Defensoría acude a la Justicia para interrumpir embarazo de niña de 11 años

Brújula Digital |27|10|21|

La defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, acudió a la Justicia, a través de tres demandas, para la interrupción de la gestación de una niña de 11 años, quien quedó embarazada producto de una violación en Yapacaní. La familia de la menor y la Iglesia Católica rechazan el aborto y lograron el alta médica de la paciente.

En una conferencia de prensa, Cruz informó que impulsa tres demandas judiciales para lograr la interrupción del embarazo y para sentar un precedente para este tipo de casos. Dos de esas causas serán presentadas en el ámbito nacional y una ante un organismo internacional.

Cruz dijo que espera un pronunciamiento rápido de la justicia ante sus demandas, debido a que este caso se encuentra a “contrarreloj”, ya que la niña tiene 21 semanas de embarazo y según la Organización Panamericana de la Salud, el aborto en una menor de 15 años tiene cuatro veces más riesgo de muerte para la paciente que una mujer mayor. 

Además, las leyes bolivianas permiten la interrupción del embarazo, en casos de violación, hasta la semana número 22 de gestación, según una autoridad de la niñez.

La Defensora del Pueblo interina informó que la primera demanda es una acción de libertad en contra de las defensorías de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz y Yapacaní, contra la Conferencia Episcopal y contra el centro de salud cruceño Percy Boland, para que la Justicia ordene a la Defensoría de la Niñez de Yapacaní que cumpla medidas de protección para la interrupción del embarazo, “alejando cualquier influencia de la madre, familiar o cualquier grupo religioso”.

La segunda demanda es una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado boliviano, por considerar que la vida, salud integral y dignidad de la niña violada se encuentran en peligro. Cruz consideró que la respuesta de la CIDH debía ser rápida, ya que existe un caso similar, sobre el cual se pronunció, en El Salvador.

Con esta medida, acotó, se pedirá que el Estado asuma la salvaguarda de la menor de 11 años embarazada y así también se pueda encaminar a la interrupción del embarazo.

Finalmente, la tercera medida, es una denuncia penal en contra del personal médico del hospital Percy Boland, los funcionarios de las defensorías de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz y Yapacaní, la ONG o grupo religioso y la Conferencia Episcopal de Santa Cruz y contra la madre de la niña de 11 años por los delitos de incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y acciones de inconstitucionalidad y por trata de personas con fines de disposición del ser humano, con o sin fines de lucro, con fines de embarazo forzado y con fines de guarda o adopción.

La defensora del Pueblo interina señaló que por esos delitos la normativa vigente establece una sanción de privación de libertad de 15 a 20 años, considerando que la víctima es de 11 años.

El embarazo de la menor fue denunciado el fin de semana. Se informó que el agresor, que sería el abuelastro de la niña, se encuentra detenido en el recinto penitenciario de Montero, en el departamento de Santa Cruz.

El fin de semana, los médicos del hospital Percy Boland valoraron a la niña para proceder a la interrupción del embarazo, pero el martes, la menor fue dada de alta porque su madre y la Iglesia Católica rechazaron el aborto.

BD/JJC