Concejala Maric apunta al Ejecutivo por ignorar normas que protegían la casa patrimonial demolida

Brújula Digital |20|05|24|

La concejala Yelka Maric denunció este lunes que el Ejecutivo Municipal ignoró normas que protegían una casa patrimonial, estilo pagoda, ubicada en la avenida 20 de Octubre y calle Romecín Campos de Sopocachi, que fue demolida en mayo de 2022 para la construcción en el lugar un edificio y en enero del presente año la caída de una de sus plataformas destapó la ilegalidad.

La concejala informó que recibió “providencialmente” una copia del informe de la Secretaría Municipal de Planificación SMP/DATF/UAPFT/No 508/2022 (emitido el 29 de junio de 2022) que supuestamente habría sido ocultado por el Ejecutivo. Está firmado por la responsable de Fiscalización Territorial, María del Rosario Chávez, y detalla una serie de antecedentes que confirma que el inmueble derruido, estaba catalogado como patrimonio cultural.

“(El informe) llama la atención severamente al secretario municipal de Culturas, Rodney Miranda, por emitir la Resolución Administrativa 008/2022, en total contravención al espíritu de preservación patrimonial de los predios catalogados, siendo que la Secretaría Municipal de Culturas y Turismo, es la primera instancia llamada por ley para proteger el patrimonio del municipio, instancia que no consideró los siguientes instrumentos legales”, informó Maric en conferencia de prensa.

Con base a ese informe, Maric dijo que la casa patrimonial “no se podía demoler porque se encontraba identificada como inmueble objeto de protección”, y que la Secretaría Municipal de Culturas y Turismo “no habría tomado en cuenta” la normativa nacional y municipal, tales como:

La Ley de Patrimonio Cultural Boliviano – Ley 530 de fecha 23 de mayo de 2014 que tiene por objeto normar y definir políticas públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, conservación, restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de declaratorias y salvaguardia del Patrimonio Cultural Boliviano.

La Ley Municipal Autonómica No 265 que, según el objeto de tal norma es la de “salvaguardar, preservar, fortalecer, promocionar, de difundir y desarrollo de las culturas y las artes; la protección del patrimonio cultural”.

La tercera norma que el Ejecutivo edil habría ignorado es el Decreto Municipal 20/2019, que aprueba el reglamento “para la Protección del Patrimonio Cultural”. Y, cuarta, la Resolución Ejecutiva 134/2018, que aprueba “el Plano de identificación de áreas, conjuntos, circuitos, tramos, inmuebles y elementos de carácter arquitectónico y urbanístico, que serán considerados como objeto de protección de su valor patrimonial, por su valor histórico – cultural, artístico, tipológico, tecnológico de integridad urbano y simbólico”.

Además, prosiguió Maric, la casa de estilo pagoda no debió ser derruida porque un informe recomendó “no emitir ninguna actuación administrativa (autorizaciones, permisos, licencias, etc.) mientras no se determine la legalidad de las actuaciones realizadas”.

“El informe (No 508/2022) señala que no se podía demoler este inmueble porque se encontraba catalogado como inmueble objeto de protección, la autorización de demolición se clasificaría como infracción muy grave, al tratarse de una demolición que destruyó totalmente el patrimonio identificado”, aseveró Maric.

La concejala, que es de las filas de la Alianza Por el Bien Común - Somos Pueblo, sostuvo que justo este informe presuntamente fue ocultado por el Ejecutivo Municipal de La Paz.

“Como broche de oro, la deducción final y natural, el órgano Ejecutivo ha ocultado este informe puesto que el último proveído indica ‘de acuerdo a reunión sostenida en la Secretaría Ejecutiva Municipal, entiéndase en el despacho del señor José Carlos Campero Núñez del Prado, pase a archivo, dicho de otro modo, que se entierre (este) informe”, indicó Maric.

En enero de 2024, el edificio que se construye sufrió la caída de una plataforma debido, supuestamente a filtraciones de agua que habría en la zona. Luego se destapó que en dicho lugar estaba una casa de estilo pagoda que fue demolida por la resolución No 008/2022, firmada por el secretario Miranda, la misma que anulaba el trámite de declaratoria de patrimonio cultural.

“Hasta entonces el inmueble no es patrimonio, puede contar con una ficha de catalogación patrimonial, pero no quiere decir que es patrimonio. Sin embargo, había la presunción de que era patrimonio”, dijo Miranda en enero de 2024 a La Razón.

Consultado sobre las normas que protegían la casa patrimonial, Miranda indicó a Brújula Digital que la Fiscalía debe resolver la legalidad del inmueble derruido. “La concejal Maric ha indicado que presentará una nueva denuncia a la Fiscalía, será la Fiscalía la que resuelva la legalidad o ilegalidad de nuestros actos, es por eso que no puedo dar ninguna postura por el momento”.

La concejala denunciante informó que el alcalde Iván Arias y el secretario Campero se acogieron a su derecho de silencio. Recordó que la fiscal asignada como el investigador no hicieron nada, después que presentara la denuncia.

“La fiscal Rocío Marisel Ortiz Mena ha tenido el descaro de emitir una resolución de rechazo, por su puesto, ya he presentado un memorial de objeción a la referida resolución de rechazo. Estoy pidiendo también audiencia con el fiscal departamental, William Alave, a objeto de presentar el caso y explicarle los detalles respectivos. Tengo la esperanza de que, con esta evidencia de corrupción, el señor fiscal departamental determinará la prosecución del caso, modificando en todo y totalmente el rechazo dispuesto por la fiscal asignada”, dijo Maric.

En el cierre de la conferencia de prensa, la concejala Maric convocó a autoridades y paceños a cuidar el patrimonio local. “Solicito fervientemente a los fiscales de la bancada minoritaria, a los concejales de la bancada mayoritaria, a la presidenta del Concejo, a los senadores por La Paz, a los diputados uninominales por La Paz, y a todas las figuras públicas que denuncien actos de corrupción, ciudadanos amantes de su patrimonio, apersónense a la Fiscalía y adscríbanse como interesados al caso. El control social nos puede unir”.

BD/RED