La Paz, 07 de septiembre de 2024
La Policía presenta a los acusados de ciberextorsión. Foto: APG
Brújula Digital|31|05|24|
Los diez ciberextorsionadores, liderados por un ciudadano de nacionalidad china, una boliviana y un colombiano, lograban contactar a unas 1.080 víctimas cada día y este sábado verán al juez, después que este viernes fueron presentados por la Policía Nacional, en la ciudad de Santa Cruz.
La audiencia de medidas cautelares contra las diez personas acusadas de formar parte de una red internacional de ciberestafadores se postergó este viernes para este sábado a las 13:00. El proceso penal se efectúa en el sexto piso del Palacio de Justicia.
La audiencia cautelar fue suspendida para el sábado por una circunstancia relacionada con el ciudadano de origen chino. “Hay un ciudadano de origen asiático, quien tiene derecho a un intérprete conforme lo establece la ley”, manifestó uno de los fiscales que está a cargo de la investigación.
El fiscal Carlos Candia informó que el Ministerio Público ya había presentado la imputación formal contra las personas por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía solicitará que los imputados sean detenidos de manera preventiva por un plazo de 180 días en la cárcel de Palmasola para asegurar su presencia en el marco de las investigaciones.
La investigación policial reveló que la organización estaba liderada por un ciudadano chino, Lei Z., quien era el accionista mayoritario de la empresa fachada. Su socia era una joven boliviana de 19 años, Sofía R.V.
El subjefe de la organización era un colombiano de nombre Miguel Ángel R.F., quien se desempeñaba como traductor del chino y estaba a cargo del área administrativa.
Percy R.D. era el encargado de Recursos Humanos y se encargaba de reclutar personal, exigiéndoles requisitos como documentos de antecedentes penales y dos teléfonos celulares.
Marcelo T.M. era el responsable de capacitar a los nuevos empleados y presentaba la empresa como un "Estudio de mercados de realización de encuestas".
Adriana R.M. era la controladora de calidad y Fiorela S.V. la encargada de Recursos Humanos.
Los cobros a las víctimas estaban a cargo de diferentes personas según la nacionalidad del deudor. Franco P.R. era el líder peruano, mientras que Gianella M.M. se encargaba de las víctimas de Ecuador y Luis A.F. de las de México y Chile.
El fiscal Candia explicó que había una red que hacía cobros de supuestos préstamos a personas en el exterior. Agregó que se investiga de dónde provenía el dinero prestado, pues hasta la fecha es considerado de dudosa procedencia.
BD/RED