Adepcoca demanda a ex ministro Cocarico y a cocaleros afines al MAS por toma de predios

Brújula Digital|08|01|20|

Por la toma y destrozos ocasionados a los ambientes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, presidente de la institución cocalera de La Paz interpuso una demanda penal en contra del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Cocarico, y dirigentes cocaleros afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Vamos a hacer la denuncia correspondiente acá en la Fiscalía: 1) Sobre el robo de las carpetas contables de Adepcoca; 2) Sobre la intervención del hospital cocalero, ubicada en la calle 10 villa El Carmen, como también la intervención a nuestro mercado Adepcoca", manifestó el líder cocalero.

Franclin Gutiérrez en compañía de Sergio Pampa y otros miembros del directorio de Adepcoca presentaron ante la Fiscalía la denuncia penal en contra del exministro Cesar Cocarico, los exviceministros de la Coca, Froilán Luna y Eulogio Condori, además de los dirigentes cocaleros de la directiva paralela de Adepcoca de Los Yungas afín al MAS: Elena Flores, Freddy Velásquez, Primo Sepúlveda, Víctor Yana, Rolando Canceno, Rosemary Alarcón, Gregorio Chamizo y otros.

Gutiérrez explicó que estas personas son denunciadas por los intentos de toma y destrozos al mercado de la coca en Villa Fátima, la toma del hospital de Adepcoca para convertirla en un mercado ilegal de la coca y robo de documentos contables.

El presidente de Adepcoca explicó que se hizo esta demanda por mandato de sus bases y pidió al Ministerio Público iniciar las investigaciones contra los mencionados

Eusebio Gutiérrez, abogado de la institución cocalera, mencionó que la denuncia contra quienes conformaron la asociación paralela de Adepcoca es por los delitos de allanamiento de domicilio y sus dependencias, robo agravado y conformación de sociedades y asociaciones ficticias.

El presidente de Adepcoca estuvo recluido en el penal de San Pedro de La Paz, desde agosto de 2018 a noviembre de 2019, debido a un proceso político iniciado por el Ministerio de Gobierno del gobierno de Evo Morales, que lo acusaba de ser el responsable de la muerte de un efectivo policial durante una intervención de la fuerza del orden en la región yungueña.