Los medicamentos en Bolivia han subido de manera alarmante, con diferencias significativas entre farmacias legales e informales, afectando directamente al acceso de los pacientes.
Brújula Digital|21|10|25|
Mirna Quezada Siles
Los precios de los medicamentos en Bolivia aumentaron de manera alarmante. Actualmente un mismo tratamiento puede costar el doble o incluso un poco más dependiendo donde se lo adquiera. Luego de un sondeo realizado en distintas farmacias de La Paz, se comprobó que mientras algunas ofrecen precios relativamente más bajos, otras manejan costos excesivos para los mismos productos. Según los propios encargados, esta diferencia se debe a que ciertos lugares acceden a medicamentos de contrabando o de importación irregular, mientras otras se ajustan a los canales legales y a los altos costos que impone el mercado formal.
Frente a las denuncias del Viceministerio de Defensa del Consumidor sobre supuestos aumentos de hasta un 300 % en los precios, la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (CIFABOL) fue categórica. En una reunión sostenida con dicha autoridad, aclaró que si bien hubo incrementos en los precios de los medicamentos de producción nacional, estos no alcanzan los porcentajes denunciados. El alza, según explicaron, responde a una “delicada situación” causada por la falta de acceso a dólares y por los sobrecostos productivos derivados de esa crisis cambiaria. CIFABOL (que cuenta con 17 asociados de las 23 industrias farmacéuticas existentes en el país) recordó además que todas las actividades del sector, incluido el tema de precios, son de conocimiento del gobierno.
Uno de los argumentos más sólidos de CIFABOL es que los efectos de la cotización del dólar paralelo no se reflejan de inmediato en los precios. La industria depende de importaciones de materias primas y del pago de servicios logísticos que se programan con tres meses de anticipación, por tanto aunque el dólar paralelo baje, los efectos positivos en el mercado farmacéutico aún no pueden verse. “Las importaciones deben realizarse con anticipación y los plazos de arribo de las mercancías no permiten una reacción inmediata ante variaciones cambiarias”, señala la cámara. Este desfase temporal es comprensible, pero no por ello menos desesperante para los consumidores, que siguen pagando precios elevados mientras los márgenes de ganancia se concentran en algunos eslabones de la cadena.
Acusaciones
Sobre las acusaciones de abuso, CIFABOL sostiene que su papel es de representación y defensa gremial, no de regulación comercial. Su estatuto impide intervenir directamente en las prácticas de precios de las empresas afiliadas. Sin embargo, la entidad cuenta con un código de ética que sanciona conductas desleales dentro del mercado y asegura que la industria farmacéutica es una de las más fiscalizadas del país porque cada medicamento debe pasar por registros sanitarios y controles periódicos del Ministerio de Salud y de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED), lo que reduce el margen para maniobras abiertamente especulativas dentro del circuito formal.
En cuanto a la gestión del viceministerio, CIFABOL evita confrontar abiertamente, pero sí deja entrever su molestia ante las afirmaciones del gobierno del MAS. Señala que las denuncias sobre incrementos de precios no se sustentan en datos técnicos y que la crisis actual se advirtió desde finales de 2023 sin que se diera una solución estructural. “Somos una entidad sin fines políticos explican y no podemos afirmar si las declaraciones del viceministerio tienen una intención política; lo que sí sabemos es que los problemas de acceso a dólares, hidrocarburos y transporte siguen sin resolverse.”
Esa fragilidad económica afectó directamente la producción nacional porque el sector farmacéutico, altamente dependiente de la importación de principios activos y envases, asumió sobrecostos por pagos internacionales más caros y por el encarecimiento del transporte. Los retrasos en la entrega de insumos y el incremento del precio del combustible agravan una situación ya crítica y la falta de estabilidad económica encarece el producto final amenazando con el desabastecimiento.
Las dificultades de provisión se agudizan aún más en periodos de conflictividad social. En junio de 2025, los bloqueos organizados por sectores afines al expresidente Evo Morales paralizaron el tránsito de camiones con medicamentos, dispositivos médicos y oxígeno en 29 puntos de bloqueo en siete departamentos. CIFABOL alertó que estas interrupciones afectaban el “normal abastecimiento” a hospitales, centros de salud y farmacias, poniendo en riesgo la salud de la población.
El sondeo realizado en farmacias paceñas refleja la otra cara del problema porque mientras algunas tienen precios relativamente estables o apenas elevados, otras exhiben incrementos desmesurados que atribuyen a la falta de stock, a la subida del dólar y a los nuevos costos de reposición. Pero en medio de esas justificaciones también se advierte, con cierta reserva, que muchos establecimientos pequeños logran mantener precios bajos porque recurren a medicamentos de contrabando, introducidos sin registro sanitario ni control de calidad. En la práctica, el contrabando se convirtió en un regulador informal de precios, empujando hacia abajo a quienes actúan dentro de la legalidad. Este fenómeno erosiona a la industria nacional y pone en riesgo la salud pública al permitir la circulación de productos sin trazabilidad.
A todo ello se suma la crisis en el sistema de seguros médicos, donde no se cuenta con todos los medicamentos, sobre todo los destinados al tratamiento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer o patologías autoinmunes. Cuando un paciente no encuentra su medicación dentro de la red del seguro, debe comprarla por cuenta propia y luego tramitar un reembolso que suele ser lento, complicado y desgastante. Los formularios extensos, la exigencia de facturas específicas y la revisión minuciosa de los expedientes hacen que el proceso se prolongue durante semanas o incluso meses, lo que obliga a muchos asegurados a cubrir por sí mismos el costo completo del tratamiento.
La Lista Nacional de Medicamentos (LINAME) actualizada por última vez mediante Resolución Ministerial N°0132 del 6 de abril de 2022, rige para el período 2022-2024, según la AGEMED. Pese a su vigencia, no todas las instituciones del sistema público o de la seguridad social la aplican de manera efectiva. En mayo de 2024, el SEDES La Paz emitió una circular recordando a los comités hospitalarios y terapéuticos la obligación de actualizar sus listados conforme a la LINAME vigente. Sin embargo, los pacientes denuncian que muchos de los medicamentos esenciales que figuran en esa lista no están disponibles en farmacias con convenio de seguros, lo que convierte a la norma en una formalidad más que en una garantía real de acceso.
CIFABOL, consciente de la brecha, propuso establecer una agenda de trabajo con el gobierno para resolver el problema del acceso a dólares, revisar los precios referenciales en las compras públicas y adoptar medidas que garanticen el abastecimiento normal de medicamentos. La cámara pide que se prioricen soluciones estructurales antes que sanciones o acusaciones infundadas. “Apelamos a las garantías constitucionales del debido proceso y a la presunción de inocencia ante cualquier investigación”, remarcan, reafirmando su disposición al diálogo y transparencia.
No obstante, la distancia entre la retórica institucional y la experiencia ciudadana es abismal. La percepción pública es que los medicamentos están cada vez más caros, que los seguros no cubren lo esencial y que el Estado no controla el mercado. Esa sensación se agrava cuando el propio consumidor observa que los precios cambian no solo de farmacia en farmacia, sino incluso de un día a otro, como si la salud se cotizara en bolsa.
Laboratorios
Para la elaboración de la presente nota, varios laboratorios nacionales fueron consultados sobre la situación actual del mercado farmacéutico. Sin embargo, algunos se excusaron de responder alegando restricciones internas de información o compromisos institucionales, mientras que otros simplemente no contestaron el cuestionario enviado. Este silencio refleja el clima de cautela e incertidumbre que domina al sector en medio de la crisis económica y política que atraviesa el país.
La situación preocupante en Bolivia convirtió el acceso a la salud en un desafío diario. El próximo gobierno tendrá la obligación de encarar este tema con urgencia. No basta con estabilizar el tipo de cambio o controlar el contrabando de manera simbólica, se requiere una política farmacéutica integral que asegure precios justos, disponibilidad y control de calidad. Eso implica fortalecer a la industria nacional, garantizar divisas para la importación de insumos, crear un sistema de precios de referencia real y fiscalizar las redes de distribución que hoy operan con total asimetría.
La salud no puede seguir siendo rehén de la improvisación económica. Si la industria farmacéutica se asfixia, el contrabando ocupa su lugar; si el dólar se encarece, los medicamentos se vuelven cada vez más privilegio y si los seguros no abastecen ni reembolsan a tiempo, el paciente queda solo frente al mostrador. No hay discurso político que pueda maquillar esa realidad y lo que se necesita es decisión y coherencia para proteger al ciudadano antes que al mercado.
Mirna Quezada es comunicadora social y periodista.
