Para construir un sistema de salud que no solo trata la enfermedad, sino que garantiza el derecho a la vida y el bienestar a través de la equidad, la acción intersectorial, la gobernanza de Estado y la corresponsabilidad financiera.
Brújula Digital|25|10|25|
Javier Torres Goitia Caballero
La salud en Bolivia es un pilar esencial para el desarrollo humano, la justicia social y la productividad nacional. Reconocemos que el estado de salud de nuestra población no es solo la ausencia de enfermedad, sino el resultado directo de la interacción compleja de los determinantes sociales, económicos y ambientales, tales como la educación, el empleo, el acceso a vivienda digna, la seguridad alimentaria y la equidad de género. Por lo tanto, esta política nacional de salud se cimenta en el principio ineludible de que la salud es un resultado de las condiciones de vida y la situación socioeconómica de la población (salud como determinante social) y no únicamente del sistema sanitario.
La disparidad en los indicadores de salud a lo largo del territorio nacional, marcada por profundas brechas de inequidad, exige un cambio de paradigma hacia un modelo de atención integral en salud. Este modelo debe operar bajo la premisa de que, para garantizar el bienestar de la ciudadanía, es fundamental articular tres dimensiones inseparables y complementarias de la atención:
Promoción de la salud (promoción): actuar sobre los determinantes sociales para crear entornos saludables y empoderar a las comunidades.
Prevención de la enfermedad (prevención): evitar la aparición de enfermedades específicas, reducir los factores de riesgo y detener su progresión.
Reparación de la salud (reparación): provisión de servicios curativos, de rehabilitación y paliativos con calidad, calidez y equidad.
Gobernanza y sostenibilidad: salud como política de Estado
Para asegurar la continuidad y efectividad de este enfoque integral, la salud pública debe trascender las coyunturas políticas y ser elevada al rango de política de Estado. Esto requiere una estructura de gobernanza que garantice su aplicación a largo plazo y su pertinencia territorial:
Estructura de gobernanza trascendente: se propone la creación de un consejo nacional de salud como máxima instancia de articulación y supervisión. Esta entidad debe ser autónoma y multisectorial, asegurando que sus decisiones persistan más allá de los cambios de gobierno.
Descentralización con enfoque poblacional: el consejo operará bajo mecanismos absolutamente descentralizados, transfiriendo la capacidad de gestión y decisión a los niveles subnacionales. El eje de la acción no será el acto médico aislado, sino la situación de salud integral de un determinado grupo poblacional y su territorio.
Monitoreo y supervisión: se establecerán instrumentos de seguimiento y supervisión permanentes, basados en indicadores de impacto sobre los determinantes sociales y las condiciones de vida, garantizando la rendición de cuentas.
El desafío del financiamiento solidario y la informalidad
Dada la realidad de un país con recursos limitados y una estructura laboral caracterizada por un alto índice de informalidad (cercano al 80% de la población económicamente activa), la sostenibilidad y la universalidad de esta política nacional de salud dependen críticamente de la innovación en el financiamiento. La inversión en salud debe ser reconocida como una inversión estratégica para el desarrollo, y no como un gasto.
Reconocemos que una parte significativa de esta población informal genera recursos económicos, pero carece de una estructura administrativa de servicios de salud integral a la cual acudir con seguridad y certeza. La exclusión de este amplio segmento de la población del sistema contributivo tradicional debilita la solidaridad y perpetúa la inequidad.
Para lograr la cobertura universal y el acceso equitativo, esta política propone la articulación solidaria sin privatización, enfocada en el nivel local:
Mecanismos de corresponsabilidad local: a nivel local, se debe abrir la oportunidad para que las poblaciones informales se organicen y participen activamente, ya que esto facilita la recaudación y gestión de recursos con fines solidarios.
Convergencia de subsectores: esta organización local deberá facilitar la articulación funcional de los tres subsectores existentes (el Ministerio de Salud/Público, la seguridad social a corto plazo y el sector privado). El objetivo central es crear un esquema de financiamiento solidario que optimice la red de servicios y la inversión, sin que esto implique la privatización de los servicios de salud ni la alteración de las estructuras administrativas de cada subsector.
En resumen, esta política nacional de salud se presenta como una hoja de ruta para construir un sistema de salud que no solo trata la enfermedad, sino que garantiza el derecho a la vida y el bienestar a través de la equidad, la acción intersectorial, la gobernanza de Estado y la corresponsabilidad financiera, haciendo frente a la realidad sociolaboral boliviana.
Iremos desarrollando cada uno de los componentes en futuras comunicaciones.
Javier Torres Goitia Caballero fue ministro de Salud y Deportes de Bolivia.
