CIDH propone regular publicidad gubernamental “sin discriminación” y garantizar la libertad de expresión

Brújula Digital|15|03|24|

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió cinco recomendaciones al gobierno de Luis Arce, para su aplicación a través “normas integrales”, una de ellas propone la necesidad de regular la publicidad gubernamental “sin discriminación”, además de incentivar el periodismo independiente y garantizar la liberta de expresión.

“Adoptar un marco normativo integral sobre la distribución de publicidad oficial, sin discriminación y sin interferencia en las políticas editoriales de los medios, y que incentive a los medios de comunicación que sean independientes de la política de publicidad oficial del estado”, se lee en el informe de la CIDH.

El llamado de la CIDH al gobierno de Arce, para regular la distribución de publicidad gubernamental, adquiere mayor relevancia en un contexto marcado por denuncias de “asfixia económica” y “persecución política” por periodistas, directores de algunos medios y las asociaciones de periodistas.

Este pedido surge después del cierre de medios como Página Siete y al menos tres emisoras radiales en la región yungueña, que perdieron sus equipos y licencias tras suspensión por parte de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT).

La segunda sugerencia implica la elaboración y ejecución de una “campaña pública de información sobre el respeto a la legitimidad e independencia periodística” para fortalecer el Estado de derecho y consolidar la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad democrática.

La CIDH también hace referencia a la necesidad de adoptar el derecho interno para proteger el honor y la reputación sin recurrir al uso del derecho penal, asegurando así la libertad de expresión y de prensa. En este sentido, insta a los medios de comunicación a adoptar medidas voluntarias de autorregulación, como la implementación de códigos de ética y la creación de consejos de prensa, entre otras iniciativas.

El periodismo tiene al Tribunal Nacional de Ética Periodística, que es el principal mecanismo de la autorregulación de la labor periodística, es decir que son los propios periodistas los que emiten fallos de tipo moral y ético a los colegas que cometen alguna falta. Además, de la vigente Ley de Imprenta de 1925.

El quinto pedido que se destaca en el informe de la CIDH es el de “adoptar una ley para garantizar el derecho al acceso a la información” que vincule a todos los órganos del Estado y sus diferentes niveles de organización.

BD/AGT