Medioambientalistas elaborarán proyecto de ley para abrogar normas "ecocidas"

Brújula Digital|29|01|20|

Normas como el Decreto Supremo 3973, que autoriza las quemas controladas en los departamentos de Santa Cruz y Beni para el incentivo a la actividad agropecuaria, entre otras, son rechazadas por varios sectores de la sociedad porque generaron incendios de gran magnitud, como el que se registró entre agosto y octubre del pasado año en la Chiquitanía y que causó fuertes daños en la flora y fauna del lugar. En regiones del Trópico cochabambino, Parque Tunari, también se produjeron incendios y no por causa de la naturaleza sino por acción de la mano del hombre.

Ante estos hechos el Colectivo Múltiples Voces, organización de voluntarios difusores y defensores del medio ambiente, se unió al pedido de abrogación de las denominadas normas “ecocidas”, que son fuertemente rechazadas por el daño que causan.

El activista medioambiental, Pablo Solón, informó que se prepara un proyecto de ley para esta abrogación.

“Esta es una iniciativa de varias organizaciones y colectivos y estamos elaborando este documento para presentarlo en las siguientes semanas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y que sea en este gobierno transitorio que se trate este tema, porque luego podría ser tarde”, manifestó Solón.

El expresidente Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 3973, en julio del año pasado, apenas un mes antes que se  inicien los incendios en la Chiquitanía  que arrasaron con más de cuatro millones de hectáreas y que ni con el trabajo de cientos de bomberos voluntarios ni aviones cisternas que llegaron de EEUU y Rusia pudieron ser aplacados. Tuvo que ser la propia naturaleza, que con lluvias disminuyó la intensidad del fuego, los focos de calor, y recién esta catástrofe pudo ser controlada.

El Colectivo Múltiples Voces envío una misiva a la presidenta transitoria Jeanine Áñez en la que le solicitan la abrogación de las siguientes normas: Ley 741 de autorización de desmontes; DS 3973 que autoriza quemas y desmontes controlados en Santa Cruz y Beni; Ley 1171 de manejo y uso de fuego para la actividad productiva y DS 3874 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya.