La Paz, 07 de septiembre de 2024
Brújula Digital|03|06|24|
Yelka Maric
En La Paz existen más de 30 mil unidades habitacionales fuera de norma. La mayoría son viviendas unifamiliares y/o datan de hace más de una década. La mayoría de estas construcciones tiene una o dos pisos de infracción; algunas, tres; y otras, cuatro. En nuestra “Ciudad Maravilla”, hay 140 edificaciones comerciales que han construido entre cinco, 10 o más pisos en exceso. ¿Se puede perdonar un piso? Es probable que usted sea indulgente y diga que sí. ¿Y se puede perdonar cinco, 10 o más? Antes que responda le invito a ver la siguiente cronología del “perdón” en esta gestión edil.
En noviembre de 2021 se promulgó y publicó la Ley de Regularización 467 para legalizar las edificaciones fuera de norma sin límite de pisos infractores a cambio de multas netas irrisorias que oscilaban entre el 7,5% y el 15% del costo variable de construcción. La iniciativa fue aprobada por concejales que justificaron la norma señalando que beneficiaría a la ciudadanía más necesitada en la otorgación de catastros.
Sin embargo, la ley no logró su propósito. Ni siquiera el 15% se acogió a la “regularización”. Probablemente, los constructores que no querían afectar sus índices de rentabilidad proyectados violando normas de edificación no tuvieron la motivación suficiente para asomarse a la Alcaldía.
En diciembre de 2022 fue promulgada la controversial Ordenanza Municipal 046, conocida como de Construcciones Irrestrictas. Esta disposición alteraba las cartillas de los parámetros de construcción en 10 áreas de la ciudad, escogidas con lupa y pinza. Por sus características fue diseñada para favorecer los intereses de la empresa constructora Loritas, pues nueve de las 10 áreas coincidían con alguna de sus edificaciones y/o proyecto de edificación.
Esta normativa no le generaba ningún ingreso al gobierno municipal, los administrados recibirían el “perdón” 100% gratuito. Pasada la norma del Concejo al Ejecutivo (en el análisis técnico de la ordenanza per se) este identificó al menos 10 ilegalidades, que iban desde disposiciones contrarias a la Constitución Política del Estado hasta la pretensión de legalizar construcciones en terrenos municipales. En esa oportunidad, el alcalde Iván Arias luchó contra la 046, movilizó a diputados, presidenta del Concejo (yo en ese entonces), sociedad civil, Asamblea de la Paceñidad y otras instituciones. En un esfuerzo conjunto se logró su abrogación de la norma el 23 de febrero de 2023.
En julio de 2023 surgió el tercer intento de regularizar las edificaciones ilegales. Esta vez, el proyecto de ley nació en la oficina del alcalde con el rimbombante nombre de “Proyecto de Ley de viabilidad legislativa al derecho de edificabilidad”. En realidad, no era más que la versión 2.0 de la Ley 467, pero con multas aún menores. La sociedad civil rechazó otra vez el proyecto de Ley. Desde entonces, duerme en el Concejo porque, aparentemente, no hay suficientes votos para aprobarlo.
El 7 de diciembre de 2023 se produce el cuarto y, de lejos, el más ingenioso y silencioso intento de “perdón”. Ese jueves, el alcalde suscribió el Decreto Municipal 034, que establece casi lo mismo, pero de forma diferente, modificando valores de la fórmula de conversión de la sanción de demolición a sanción en multa pecuniaria de la reglamentación de la Ley 233 de fiscalización técnica territorial. Varios levantamos la voz en contra. Los funcionarios ediles responsables de los informes respaldatorios “ayudaron” al cometer errores que inviabilizaron su ejecución.
En resumen, los intentos fueron:
1.- Ley 467, no alcanzó ni el 15% de los resultados deseados y venció el 31 de diciembre de 2022.
2.- Ordenanza Municipal 046, abrogada antes de que algún administrado pueda ampararse en ella.
3.- Proyecto de Ley de viabilidad legislativa al derecho a la edificabilidad, duerme en el Concejo sin tratarse, pero se constituye en un riesgo potencial.
4.- Decreto Municipal N°034, nació muerto.
Los cuatro intentos de perdón han fracasado. Las energías del Universo se alinearon para proteger a La Paz.
Gran sorpresa la mía (mentira, en realidad ya nada me sorprende) leer el pasado viernes un comunicado de la empresa Loritas S.R.L. que responsabiliza al Concejo municipal por los retrasos de la entrega de las obras puesto que “dicha normativa por imperio de la ley debe ser tratada y emitida por dichas autoridades competentes”. ¡Qué brillante ocurrencia! Quieren que las victimas de estafa presionen al Concejo para que regularice lo ilegal a través de una norma, que seguramente es la que corresponde al tercer intento y que descansa en el Concejo.
¿Se puede perdonar las edificaciones ilegales? ¿En qué condiciones usted lo haría?
Es innegable que existen constructores irrespetuosos de la ley que buscan una mayor rentabilidad por metro cuadrado construido (más allá del lindo discurso de democratizar el acceso a vivienda en zonas privilegiadas a menores precios) sin considerar elementos del bienestar común:
-Situación de los servicios básicos de la zona.
-La potencial congestión de sus estrechas vías (peor si no tienen parqueos en sótano suficientes).
-Generación de conos de sombra a los vecinos y barrio en general (por ende atropello a la plusvalía y patrimonio del vecino).
-Incremento de las vulnerabilidades y amenazas en diferentes zonas, por ende mayor riesgo.
Si bien es una falacia creer que las edificaciones ya construidas van a ser demolidas, cualquier regularización debería exigir a los infractores al menos tres elementos:
1.- Altas compensaciones (multas). No sólo como desincentivo para futuras edificaciones fuera de norma, sino principalmente para financiar la mejora, mantenimiento y capacidad de los servicios básicos del barrio afectado.
2.- Obligación de contar con seguros para los vecinos ante las potenciales afectaciones a sus predios.
3.- Obligación de financiar la mejora y mantenimiento de algunos espacios públicos del barrio afectado por la congestión vehicular, conos de sombra, entre otros.
Estas sugerencias ya las vertí en el pleno del Concejo en la discusión previa a la aprobación de la Ley 467, pero cayeron en oídos sordos. También las planteé en reuniones sostenidas con el Órgano Ejecutivo en el tratamiento de este y otros temas relacionados a esta problemática.
Es responsabilidad del GAMLP desincentivar esta práctica en el presente y a futuro, además de actualizar la ley de usos de suelos urbanos (LUSU) que establece las normas que rigen el uso, clases y destino del suelo, patrones de asentamiento y los parámetros de edificación para la construcción en el territorio del municipio de La Paz.
Solicité al Ejecutivo publicar el listado de todas aquellas construcciones con fines de lucro sin planos autorizados y sin permisos de construcción con el fin de reducir el número de potenciales clientes de lo “bonito y barato”. También solicité un mega simposio para el tratamiento del tema LUSU con la participación de todos los profesionales expertos de la sociedad civil y universidades. Solicitudes y sugerencias que no fueron consideradas por el Alcalde, en vista de que tiene otras prioridades de gestión, con las cuales definitivamente yo no comulgo.
El tema que me ocupa en este artículo es de gran envergadura dado el enorme listado de las variables pertinentes a considerar de acuerdo a particularidades propias de cada zona. Encantada recibiré la lluvia de ideas que me puedan hacer llegar al respecto.
¡Hacer respetar la Ciudad Maravilla es una tarea de todos!
Yelka Maric es concejala de La Paz.