Oficina de DDHH de la ONU afirma que la ley de arraigo transgrede estándares internacionales

Brújula Digital |26|8|20|

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) afirmó que la ley de arraigo, impulsada por el MAS en el Legislativo, “transgrede los estándares internacionales de DDHH”.

El proyecto de ley establece que las autoridades actuales del nivel central, departamental y municipal deben permanecer arraigados en el país tres meses después de la finalización de sus mandatos. Esta norma busca que se sancione a funcionarios que hayan cometido posibles delitos, pero viola potencialmente los derechos humanos de miles de personas.

“Luego de un análisis preliminar, OACNUDH observa con preocupación que el Proyecto de Ley, al establecer la obligación de permanecer en territorio nacional a determinados personas que han detentado cargos públicos por un lapso de tres meses luego de haber cesado su función pública, estaría trastocando el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso y el derecho a la libre circulación (que abarca la potestad de toda persona de salir libremente de su país)”, dice un comunicado de la entidad.

El documento agrega que “Estos derechos se encuentran ampliamente reconocidos por el derecho internacional en los artículos 11 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos”.

La Cámara de Diputados sancionó este miércoles dicha ley y ahora se espera su promulgación por parte del Ejecutivo. Es seguro que la presidenta Jeanine Añez no promulgará la norma, pero si no lo hace, la presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), es la que lo hará.

El presidente de Diputados, Sergio Choque (MAS), afirmó el martes que “Nadie podrá salir del país hasta aclarar los manejos económicos que pudiera haber hecho”.

Ante ello, la OACNUDH manifestó que el rendir informes es fundamental, pero que no debe violentar la presunción de su inocencia.

“La rendición de cuentas es fundamental, pero su realización no debe violentar la presunción de inocencia y el debido proceso, ni colocar una restricción indebida al derecho a la libertad de circulación que incluye la potestad de toda persona a salir libremente de su país”, expresa esa entidad internacional.

Esa misión en Bolivia recordó la relevancia que supone el respeto a las garantías judiciales, el debido proceso y la presunción de inocencia, que se refleja en el informe sobre “La situación de DDHH tras las elecciones del 20 de octubre de 2019”.

BD/ML