Organizaciones civiles lanzan Consulta Popular Nacional por la Vida para enfrentar el ecocidio y defender los derechos humanos

Brújula Digital|02|10|24|

Sumando Voces, Yenny Escalante

Frente al modelo de desarrollo extractivista, el creciente problema de incendios y la deforestación que azotan a Bolivia año tras año, diversas organizaciones, instituciones, colectivos y movimientos sociales, la mañana de este 2 de octubre lanzaron una Consulta Popular Nacional por la Vida, que contiene cinco preguntas para la población, que será realizada entre el 7 y el 13 de octubre de este año, con el objetivo de lograr cambios determinantes en el país.

“La Consulta Popular Nacional por la Vida que presentamos hoy no es sólo una reacción ante los incendios de este año, es una respuesta al ecocidio sistemático que llevamos (varios) años presenciado. Lo que está en juego no es únicamente nuestro medio ambiente, sino los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos y en última instancia la vida misma de nuestro país, no podemos seguir tolerando un modelo de desarrollo extractivista que se alimenta de la codicia”, expresó la rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), María Eugenia García, durante la conferencia de prensa.

García fue enfática al señalar que Bolivia se encuentra en un momento decisivo, pues enfrenta una crisis ambiental sin precedentes, de la cual los bolivianos no pueden seguir siendo testigos indiferentes.

En ese sentido, las organizaciones convocantes elaboraron cinco preguntas que reflejan la urgencia de abordar la crisis ecológica y social.

La consulta incluye interrogantes sobre la derogación de leyes que facilitan la destrucción del medio ambiente, así como la reversión en favor del pueblo boliviano de tierras quemadas ilegalmente, para asegurar su recuperación y restauración.

Además, se plantea la necesidad de establecer una pausa ecológica que garantice la recuperación de las áreas afectadas por incendios.

Otras preguntas abordan la promoción de alternativas sostenibles, como la agroecología y el ecoturismo, y el derecho de las comunidades a ser declaradas libres de actividades dañinas, como la minería y la deforestación.

La consulta también incluye una propuesta para incrementar el presupuesto del sector medio ambiente y agua, con el fin de priorizar la recuperación de los bosques y el apoyo a las comunidades afectadas por los incendios.

El impacto de los incendios en Bolivia

La rectora de la UMSA recordó que en los últimos cuatro meses, según datos de las instituciones gubernamentales, se consumieron 6,9 millones de hectáreas por los incendios, mientras que la Gobernación de Santa Cruz refiere que en realidad fueron 7,2 millones hasta el 27 de septiembre.

Subrayó que entre 2019 hasta la fecha, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia perdió 32,5 millones hectáreas de bosques, lo que se traduce en un promedio de 5,4 millones de hectáreas cada año.

Los representantes de las organizaciones señalaron que los incendios y la deforestación no son eventos aislados de un sólo año, sino que son parte de un ciclo destructivo que sólo se detendrá cuando todos los bolivianos se unan para cambiar el rumbo. Es por ello que se recalcó que no se puede dejar en manos de intereses económicos y políticos el destino de “nuestra casa común”.

La importancia de la participación ciudadana

En esa misma línea, Pablo Solón, director de la fundación Solón, señaló que la consulta popular tiene el objetivo de recuperar la voz de los bolivianos y lograr cambios estructurales

“Lo que se busca con esta consulta popular es recuperar nuestra voz, nuestra capacidad de expresarnos e incidir en nuestras políticas (…) Necesitamos un fuerte respaldo de la población, necesitamos una fortaleza a ese nivel para que se sancione a los grandes y medianos propietarios (que provocan los incendios), este es un tema crucial, si sigue habiendo impunidad al año van a volver más incendios”, dijo.

Acotó que la parte más importante de las preguntas es la que tiene que ver con la pausa ecológica, pues debe lograrse este año para evitar los posibles incendios del año 2025.

Al respecto, la cacique la región de Monteverde, en Santa Cruz, Ignacia Supepí, brindó su apoyo a la consulta nacional.

Informó que hasta el momento se cuantifican más de 8.300 personas afectadas por los incendios sólo en su territorio.

“Por eso hoy estamos aquí, para frenar los incendios que están provocando la destrucción de nuestro territorio y que están poniendo en riesgo a nuestros pueblos indígenas, por eso, estamos aquí para aportar en esta decisión que es muy importante para el país”, sostuvo.

De igual manera, el responsable del Comité de Movilización de Monte Verde, Juan Pinto, lamentó que ya no tengan el sustento de cientos de familias indígenas, pues todo fue arrasado por el fuego.

Exigió al Gobierno que haya una compensación para los afectados, pues para recuperarse de este “golpe” tardarán muchos años.

El representante de la Comunidad del Agua, Oscar Olivera, señaló que el camino que están emprendiendo hoy es el “correcto”, pues tiene el objetivo de construir una democracia real: “Hoy se lanza la consulta popular nacional por la vida, no es simplemente una consulta para referirnos a temas medioambientales, sino ante todo es por la vida, y esta consulta tiene una significación simbólica, pero absolutamente legítima. No tiene ninguna validez legal, pero lo que nos interesa fundamentalmente es que a partir de hoy, como lo hemos hecho muchas veces, este pueblo se ponga de pie para construir una verdadera democracia”.

Al respecto, el coordinador del Programa Nina de la Red UNITAS, Walter Limache, informó que inicialmente consideraron hacer un referéndum, el cual es de carácter vinculante, no obstante, éste llevaría un tiempo más extenso, razón por la cual lo descartaron y optaron por realizar la Consulta Popular, la cual será una expresión moral de la población.

“Invitamos a que se sumen organizaciones y la población para que expresen sus sentimientos a través de estas preguntas”, puntualizó en radio Panamericana.

Con la presentación de los resultados del conteo rápido programada para el 14 de octubre y el resultado final el 18 de octubre, la Consulta Popular Nacional por la Vida busca empoderar a los ciudadanos en la toma de decisiones sobre el futuro ecológico y social de Bolivia.

Estas son las cinco preguntas para los bolivianos

1) ¿Está de acuerdo en que la Asamblea Legislativa y el Gobierno Nacional abroguen de manera inmediata todas las leyes y decretos del paquete incendiario? SÍ – NO

2) ¿Está de acuerdo en que la superficie quemada de manera ilegal en una propiedad mediana o empresarial sea revertida a dominio y propiedad del pueblo boliviano por incumplimiento de la función económica y social, y sea declarada como tierra fiscal no disponible hasta su total recuperación y restauración? SÍ – NO

3) ¿Está de acuerdo en que la Asamblea Legislativa y el Gobierno Nacional aprueben y garanticen el cumplimiento de una pausa ecológica que asegure la total recuperación y restauración de toda superficie afectada por quemas ilegales e incendios? SÍ – NO

4) ¿Está de acuerdo en que el Estado fortalezca y promueva alternativas sostenibles como la agroecología, agroforestería y ecoturismo; y garantice el derecho de los municipios, territorios indígenas y comunidades campesinas a declararse libres de minería, deforestación, transgénicos, agrocombustibles y contaminación del suelo, aire y agua? SI – NO

5) ¿Está de acuerdo en incrementar el presupuesto del Sector Medio Ambiente y Agua del 0,7% al 10% del Presupuesto General del Estado, priorizando su uso para la recuperación y restauración de los bosques y la biodiversidad, el fortalecimiento de las áreas protegidas, la atención de la crisis hídrica y el apoyo a los pueblos indígenas y población afectada por los incendios, garantizando mecanismos de participación y control social para su adecuada ejecución? SI – NO

¿Cómo podrá participar la población?

Estas son las formas de votación:

a) Formulario de votación en línea

b) Votación en ánfora en lugares habilitados

c) Votaciones en asambleas de comunidades y organizaciones sociales respetando normas y procedimientos propios.

BD/