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Sociedad | 30/08/2025   02:08

|ANÁLISIS|El Estado contra la Escuela| Mauricio Alzérreca|

Mientras no ataquemos las deformaciones estructurales del Estado boliviano seguiremos educando para un país plurinacional en el discurso, pero centralista en la práctica; una nación que aboga por la innovación, pero que vive de las piedras y los pozos.

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Brújula Digital|30|08|25| 

Mauricio Alzérreca 

El debate educativo en Bolivia parece atrapado en una dicotomía engañosa que enfrenta la defensa de una perspectiva indigenista y descolonizadora con un modelo técnico de influencia mundial basado en competencias. Mientras esta discusión estéril se agota en la superficie, nuestro sistema educativo se hunde, siendo incapaz de preparar a los jóvenes para los desafíos del siglo XXI. Un problema importante dentro del sistema educativo se remonta al deterioro de los cimientos de un Estado que actúa en contra de sus propias escuelas.

La crisis educativa es el reflejo de cuatro patologías estructurales que Bolivia arrastra a través de sus distintos movimientos históricos: Estado-Nación, Estado Neoliberal y Estado Plurinacional. Independientemente de la ideología de turno, un régimen político hiperpresidencialista y un modelo económico extractivista, han persistido sin cambios. 

Estas fallas sistémicas, alimentadas por una cultura de búsqueda de rentas y la consolidación de un Estado cómplice con la ilegalidad socaban cualquier iniciativa educativa y condenan al fracaso cualquier reforma que no aborde la economía política cultural del país.

Inicialmente, el hiperpresidencialismo centralista, caracterizado por un Poder Ejecutivo que concentra una cantidad excesiva de poder, crea un entorno en el que cada gobierno, independientemente de su ideología y color político, puede imponer su visión monológica desde un poder centralizado. 

En consecuencia, las políticas educativas surgen sin un consenso genuino, ya que se imponen desde arriba, sin tener en cuenta la diversidad cultural y productiva inherente a cada región. Por lo tanto, la educación se convierte en un botín ideológico y un medio de control, no de liberación. Esta estructura, además, debilita cualquier proceso significativo de autonomía subnacional, lo que limita el desarrollo de políticas públicas de educación pertinentes a nivel local.

En segundo lugar, el extractivismo como modelo económico establece una dependencia crónica de la exportación de materias primas, generando una paradoja letal, ya que este modelo, respaldado por el Estado, no aprecia ni necesita una educación de alta calidad. 

El extractivismo no exige innovación ni pensamiento crítico, sino que se basa en mano de obra poco calificada. Esta realidad de un sistema productivo limitado ha llevado a aproximadamente el 80% de la población al empleo informal.

En consecuencia, el sistema educativo, ya sea intencionalmente o no, se ajusta a esta mediocridad y prepara a los jóvenes para un mercado laboral que ofrece un valor agregado mínimo.

En tercer lugar, la cultura rentista que surge del extractivismo y el hiperpresidencialismo ha forjado una sociedad en la que el principal conflicto no es generar riqueza, sino, más bien, apoderarse de los ingresos producidos por los recursos naturales. En este escenario, el mérito académico pierde toda significación, consagrando una cultura del mínimo esfuerzo, del atajo y de “hacerse el vivo”, en la que no se respetan las reglas y donde la integridad y honestidad son percibidas como una carga.

Además, la educación se degrada a un espacio burocrático más, capturado por intereses corporativos. La cúpula sindical de los docentes se opone a cualquier intento de descentralización, invocando el engañoso temor a la privatización. Este círculo vicioso se perpetúa porque el hiperpresidencialismo necesita los ingresos del extractivismo para cooptar a estos grupos, garantizar la gobernabilidad y así fortalecer la misma cultura rentista que impide el desarrollo.

Finalmente, es evidente el surgimiento de un "Estado aparente" cómplice con la ilegalidad. René Zavaleta introdujo el concepto de "Estado aparente" para ilustrar un Estado cuya definición no corresponde a la realidad social del país. En la actualidad, esta fachada es evidente en la aceptación de actividades como el narcotráfico, el contrabando, minería ilegal y avasallamiento de tierras que operan con la complicidad de las instituciones públicas.

¿Qué tipo de lecciones sobre ciudadanía o legalidad pueden impartir las instituciones educativas cuando los estudiantes perciben que la prosperidad de sus comunidades está vinculada a las acciones ilegales? La educación ambiental, por ejemplo, es una farsa cuando se permite la devastación de parques nacionales o incendios forestales masivos. No hay justicia posible cuando el Estado de derecho no es más que una pretensión superficial.

 Por tanto, cualquier reforma educativa solo servirá como un placebo a menos que se aborden estas raíces estructurales del Estado:

1. Debilitar el hiperpresidencialismo con una descentralización real y profunda, transfiriendo competencias, recursos y poder de decisión a las autonomías departamentales, municipales e indígenas. Este es el único camino para que la educación responda a la diversidad cultural y a las vocaciones productivas locales.

2. Una educación contra el extractivismo, a través de una política educativa de Estado que contribuya efectivamente a la diversificación económica. El plan de estudios debe enfocarse en ciencia, tecnología y bioeconomía, a fin de equipar a las generaciones futuras para que puedan navegar por la transición hacia un paradigma posextractivista.

3. Fomentar una cultura de la innovación, no de la renta, creando sistemas de incentivos basados en la meritocracia y la evaluación constante, premiando la excelencia y vinculando la formación con las necesidades de un mercado globalizado y sostenible.

4. La educación como pilar del Estado de derecho, a partir de la formación en ciudadanía y ética como eje transversal del sistema. La escuela debe ser el primer espacio donde se enseñe que el respeto a la ley y al bien común es el único camino para el desarrollo.

Solo de esta manera podemos superar la engañosa dicotomía inicial. El objetivo no es elegir entre un tecnicismo globalizado sin alma o un culturalismo cerrado y desprovisto de futuro, sino crear una educación integral que el actual Estado es incapaz de sostener: una educación que forme ciudadanos con pensamiento crítico, en lugar de simplemente producir trabajadores; con principios éticos, en lugar de la “viveza” criolla; y con un profundo respeto por la ley y la diversidad.

Mientras no ataquemos las deformaciones estructurales del Estado boliviano seguiremos educando para un país plurinacional en el discurso, pero centralista en la práctica; una nación que aboga por la innovación, pero que vive de las piedras y los pozos.

Mauricio Alzérreca Medrano es analista de políticas públicas.



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