10/01/2019
H Parlante

El extranjero Velásquez

Rafael Archondo Q.
Rafael Archondo Q.

¿Puede un experto foráneo librar tenaces batallas por la transparencia con mejores frutos que un lugareño?, ¿puede un extranjero ser más efectivo en cortar los tentáculos de las células delictivas que succionan dinero público?

Desde octubre de 2013, el jurista colombiano Iván Velásquez está probando que sí, y lo está haciendo en la Guatemala de la impunidad, donde su desempeño ya ha tocado muros que antes lucían inexpugnables. En este año, que también será electoral en Guatemala, Naciones Unidas aprenderá mucho más ahí que en cualquier otro rincón del planeta. El choque frontal entre Jimmy Morales, presidente de ese país, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) muestra hoy los ribetes de una guerra diplomática.

“La CICIG”, como se la conoce entre los guatemaltecos, es para unos, la única esperanza de abatir la corrupción en su país; mientras que para otros es una entidad “comunista”, brazo legal de un alocado que cooperó secretamente con la guerrilla. “Yo creo que el señor Iván Velásquez ha dado muestras de hacer el trabajo que todos los guatemaltecos estamos deseando que se haga y es luchar contra la corrupción, es desarticular todas esas bandas criminales que han copado muchas de nuestras instituciones”. La frase data de 2016 y le pertenece a Jimmy Morales, presidente de Guatemala. Fue él quien decidió ampliar por dos años más el mandato de la CICIG, la cual ya lleva más de una década capturando datos y estropeando negocios opacos. Pero fue el mismo Morales quien el pasado 31 de agosto declaró que Velásquez ejerció una “justicia selectiva para aterrorizar a la ciudadanía”. El Presidente ha decidido no cooperar más con el organismo y le ha arrimado todos los obstáculos posibles en el camino; de hecho, la quiere expulsar antes de que, en septiembre próximo, fenezca su plazo de funcionamiento. ¿Por qué Morales cambió de opinión?

Las agrias relaciones entre el gobierno guatemalteco y el extranjero Velásquez se inauguraron cuando éste último comenzó a investigar al propio Presidente y a dos miembros de su familia (hijo y hermano). El caso sigue en curso y tiene que ver con el modo en que el partido del jefe de Estado financió su campaña proselitista en 2015. En los hechos, a Morales le interesaba que Velásquez desmantelara las bandas criminales en Guatemala, siempre y cuando, no tocara la suya.

El caso prueba que luchar contra la corrupción y la impunidad en América Latina pasa generalmente por instalar poderes totalmente independientes de las maquinarias partidarias. Para Guatemala, la salida resultó ser pedir ayuda a entes multilaterales como Naciones Unidas. Está demostrado que sólo un extranjero con capacidades probadas para la investigación y prerrogativas “extralimitadas” es capaz de entregar resultados en plazos razonables. Ese es el modo más prometedor para perforar los blindajes. Hasta ahora, la CICIG ha rendido mucho más de lo esperado. De hecho, Jimmy Morales le debe su alto cargo a las pesquisas que llevaron a miles de personas a las plazas hasta lograr la renuncia y enjuiciamiento del anterior jefe de Estado, Otto Pérez Molina. Sólo un dispositivo ajeno al marasmo puede sustraerse de las presiones y amenazas de los corruptos. Si Morales vence en su ofensiva contra Velásquez, se habrá coronado a los impunes.

Apunte final: en septiembre de 2008, en casual sincronía temporal con la instalación de la CICIG en Guatemala, representantes de los organismos multilaterales en Bolivia se colocaron como “veedores” de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición. Su presencia fue vital para darle seriedad a los cambios que se introdujeron al proyecto de Constitución, que sería aprobado un año más tarde mediante un referendo. Lo que la Constituyente había redactado con tropiezos en Sucre y en Oruro, terminaba siendo “enmendado” por un grupo de delegados políticos. En las memorias del acuerdo, el ahora ministro Carlos Romero escribió que “a fin de viabilizar el gran pacto político nacional se aceptó por parte del oficialismo, que el actual periodo constitucional (iniciado el 2006) sea considerado para aplicar la figura de la reelección”. Con esa decisión, Evo Morales hubiese sido candidato por última vez consecutiva en 2009 y hubiera sido impedido de competir en 2014. Si un funcionario de Naciones Unidas del calibre de Iván Velásquez hubiera estado en esos diálogos, ¿habría tolerado que años más tarde el oficialismo tire al basurero ese acuerdo? Parece ser que no todos los Morales reciben el mismo trato.

Rafael Archondo es periodista.