Profesor que violó a seis niñas es sentenciado a 30 años de cárcel

Zulema Alanes, especial para Brújula Digital |9|10|20|

El Tribunal de Sentencia de Uncía determinó 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, contra Jaime Arana Sainz por el delito de violación de seis niñas de las que era su profesor cuando cursaban los primeros años de escuela.

Las abogadas de la parte acusadora, Marisol Quiroga y Mónica Bayá, informaron que, aun de una serie de irregularidades en el proceso, se hizo justicia y se logró seis sentencias por 30 años sin derecho a indulto por cada una de las demandas interpuestas en contra del agresor.  En Bolivia no hay sumatoria de sentencias.

Quiroga detalló a Brújula Digital que el primer caso se descubrió en julio del 2019, cuando la madre de una de las menores advirtió algunos problemas de salud y cambios en su conducta y, a fuerza de persuasión, finalmente logró que relate los vejámenes a los que había sido sometida desde el 2014.

La madre de la adolescente se presentó en la escuela y encaró al profesor que “admitió el delito y se justificó asegurando que ‘todos cometemos errores’ pretendiendo que el hecho quede en el olvido”.

El agresor no tomó en cuenta que “la adolescente, que había sido víctima de los abusos desde sus ocho años, contó que no era la única y su relato permitió alertar a las madres de las otras víctimas que también decidieron formalizar una denuncia”, relató Quiroga.

Aseguró que la sentencia fue posible gracias a que seis madres de familia desafiaron a autoridades educativas, maestros y la junta escolar, buscaron apoyo porque no tenían recursos para pagar abogados y no cesaron en su búsqueda de justicia.

Un caso emblemático

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia acudió a la Alianza Libres Sin Violencia para solicitar asistencia legal y copatrocinio en los seis casos porque no tenía capacidad para encarar a los cuatro abogados contratados por el acusado.

 “Este es un caso emblemático que da cuenta de las dificultades que deben enfrentar las víctimas de violencia sexual”, aseguró Quiroga.

Detalló que, a lo largo del proceso, “los jueces intentaron autorizar la reconstrucción de los hechos a solicitud del acusado, algo inaudito porque tratándose de delitos sexuales contra niñas no es admisible la revictimización; aceptaron la actuación de un psicólogo que no estaba acreditado para realizar el peritaje de las declaraciones de las víctimas, pretendieron desvirtuar el testimonio de una de las niñas a través de una solicitud de evaluación psiquiátrica como si tuviera un trastorno mental”.

A todo ello, se sumó la dilación del caso y la suspensión de audiencias por la ausencia premeditada de los abogados de la defensa, la presión que ejercieron la directora, profesores y junta escolar del establecimiento educativo que “atestiguaron a favor del acusado, aunque no pudieron demostrar que no cometió los delitos”.

Durante una conferencia de prensa virtual, Mónica Bayá puntualizó que, además, se evidenció la negligencia del Ministerio de Educación que no se constituyó en parte coadyuvante del proceso como establecen los Decretos 1302 y 1320 “incluso después de ser conminados por una acción constitucional de cumplimiento, sólo fueron a las tres últimas audiencias del juicio luego de ser multados por incumplimiento”.

Según las abogadas, Arana Sainz, el profesor de 58 años que cometió delitos extremos y tenía un modus operandi que repitió en todos los casos, “podía haber quedado impune por la negligencia del Ministerio de Educación y las irregularidades admitidas por las autoridades judiciales”.

Pidieron “estar vigilantes para encarar la fase de apelación restringida a la que seguro acudirá el sentenciado”.