Dos sacerdotes jesuitas españoles fueron condenados en Bolivia a un año de prisión por encubrir los abusos sexuales de otro jesuita, Alfonso Pedrajas. La pena no se cumple en la cárcel.
Brújula Digital|02|09|25|
La justicia boliviana condenó a un año de privación de libertad a los sacerdotes jesuitas españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix por encubrir los abusos sexuales cometidos por el también jesuita Alfonso Pedrajas, quien falleció en 2009. La pena de un año no se cumple en la cárcel así que ambos sacerdotes no irán presos.
La sentencia fue leída este martes por el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción Número 4 de Cochabamba, informó El País de España.
El fallo se dio pese a que el autor de los delitos murió antes de ser juzgado y los abusos están prescritos.
“Celebramos porque para nosotros es el inicio: se abrió la puerta para encaminar la justicia tan esperada. En su momento hubo muchas denuncias, éramos niños, nos hicieron creer que la justicia la impartía el provincial de los jesuitas, así nos manipularon”, declaró Wilder Flores, víctima y presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS).
Recolons, de 81 años, fue provincial de los jesuitas en Bolivia entre 1993 y 1999 y llegó a ser el número dos de la orden en Roma entre 2004 y 2012. Alaix, de 83 años, ocupó el cargo de provincial entre 1999 y 2007.
Ambos negaron haber encubierto a Pedrajas y la Justicia española, donde el caso fue ventilado originalmente, estableció que no habían pruebas en su contra.
El caso salió a la luz en abril de 2023, cuando El País publicó fragmentos del diario personal de Pedrajas. En ese documento, el sacerdote reconocía haber abusado de al menos 85 menores en colegios jesuitas de Bolivia entre 1972 y principios de los años 2000.
Tras la revelación, la Fiscalía boliviana abrió una investigación, allanó sedes de la Compañía de Jesús en La Paz y Cochabamba, e incautó más de 4.000 folios de documentación interna.
El expediente judicial de 855 páginas incorporó 18 testimonios de víctimas, acompañados de informes psicológicos que confirmaron las secuelas de los abusos. También incluyó otras 21 evidencias materiales y 52 pruebas testificales. Una de las denuncias recogidas en el proceso describe: “Sentí que me estaban manoseando y empiezo a sentir mis labios mojados. Era el Pica (apodo de Pedrajas) que estaba besándome. Me desperté y le empujé. Él me dijo: ‘Pero ¿qué pasa? Solamente estamos jugando. Yo te amo’”.
Polémica
A pesar de que la Fiscalía de Madrid archivó las diligencias por la muerte del presunto responsable (Pedrajas) y por no encontrar indicios de “responsabilidad de terceros”, el Ministerio Público de Bolivia mantuvo abierta la causa penal contra los dos sacerdotes.
La Fiscalía no ha logrado demostrar que ellos conocían los hechos cometidos, dijo el abogado Marcelo Salinas a Brújula Digital. Alaix y Recolons, que fueron “provinciales” (jefes) de los jesuitas, sufren severas dolencias e incluso uno de ellos tiene un cáncer en grado 4.
Salinas recordó que el tribunal judicial Audiencia Nacional de Madrid, que el primero en conocer el caso, además de tomar declaraciones y analizar el material, dispuso el archivo de las diligencias.
El tribunal español fundamentó su decisión en que, al haber fallecido el denunciado (Pedrajas), el Código Penal español establece que la responsabilidad penal se extingue por “la muerte del reo”. Además, el tribunal agregó que no se encontraron “indicios de responsabilidad por parte de terceras personas”. Pese a ello, el juicio en Bolivia avanzó.
La defensa agregó durante el proceso que la Fiscalía boliviana, mediante el exfiscal Juan Lanchipa, inició un “proceso contra un muerto (Pedrajas)”, cosa que no está prevista en ningún código penal del mundo y tampoco en el boliviano.
Paralelamente, cuando el jesuita Recolons solicitó copias de estas diligencias, las autoridades españolas se negaron a proporcionárselas argumentando “que no era ni denunciado ni sospechoso”.
Un indicio de que el caso fue politizado se da en el hecho de que los dos primeros abogados de la acusación eran, a su vez, abogados de Evo Morales: Wilfredo Chávez y Nelson Cox, y que Pedro Lima, el vocero de las víctimas, fue asambleísta del MAS. Lima no denunció públicamente los hechos durante dos décadas, hasta 2023, cuando se publicó el diario.
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