Defensoría demanda intervención inmediata de las instituciones en el conflicto de Chushuara

Brújula Digital |31|03|2022|

La Defensoría del Pueblo exhortó ayer a las instituciones del Estado para que intervengan de inmediato en el conflicto agrario-minero de Chushuara, municipio de Apolo de la provincia Franz Tamayo de La Paz.

La entidad defensorial reportó que existe al menos 15 personas heridas y siete retenidas como producto de los enfrentamientos registrados el martes. 

"El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha informado que el proceso de saneamiento en Chushuara ha sido paralizado; pese a que existe una Sentencia Agraria Nacional S1 N°010/2011 del Tribunal Agroambiental, que el INRA debió dar cumplimiento. Oportunamente debió elevar un informe de conclusiones técnico-jurídico para verificar el derecho a la propiedad agraria en esa zona, así como verificar el cumplimiento de las medidas precautorias en el área, pero ambas acciones no fueron realizadas en más de 11 años, lo que desembocó en problemas de posesión de tierras entre tres grupos" señala la Defensoría del Pueblo, según una nota de prensa.

Chushuara se ha convertido en una zona de conflicto entre campesinos e interculturales ligados al MAS por el control de la explotación de oro en una zona agrícola.

La entidad dirigida por la defensora Nadia Cruz propició tres procesos de diálogo desde octubre de 2021, según la nota.

"Se ha identificado que existen intereses sobre recursos mineros de la zona, lo que agrava el conflicto", se lee.

Según información de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en el área hay 24 solicitudes de contrato administrativo minero, pero ninguno fue consolidado; por lo tanto, cualquier actividad minera que existiese en el lugar es ilegal, denuncia la Defensoría.

"La Defensoría del Pueblo exige al INRA departamental de La Paz cumplir con sus obligaciones diligentemente, en apego a las normas correspondientes y en el marco de los lineamientos del INRA nacional para realizar un trabajo técnico-jurídico. Y demanda a la AJAM que realice inspecciones en la zona ante la posible existencia de actividad minera ilegal".

La Defensoría además exhorta a todas las instituciones llamadas por ley a no generar acuerdos por fuera de las normas sobre Tierra y Territorio, Minería, Medio Ambiente, y exige que se respeten los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas y la Madre Tierra.

La Defensoría del Pueblo también solicita a la Policía Boliviana Nacional el despliegue de efectivos para controlar el enfrentamiento y demanda al Ministerio Público que investigue estos hechos violentos, que atentan contra los Derechos Humanos.

BD