Periodistas repudian y piden investigar actos de violencia contra Juan José Toro

Brújula Digital 08/10/2020

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz, mediante un comunicado, repudiaron el ataque que sufrió el director de contenidos de El Potosí, Juan José Toro, a manos de un grupo de cooperativistas mineros cuando éste investigaba la explotación irregular que sufre el Cerro Rico de Potosí.

El pronunciamiento indica que se “denuncia este cobarde hecho ante la comunidad como una flagrante violación de los derechos humanos y fundamentales a la vida y a la libertad de expresión”. 

El texto agrega que “la ANPB y la APLP expresan su más enérgico repudio contra este hecho delincuencial y recuerdan que en el país rigen los derechos a la libre expresión, a la comunicación y a la información, que están protegidos por la Constitución Política del Estado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley de Imprenta, el Código Nacional de Ética Periodística y todos los instrumentos de autorregulación de los gremios periodísticos”.

El hecho de violencia contra el periodista Toro ocurrió el miércoles 7 de octubre en las cercanías de uno de los ingresos del Cerro Rico, cuando trataba de hacer un registro en video sobre la explotación ilegal que existe en ese yacimiento. Los cooperativistas que agredieron al periodista son acusados de realizar trabajo minero por encima de la cota 4.400 metros, cosa que está prohibida. Una explotación a una mayor altura de los 4.400 metros pone en riesgo el cono del cerro. 

El Potosí ha realizado en las últimas semanas numerosas notas e investigaciones sobre el tema lo que ha generado irritación en algunos grupos de cooperativistas, que terminar por agredir físicamente a su director.

El comunicado, además de repudiar los actos violentos en contra de la libertad de expresión, les recuerda que el punto 9 de la Declaración de Principios sobre la Libre Expresión, que es vinculante para el Estado boliviano, afirma que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión" 

Las dos entidades periodísticas piden a las autoridades nacionales investigar y dar con los responsables del flagrante hecho y que se restituyan los instrumentos de trabajo del director de El Potosí. 

BD/MC