El Gobierno inicia acción judicial para anular fallo que suspende clausura del año escolar

Brújula Digital 20|08|20|

El Ministerio de Educación inició una contraofensiva legal en contra del fallo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que anuló la clausura del año escolar. El titular de esa cartera, Víctor Hugo Cárdenas, informó que este jueves se presentó un memorial de enmienda, aclaraciones y precisiones sobre la “resolución política” dictada el miércoles, debido a que la misma fue “cocinada” por tres abogados del MAS, entre ellos el vocal Israel Campero, quien, dijo, fue brazo derecho del exministro Héctor Arce.

“Es un fallo de causas políticas porque el vocal Israel Campero es el brazo derecho del exdirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce, porque fue su asesor jurídico cuando era directivo de la Cámara de Diputados; cuando fue Procurador, Campero fue subprocurador; en el Ministerio de Justicia también trabajó con él y, en la vicepresidencia de Álvaro García, fue asesor jurídico. Por eso hemos pedido la excusa de dicho abogado porque tiene intereses conflictivos creados, pero no hizo caso a la excusa solicitada”, sostuvo Cárdenas en una conferencia de prensa virtual.

El miércoles, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió la tutela a los demandantes de una acción popular, entre los que se encontraban la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y la diputada Lidia Patty (MAS).  Con ese fallo, anuló la resolución del Ministerio de Educación que clausuró el año escolar 2020 y dio 10 días a esa cartera de Estado para presentar una política integral para el retorno a la labor educativa.

Cárdenas, al referirse a ese fallo, explicó que las enmiendas, aclaraciones y precisiones apuntan a cinco aspectos y preguntas específicas. Primero, dijo, se pidió que se aclare si es que se pidió que se retornen a las clases presenciales, como lo pidió explícitamente el abogado de la diputada Patty. De ser así, acotó, el Gobierno no lo hará, para preservar la vida de estudiantes, maestros y ciudadanía boliviana, por la pandemia de coronavirus que azota al país.

En segundo lugar, indicó, se pidió una explicación del por qué no se exigió la presentación de pruebas a la parte demandante, ya que el Ministerio de Educación presentó toda la documentación respectiva.

El tercer punto para aclarar, señaló Cárdenas, tiene relación con la primera, pues a la Justicia debe pronunciarse si vela por la vida de la comunidad educativa, debido a que implícitamente invita a reanudar las clases presenciales, con lo que se expone al contagio de coronavirius.

En el cuarto punto piden que se explique por qué no se excusó del caso Campero, cuando se presentó esa demanda con base documentada. “Él se hizo la burla y continuó conduciendo la reunión de la sala constitucional cuando su actitud correcta debió ser ponerse a un lado porque era parte del problema”, sostuvo.

Al final, en el punto cinco, se indicó a la Justicia que el plazo de 10 días es insuficiente para crear una política educativa. Cárdenas cuestionó el hecho de que en ese término se quiera solucionar el abandono de la educación de 14 años del MAS.

El Ministro de Educación aclaró que una vez que se obtenga esas respuestas, se verá si se inicia un proceso legal en contra de Campero, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y uso indebido de influencias.

BD/JJC