Brújula Digital|31|07|25|
En reunión ordinaria del Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (Conarade), el defensor del Pueblo alertó una insuficiente articulación interinstitucional para enfrentar los incendios forestales y presentó propuestas sobre la Resolución Constitucional 233/2024, referida a la acción popular por incendios forestales y 24 años de degradación ambiental.
Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, entre las principales observaciones y propuestas se encuentran la implementación de un sistema articulado de monitoreo de quemas e incendios, en el ámbito municipal, departamental, nacional y en áreas protegidas, dada la actual incongruencia en la información basada en focos de calor y condiciones de riesgo, lo cual impide contar con datos certeros para la toma de decisiones.
Entre las observaciones y propuestas se indica que se debe fortalecer los procedimientos de evaluación de riesgos y planificación preventiva, en el marco de la Ley 602 y la Ley 031, que permitan conocer de manera anticipada las intenciones de quema, evitando así que las emergencias sorprendan a las autoridades sin capacidad de respuesta inmediata.
Mejorar los procesos de declaratoria de alerta, emergencia o desastre, garantizando una actuación oportuna y eficiente, tal como lo exige la Ley 602. Las demoras en declarar Desastre Nacional comprometen el principio de debida diligencia y vulneran los derechos de la Madre Tierra y los derechos ambientales.
El reporte de la Defensoría del Pueblo señala que a raíz de esta participación, quedó pendiente la generación de una agenda interinstitucional liderada por el Conarade, como parte del cumplimiento a las medidas de garantía de no repetición dispuestas en la tutela preventiva establecida en la R.C. 233/2024.
En este contexto, según el reporte oficial, la Defensoría del Pueblo exhorta a las instituciones miembros del Conarade a priorizar un monitoreo efectivo, articulado y transparente de incendios forestales; la planificación estratégica de prevención; y la reducción de los plazos para las declaratorias de alerta, emergencia y desastre, en cumplimiento de la R.C. 233/2024 del TCP, la SP-TAA 001/2025-AA y el Auto de Admisión Ambiental N° SP/TAA 003/2025 del Tribunal Agroambiental.
Además, se destaca la oportuna coordinación intermunicipal para atender el primer incendio forestal registrado en el municipio de Carmen Rivero Torrez. Se reconoce el compromiso del equipo de Bomberos Forestales de San Rafael, cuya intervención fue clave para la extinción del siniestro, tras la alerta emitida por el alcalde de San Rafael.
BD/RED
