extrema pobreza, lograr el empleo pleno y productivo, y reducir el hambre”; reconoce explícitamente la relación entre el mercado de trabajo y la mejora del bienestar de las personas: la mejora en el ingreso de los hogares se origina en el trabajo humano y en el empleo dignamente remunerado. Pero el empleo y el ingreso laboral no son indicadores centrales en la medición de la pobreza.

El concepto de que el trabajo humano es la base para la creación de riqueza, y que el bienestar se manifiesta en gran medida a través de satisfacer la necesidad personal y familiar de tener un empleo digno, constituyen la base conceptual-de un esquema que ataca estructuralmente las raíces estructurales de la pobreza y de la desigualdad. Los ejes de este esquema son la diversificación productiva, el Empleo Digno y Salario Justo que superan el paradigma rentista, aseguranr tasas de crecimiento con la estabilidad necesaria para superar la pobreza, y para contribuir directamente al bienestar. El siguiente esquema muestra los flujos de las relaciones de influencia en este nuevo paradigma:

Figura 2. La “Economía para la gente”: el Enfoque Post-Neoliberal

Fuente: E. Velazco, PRSPED, Fundación INASET

El esquema sugiere que sólo en la medida en que la creatividad y el trabajo humano sean considerados como la fuente de la riqueza y del crecimiento equitativo, las estructuras políticas identificarán y adoptarán las políticas necesarias para desarrollar y fortalecer las capacidades emprendedoras, y se podrán establecer las condiciones necesarias para asegurar la viabilidad social y la sostenibilidad económica-financiera de un proceso estable de crecimiento centrado en el “empleo digno” [1].

Es decir, toda política que aporte al incremento sostenible de las actividades productivas con aumento del empleo digno y los salarios, contribuirá necesariamente al crecimiento de la economía, a mejorar la equidad social y al bienestar compartido.

2.2 El plan de gobierno de la gente en menos de 100 palabras

Pese al alto crecimiento de los últimos 15 años y de los excepcionales ingresos percibidos, Bolivia sigue entre las 4 economías más pobres de América Latina. Incluso si su crecimiento fuera sostenible, le tomará generaciones converger al nivel de las economías vecinas. Pero, como concluyen los Ensayos previos, el crecimiento registrado es insostenible porque sus fundamentos son muy débiles: el PIB aumenta más por la recaudación de impuestos que por la creación de valor agregado; aumenta la inversión, pero baja el consumo de los hogares y aumenta la participación de las importaciones en el consumo interno; y la productividad se concentra en pocas regiones y actividades: el crecimiento de 4,22% en 2018 se explica casi totalmente por el de un solo subsector industrial (productos químicos para la gasolina con alcohol) y dos no productivos: la administración pública, y los servicios financieros.

Como resultado, hoy casi el 70% de quienes se incorporan al mercado laboral lo hacen forzados a hacerlo en actividades por cuenta propia, informales y de baja productividad, y un 15% adicional está subempleado. En suma, más allá del optimismo infundado de ciertos voceros de gobierno, los datos muestran una realidad de “crecimiento empobrecedor” que afecta a la gran mayoría de las personas porque el crecimiento del PIB no cumple la condición básica de sostenibilidad: reflejar una creciente y sostenida capacidad productiva (mayor producción, empleo, remuneraciones y consumo).

Corregir este crecimiento es un desafío que compromete a todos quienes pueden aportar técnicamente a identificar las soluciones más pertinentes; que las soluciones se apliquen o no, depende de la ciudadanía que, aunque no necesariamente tiene opiniones técnicas, otorga legalidad a los gobernantes. Pero, en última instancia, los gobernantes aportan al desarrollo sólo si son capaces de superar las cegueras políticas, ideológicas, teóricas y de conveniencia, a las que los “políticos criollos” recurren para ignorar o distorsionar la realidad y promover sus intereses personales o corporativos, disfrazados siempre como ideologías convenientes.

Los problemas reales que Bolivia enfrenta son múltiples y enormes: institucionales, sociales, políticos, eco-ambientales y económicos; pero además se suman miles de otros “problemas” que no se vinculan a objetivos de desarrollo, sino que reflejan intereses particulares, regionales o corporativos. En este contexto, ninguna propuesta de solución pasará de ser una buena intención (o ilusión, u otro descarado engaño) si no se establecen técnicamente las prioridades y las secuencias correctas, lo que implica evaluaciones y ajustes permanentes.

Para alcanzar resultados diferentes a los “habituales”, se requiere revisar críticamente todo lo hecho hasta ahora incluyendo, por ejemplo, la pertinencia de los bonos que tanto rédito político generan a gobernantes, como de temor a cuestionarlos en los opositores. Recordemos que el Banco Mundial promovió los bonos para dar un barniz de equidad a gobiernos alineados con el neoliberalismo y aliviar las altas tensiones sociales que en su momento generaron las reformas impuestas por el modelo neoliberal; en una economía para la gente, creadora de empleo productivo y dignamente remunerado, estos bonos son innecesarios.

En el mismo sentido, abarcar temas sin visión, la capacidad ni los recursos para abordarlos seriamente, lejos de ayudar, malgasta recursos y los quita de las verdaderas prioridades estructurales; el SUS deja claro que, sin una economía sana, no habrá “servicio de salud decente para la gente”; y ninguna reforma educativa tendrá sentido ‒menos contenido, si la sociedad no tiene prioridades de desarrollo que se reflejen en principios y valores productivos que sustituyan a “la joda”, la “viveza criolla” o la “pega” por la excelencia, el esfuerzo personal, la ética profesional y la eficiencia (productividad) como modelos.

Por ello, la multiplicidad de metas es clara señal de falta de UN OBJETIVO. Si el objetivo es el desarrollo humano productivo sostenible, y el camino es la diversificación productiva creadora de empleo digno, un plan de gobierno capaz de responder a las expectativas ciudadanas podría sintetizarse con menos de 100 palabras:

Objetivo: sentar las bases para la diversificación productiva con empleo digno.

Para ello, bajo principios de equidad, transparencia y eficiencia, creará las condiciones y relaciones necesarias priorizando acciones en 4 ámbitos: i) Institucional: transformación política básica (democracia, estado de derecho, equidad); ii) Eco-ambiental: superar el extractivismo rentista y la minería “artesanal”, en especial la aurífera, y desarrollar el potencial energético renovable; iii) Productivo: macroeconomía, comercio, política fiscal y políticas sectoriales pro empleo, producción y consumo responsables, valor agregado, y productividad con equidad; y, iv) Gestión Pública: institucionalizada en todo nivel de gobierno, transparente, y eficiente.

El desarrollo es un proceso social complejo y, como tal, es una laboriosa construcción participativa y secuencial, que necesita el liderazgo de un equipo de conductores que entienda sus complejidades y sea capaz de mantener el curso correcto a pesar de las vicisitudes. La claridad del objetivo es determinante; las acciones específicas no pueden detallarse a priori: deben diseñarse continuamente según realidades concretas y los obstáculos que surjan en cada momento de la construcción del nuevo paradigma.

Sin embargo, la claridad en el objetivo orienta a que las acciones en estos ámbitos deban configurar las condiciones que definen la magnitud, calidad y pertinencia del crecimiento: mercados, productividad, competitividad, y cultura productiva.

• Mercados:  Recuperar, controlar y defender el Mercado Interno, eliminar la competencia desleal, aumentar la demanda interna, defensa del consumidor y apoyo efectivo a la transformación productiva y laboral para mejorar los ingresos y acceder competitivamente a los mercados mundialesProductividad: Incrementar el Valor Agregado y la 
• Productividad para mejorar la calidad y la dignidad del empleo, la remuneración al trabajo, el aporte a las comunidades y a la sociedad, y la capacidad técnica y tecnológica del aparato productivo de responder a las demandas reales y a las esperadas de los mercados
• Competitividad:  Configurar el marco institucional pro-producción, valor agregado y empleo digno, que simplifique y facilite la creación, operación y cierre de unidades económicas, elimine costos de transacción y redistribuya la riqueza creada en la perspectiva de lograr el bienestar para l@s bolivian@s
• Valores:  Recuperar, fortalecer, transmitir y actualizar valores sobre los que se consolide una Cultura Productiva capaz de sustituir la cultura rentista (de los RRNN) por la que reconoce al esfuerzo humano como la fuente de la riqueza social, y a la equidad y al respeto a la naturaleza como garantías del bienestar

3.  Los rasgos distintivos del “crecimiento” en el Siglo XXI

3.1  Efectos de las políticas en el empleo, ingresos y consumo

Si se toma al empleo ‒en cantidad y calidad, y a la remuneración neta al trabajo como el indicador base, podemos estimar la pertinencia de las políticas públicas según contribuyan a superar la pobreza al incrementar o a reducir el empleo productivo, la remuneración al trabajo y la capacidad real de consumo de los hogares.

Recurriendo a las identidades contables básicas -que constituyen “verdades axiomáticas” para el análisis del crecimiento, entre los factores que afectan negativamente a la remuneración neta (el ingreso y la capacidad de consumo de los hogares) están:

• la inequitativa distribución primaria del ingreso en las unidades económicas: a) cuando la falta de conciencia social de los empresarios privilegia la maximización de las utilidades a costa de la explotación laboral; b) cuando la normativa desalienta la creación de empleo asalariado o corroe la capacidad de consumo de las remuneraciones, por ejemplo, a través de estructuras regresivas de impuestos, el aumento de costos de transacción y directos que reducen el valor agregado y la productividad de las actividades económicas.
• los proyectos de empleo de emergencia o de mejora de empleabilidad (jóvenes o mujeres, por ejemplo) que, en lugar de encarar políticas reales de creación de puestos de trabajo con incentivos a la equitativa distribución del ingreso,[2] acentúan el “cuenta-propismo forzado” bajo el eufemismo de microempresas de baja productividad y alta precariedad del empleo.
• la demanda y precios internacionales que incentivan la exportación de recursos naturales mediante procesos intensivos en capital que no generan empleo, y ocasionan distorsiones macroeconómicas (tipo de cambio), afectan la producción interna (enfermedad holandesa) y la capacidad de crear empleo en sectores capaces de agregar valor;
• la acumulación de ahorro no productivo y los incentivos al comercio (formal e informal), las inversiones (y especulaciones) en sectores no transables, importaciones de vehículos y ropa usados, etc., que acentúan utilidades financieras y la concentración del ingreso, por un lado, y la precariedad del empleo, por otro; y,
• la inversión (pública y privada) concentrada abrumadoramente en sectores intensivos en capital y en infraestructura física que no se traduce en empleo permanente ni mejores remuneraciones para crecientes sectores de la población.

3.2  Bolivia: una economía en contra ruta

La desigualdad reduce el crecimiento y es moralmente inaceptable porque mella la dignidad humana. La participación de la remuneración a los empleados en la distribución del ingreso, cayó del 42% en 2000 al 31% el 2008; a precios de mercado, cae del 36.1% al 25% en el período y se mantiene por debajo del 30% hasta el presente. A su vez, con datos del SIN para 2011-12, el aporte tributario de individuos y familias consumidoras alcanzarían a unos 22,000 millones de bolivianos (76% de las recaudaciones de los impuestos nacionales sin contar IDH ni IEHD-Refinerías), lo que equivale al 15% del PIB. Es decir, si se restaran los tributos pagados de la participación de los trabajadores y empleados en el ingreso, la remuneración efectiva neta de los asalariados y auto-empleados sería del orden del 15% del PIB en la actualidad. Estas cifras gruesas alertan sobre la seriedad que podría tener el problema de la distribución en el país.

Los datos precedentes sitúan a Bolivia con una de las distribuciones más inequitativas del ingreso (y con un sistema tributario altamente regresivo), incluso considerando distorsiones posibles por los efectos que podrían tener la informalidad y el autoempleo en la distribución. En general, en ausencia de políticas expresas destinadas a promover la equidad, “la economía” necesariamente tenderá a concentrar el ingreso y a acumular la riqueza, tanto por los sesgos implícitos en el modelo de crecimiento extractivista, como por las políticas públicas que presionan los salarios a la baja, o al debilitamiento deliberado de la capacidad de negociación y de defensa de los intereses de los auto-empleados, y de trabajadores y de organizaciones.

La persistente tendencia a la desigualdad es también una limitante al crecimiento. Revertirla requiere cambios estructurales (incluyendo la transformación productiva y la revisión crítica de políticas fiscal y tributaria) que son parte de la elusiva búsqueda de crecimiento inclusivo. Por ejemplo, para quienes alientan la profundización financiera, la expansión del crédito ha sido un exitoso mecanismo para superar la pobreza; pero, quienes controlan el capital privado (y lo acumulan, en especial, en activos financieros) tienen una baja inclinación a canalizar su ahorro a inversiones productivas;[3] un mecanismo para aumentar sus ingresos, ha sido facilitar el crédito a sectores asalariados para elevar el nivel de consumo “y mejorar su calidad de vida”, sin importar que, al mismo tiempo, se redujo su participación en la distribución del ingreso.

Pero el resultado neto real tendrá que ser evaluado contrastando los beneficios efectivos que habría tenido la mejora de la calidad de vida de quienes recurren al crédito, frente al aumento de su endeudamiento y a los altos beneficios resultantes para el sistema financiero: en 2017, con ingresos financieros y operativos de $us. 3,000 millones extraídos de la economía pobre “real”, logró $us. 310 millones de utilidades, casi 1% del PIB en muy pocas personas.

De hecho, desde 2012 incluso el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional identifican a la financiarización de la economía como la causa principal del aumento en la desigualdad global. Implica que, si no se eliminan previamente los factores que determinan la alta desigualdad, fortalecer la “profundización financiera” en Bolivia, sólo contribuirá a acentuar la pobreza y la desigualdad, y anularán la posibilidad de un crecimiento productivo a largo plazo.

El (micro) crédito, indujo una fuerte terciarización de la economía que promovió inicialmente un mayor consumo, pero también reorientó las inversiones fuera de los activos productivos y hacia el comercio y los servicios. Esto llevó a mediano y largo plazo, a la caída en la capacidad productiva, a una baja real de los salarios e ingresos, al aumento de las relaciones de deuda-a ingreso y, eventualmente, al déficit en cuenta corriente. Por su parte, la reducción en la capacidad de oferta del aparato productivo interno, junto a un patrón de crecimiento liderado por exportaciones de recursos sin valor agregado, alienta la importación de productos finales presionando aún más a los sectores productivos con potencial para crear empleo e ingresos.

Frente a estas condiciones, las políticas públicas, en lugar de identificar y de eliminar las causas de la desigualdad, normalmente adoptan mecanismos asistenciales y de trasferencias (bonos) de recursos a los sectores sociales con ingresos bajos o estancados. Pero estas transferencias nunca podrán compensar las pérdidas ocasionadas por la caída de la participación de las remuneraciones en la distribución del ingreso.

Por ejemplo, si se habría mantenido el nivel de la participación del trabajo del año 2000 (36.1% del PIB), entre 2008 y 2015 los asalariados habrían recibido Bs. 180 mil millones más que lo efectivamente remunerado. En el mismo período, las transferencias monetarias totales de la Renta Dignidad, del bono Juancito Pinto y del Bono Juana Azurduy no llegan a los Bs. 18 mil millones: significa que las transferencias para “reducir la desigualdad” son la décima parte de lo que se ha reducido a la remuneración al trabajo si se mantenía la distribución del ingreso vigente en la “época neoliberal”.

4.  Conclusiones

Las políticas que aumentan la productividad y la remuneración neta al trabajo (sea asalariado o auto-empleado) necesariamente contribuirán al crecimiento económico con reducción de la pobreza, en tanto que, las que la deprimen, tienen el efecto contrario.

La remuneración laboral se origina en el valor que el trabajo contribuye a agregar en los procesos de producción. Tres factores incrementan la remuneración neta al aporte de los trabajadores y los (auto)empleados: la distribución primaria de la renta (cómo se divide, en las unidades económicas, el valor agregado entre la remuneración al trabajo y la utilidad bruta); el aumento del valor agregado y la productividad; y creación de puestos de trabajo para ocupar productivamente la fuerza laboral.

En Bolivia, la distribución primaria de la renta está entre las más inequitativas del mundo: mientras en las economías con mejor calidad de crecimiento la remuneración al trabajo puede superar el 60% del valor agregado, en Bolivia está por debajo del 30%. Por otra parte, en lugar de promover el crecimiento promoviendo el empleo productivo y el alza de los salarios y de las remuneraciones a partir del aumento sostenido del valor agregado y la productividad, se presiona a la baja la participación de la remuneración a los asalariados, y se incrementan los costos directos y los de transacción, reduciendo el valor agregado y la productividad.

Efectivamente, fuera de proyectos de empleo de emergencia, Bolivia no ha encarado políticas reales de creación de puestos de trabajo con incentivos a la justa remuneración y la equitativa distribución del producto,siendo la tendencia, por el contrario, la de promover el “cuenta-propismo forzado” bajo los eufemismos de “emprendedorismo” o “microempresas” bajo los que se ocultan unidades económicas de muy baja productividad (alta precariedad del empleo).

La desproporcionada participación de la utilidad bruta (excedente) en la desigual distribución primaria de la renta, alienta el consumo suntuario y deprime la remuneración al trabajo. La creciente acumulación de ahorro no productivo y el fortalecimiento de tendencias e incentivos al comercio (formal e informal), las inversiones (y especulaciones) en sectores como el inmobiliario (dentro y fuera del país), importaciones de vehículos y ropa usados, etc., acentúa utilidades, por un lado, y la precariedad del empleo, por otro.

Las políticas tributarias son muy regresivas, inequitativas y estrictamente recaudatorias, por lo que generan fuertes desincentivos a las actividades creadoras de valor y de empleo. En general, el manejo fiscal ha respondido básicamente a las políticas de los gobiernos y a las “veleidades” de estructuras administrativas públicas que incurren en gastos públicos que no responden estrategias de desarrollo. La prioridad, sigue siendo el crecimiento centrado en exportaciones de recursos naturales; para ello, la inversión (pública y privada) se concentra en sectores intensivos en capital, en infraestructura física o en servicios sin generar empleo permanente ni mejorar las remuneraciones para amplios sectores de la población; por el contrario, ocasionan distorsiones (tipo de cambio, enfermedad holandesa, etc.) que afectan a la producción interna que agrega valor y al desarrollo de la capacidad productiva.

En síntesis, tomando la creación de empleo productivo justamente remunerado como criterio para valorar la calidad del “desarrollo” boliviano reciente, es evidente que las prioridades políticas y el manejo de la economía boliviana están en “contra ruta” de lo que se esperaría de una “economía para la gente”: hemos justificado la mala distribución primaria porque en los procesos productivos “el capital es el factor escaso”, la mano de obra “es el factor abundante” y el Estado debe “concentrar el excedente”; nuestro hipertrofiado sector público, desvincula los salarios de la productividad asignando discrecionalmente recursos públicos a “remunerar las sillas, y no el rendimiento de quienes las ocupan”, y obligamos a la amplia mayoría de pequeños y medianos actores económicos privados que alimentan esos recursos públicos, a hipotecar su viabilidad comercial cumpliendo irracionales incrementos salariales que ignoran las restricciones reales de la productividad; sustituimos la profesionalidad y los méritos por el prebendalismo político, pero insistimos en una reforma educativa desvinculada de valores productivos y del reconocimiento de los méritos; bajo el eufemismo de “emprendedorismo” celebramos el “cuenta-propismo obligado” y la “profundización financiera” para ocultar la incapacidad estructural de la economía para crear oportunidades de empleo digno; ahogamos a los pocos contribuyentes capaces de crear valor y empleo, pero cumplimos “las metas de recaudación”; persistimos en el patrón extrativista que concentra la riqueza “para re-distribuir los excedentes”; aspiramos a la diversificación productiva, pero fortalecemos el boliviano “para abaratar las importaciones”; confundimos gasto dispendioso con inversión, y la calidad de la gestión con la ejecución presupuestaria;...

Corregir el rumbo para encaminar el desarrollo en la dirección correcta implica superar las miradas y las acciones sectoriales aisladas, para hacerlas todas funcionales al objetivo de superar la pobreza mediante el empleo digno que solamente puede generar una economía diversificada con las personas como fuente creadora de valor, y como beneficiarias directas y finales del crecimiento.

En los próximos Ensayos para el Debate, analizaremos las propuestas de Planes de Gobierno de las tiendas políticas que participarán en las elecciones de octubre empleando los mismos criterios con los que el presente Ensayo evalúa el desempeño boliviano desde el año 2000.

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[1]   Definido a diferencia del trabajo decente de la OIT como “trabajo que no deriva de un cuenta-propismo obligado, y es remunerado (asalariado o autoempleo) a partir de una equitativa distribución del valor agregado” (Enrique Velazco, INASET, 2001).

[2]   La creación de empleo digno, requiere de acciones concertadas en los cuatro grandes ámbitos mostrados en el esquema precedente: acceso a mercados; mejora continua de la productividad; institucionalidad para la competitividad social; y cultura productiva con valores sociales de ética y equidad.

[3]   Sea porque las actuales condiciones (debilidad institucional, inseguridad jurídica, etc.) genera des-incentivos, o por el predominio de valores mercantilistas y rentistas.