“Se llamaba Monte Verde, ahora es negro, ceniza, fuego”, lamenta la cacique Ignacia Supepí

Brújula Digital|05|10|24|

Sumando Voces

“Era Monte Verde, ahora está hecho cenizas”, con esas palabras describió Ignacia Supepí la situación del territorio que hace unos días sufrió el peor embate de los incendios, causando la quema del 57% de su territorio, la pérdida del bosque y también de la producción agropecuaria, que buscaba la restauración de las especies del lugar.

Supepí es la cacique de Monte Verde y esta semana estuvo en La Paz, donde presentó el testimonio de cómo vivieron los comunarios de esta Tierra Comunitaria de Origen (TCO), ubicada en el departamento de Santa Cruz, el infierno que llegó con el fuego.

Denuncia de la falta de ayuda gubernamental

No sólo eso, sino que dijo que el presidente Luis Arce no fue capaz de hacer llegar la ayuda a las comunidades afectadas. Por eso, ella pidió a las autoridades leer la Constitución Política del Estado para enterarse que ahí están establecidos los derechos de los pueblos indígenas que han sido violados con los incendios.

El foro en cuestión se difundió por el programa Sumando Voces en Directo, que se emite los jueves por diversas plataformas.

En el encuentro participaron Juan Pinto, presidente del Comité de Movilización de Monte Verde; la senadora ambientalista Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana; y el director del CEJIS, Miguel Vargas.

“A nosotros nos duele mucho perder nuestra casa grande que se llamaba Monte Verde, ahora no hay nada de verde. Ahora es negro, ahora es ceniza, ahora hay fuego. Tenemos muchas autoridades, como el presidente Arce que es un incapaz de poner un granito de arena y llegar con la ayuda realmente cuando nosotros lo necesitamos”, dice Ignacia Supepí.

La lidereza reclamó por la estigmatización que propalan los grupos incendiarios, que acusan a los chiquitanos de ser flojos porque en vez de quemar sin límite, hacen un manejo sostenible del bosque.

Explicó que a diferencia de esos grupos que destruyen el bosque, ellos lo cuidan y, por eso, pidió a las autoridades no olvidar que ese derecho está establecido en la Constitución. “Y si es que no saben que se pongan a leer la Constitución Política del Estado y que se acuerden qué es lo que está plasmado ahí”, dijo.

El comunario y dirigente Juan Pinto coincidió en que nunca llegó la ayuda a su territorio, hasta que se hizo una marcha de protesta exigiendo la declaratoria de desastre nacional, pero él considera que eso no es suficiente y por eso se sumó a la convocatoria que están haciendo diversas organizaciones de la sociedad civil a una consulta popular, para que la gente decida si se deben abrogar las leyes incendiarias, entre otras demandas.

“Yo veo que sigue la vulneración de nuestro derecho, estamos como si no valieran nuestras voces, estamos gritando, llorando en esa situación”, dijo Pinto.

La lucha por restaurar Monte Verde

Supepí comentó que en Monte Verde hay 8.300 personas afectadas por el incendio “que aún persiste”, de las cuales, 370 fueron evacuadas, además de que se perdieron algunas casas, 17 mil plantines de aceite de cusi, de copaibo, que se pusieron en 2022 para la restauración del territorio. Ahora se volvió ceniza”.

Los comunarios de Monte Verde dicen que no será fácil restaurar el bosque porque hay árboles que tardan 30 años en crecer  y que ellos, como habitantes de esa tierra, tendrán que volver a empezar de nuevo.

Vargas, del CEJIS, explica que el 56% del territorio de Monte Verde, que está conformado por 974.975 hectáreas, ha sido quemado este año, hecho que calificó como una catástrofe.

Propuestas para una nueva visión de desarrollo

Requena y Vargas expresan su solidaridad con los dirigentes de Monte Verde. “Yo he tratado de explicarle a la gente acá (La Paz), que es como perder tu casa y tu trabajo al mismo tiempo”, dice la senadora, mientras que el especialista en temas indígenas indica que lo ocurrido no solo afecta a la vida de la gente, sino a su historia porque “Monte Verde es un territorio paradigmático, puesto que su proceso de titulación ha marcado la agenda del movimiento indígena, que en 1996 ha permitido que exista la modificación a la Ley INRA y se incorpore la categoría de las TCO”.

La legisladora dijo que hasta el día del programa, el jueves, se quemaron más de 7 millones de hectáreas, lo que “es espantoso, países enteros entran en esta superficie de las que estamos hablando y que se queman en Bolivia”.

Si bien el foro fue convocado para hablar de la normativa que promueve los incendios, ambos coincidieron en que se debe debatir una nueva visión de desarrollo para frenar la depredación que actualmente afecta a los pueblos indígenas, los bosques, los animales y, en consecuencia a todos los bolivianos.

Requena si bien explicó que hay avances en la abrogatoria de las leyes incendiarias en el Senado, dijo que en Bolivia todo está permeado por la criminalidad y la ilegalidad, lo que supera al marco legal existente.

Estas leyes, según Vargas, fueron promovidas gracias a la alianza que existe entre campesinos e interculturales que promueven el agronegocio, con el objetivo de ampliar el monocultivo. La mayoría de las leyes incendiarias fueron aprobadas en el gobierno de Evo Morales a partir de 2011.

“Estamos frente a la necesidad de discutir el modelo de desarrollo, esta mirada de la década de los 50 que nos planteaba la idea de que la tierra es para quien la trabaja y que tiene que ser productiva porque si no lo es, entonces tiene que ser sujeta a reversión y entonces hay que desmontar para habilitar bosques o hay que desmontar montes para habilitar tierra para la producción, esto no considera los medios de vida, las formas de producción distintas que tienen las comunidades indígenas, que tiene una relación intrínseca con el bosque”, indicó Miguel Vargas, quien considera que en una  nueva visión de desarrollo se debe incluir perspectiva ecológica y ambiental.

Requena agrega que “si vamos a tratar de entender cuál es el problema, es un problema de visión. Cómo concebimos lo que es desarrollo y particularmente lo que es desarrolla agropecuario”.

La senadora considera una falsedad decir que “para comer estamos en la obligación de deforestar. Es la visión devastadora” y como alternativa propone replicar lo hecho por Costa Rica, que dispuso “no solo cero deforestación, sino regeneración de bosques porque los necesitamos para todo, para el agua y para los alimentos, subrayo, alimentos”.

Declaratoria de desastre natural

Los incendios afectan a Santa Cruz, Beni, Pando y algunas localidades del norte de La Paz.

El lunes de la semana pasada el Gobierno declaró, a través de un decreto supremo, desastre nacional debido a los incendios.

La norma, resaltó Arce, permitirá “activar todo lo que esté en nuestras manos para poder enfrentar esto de los incendios que nos viene preocupando no ahora sino hace tres meses atrás que venimos en esta batalla”.

BD/