EPU: el Estado “no aceptó” las recomendaciones clave sobre DDHH y la sociedad civil expresa preocupación

Brújula Digital |30|06|25|
 Sumando Voces
 Mery Vaca

Luego del cuarto Examen Periódico Universal (EPU) sobre Derechos humanos, el Estado “anotó”, es decir, no aceptó 20 recomendaciones para Bolivia, entre ellas, algunas consideradas clave para los derechos humanos y las libertades fundamentales, denunciaron representantes de la sociedad civil, quienes expresaron preocupación por este  motivo, en un evento llevado a cabo en la Defensoría del Pueblo este lunes. “Anotar” significa que no ejecutará esas recomendaciones y que quedan postergadas para más adelante.

Entre las recomendaciones “anotadas” se encuentran la de aprobar una Ley de Acceso a la información, crear un mecanismo para la protección de los periodistas, modificar la normativa que restringe el derecho a la libre asociación, permitir el regreso del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, además de varias referidas a los derechos de las personas LGBTI, como la unión entre personas del mismo sexo, que ya fue reconocida por la Corte IDH y que, por tanto, tiene carácter vinculante.

Las encargadas de presentar el análisis sobre Bolivia fueron Mónica Baya, secretaria técnica de Comunidad de Derechos Humanos; Claudia Terán, coordinadora del Programa Defensores de UNITAS; y la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes.

En la apertura del acto, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, explicó que en el marco del EPU, que se realiza cada cuatro años y medio, el Estado recibió 275 recomendaciones, de las cuales, 254 fueron aceptadas, 20 fueron anotadas y una fue aceptada parcialmente. Justamente, la que quedó pendiente es la modificación de la Ley 351 que, según las organizaciones de la sociedad civil, restringe el derecho a la libertad de asociación, derecho que, a su vez, permite el ejercicio de otros derechos.

Acceso a la información y libertad de prensa

En temas de libertad de prensa y acceso a la información, Bolivia recibió nueve recomendaciones, de las cuales, solo fueron aceptadas cinco. “Nos preocupa que el Estado haya eludido su responsabilidad respecto al cumplimiento de dos temas”, dijo la presidenta de los periodistas, refiriéndose a la creación de un mecanismo nacional de protección para periodistas y la aprobación de una ley de acceso a la información.

En cambio, Bolivia se ha comprometido a investigar las agresiones a los periodistas, pero lamentó que el mecanismo asignado sea el El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) que, según dijo, cumple un papel de disuasión de demandas en vez de la búsqueda de justicia.

Alanes lamentó que no se haya tomado en cuenta las recomendaciones para proteger a los periodistas pese a que la recomendación 27 del GIEI establece esta necesidad, a lo que se suma el dato recolectado por UNITAS en sentido que se registraron 495 vulneraciones a la libertad de prensa en Bolivia entre 2022 y 2024.  Haber “anotado” las recomendaciones sin haberse comprometido a cumplirlas, “deja en la indefensión a los periodistas”, señaló.

“No podemos dejar de destacar que varios países se hubieran pronunciado y hubieran formulado nueve recomendaciones, pero nos preocupa que el Estado boliviano no asuma su responsabilidad de avanzar en una mayor protección en dos derechos fundamentales”, dijo.

Respecto a la Ley de Acceso a la información, Alanes explicó que la ANPB trabajó un Proyecto de Ley consensuado con otras organizaciones de la sociedad civil y con una comisión legislativa. Producto de ese proceso, la norma se aprobó en el Senado, pero quedó congelada en Diputados.

“El Estado boliviano elude la responsabilidad”, pese a que existe una sentencia de la Corte IDH en el caso de Carlos Flores Bedregal, que se obliga al Estado a cumplir con la aprobación de una Ley de Acceso a la Información.

Libertad de asociación restringida

Claudia Terán explicó que Bolivia recibió seis recomendaciones relacionadas con el espacio cívico y el rol de la sociedad civil, pero que cuatro de ellas fueron “anotadas”, justamente las referidas a la modificación de la Ley 351 y su reglamento, “lo cual genera una preocupación importante para quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos desde la sociedad civil”.

Explicó que el marco legal vigente limita el derecho a la libertad de asociación y establece condiciones que vulneran los estándares internacionales.

La Ley 351 establece que los estatutos de las organizaciones deben incluir expresamente su contribución al desarrollo económico y social y el Decreto Supremo 1597 dispone que dicha contribución debe alinearse con las políticas sectoriales del Estado. “Esto significa que las organizaciones están obligadas, desde su nacimiento jurídico, a adscribirse a la política oficial de desarrollo económico y social, lo que contradice el principio de autonomía organizativa y limita su libertad para definir fines propios y enfoques alternativos”, indicó.

Y, la gravedad del asunto es que el decreto reglamentario establece que “la personalidad jurídica de una organización puede ser revocada si no cumple con las políticas o normas sectoriales, a criterio del ministerio correspondiente”.

Un espacio cívico abierto o sano implica que la sociedad civil y las personas puedan organizarse, participar y comunicarse libremente, lo que se logra con libertad de asociación, libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión.

Las normas vigentes, explicó Terán, representan una constante amenaza de disolución de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual vulnera los estándares internacionales sobre el derecho de asociación.

De hecho, entre 2015 y 2025, “se ha registrado una reducción drástica en el número de organizaciones inscritas ante el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo”, pasando de 1.980 a 206 en ONGs nacionales, y de 185 a 44 en ONGs internacionales.

Además, las organizaciones están sometidas a estigmatización, procesos judiciales, criminalización y obstáculos, lo que “genera temor, autocensura, desgaste y desmovilización, lo que limita la participación democrática y debilita el tejido social”.

En criterio de Terán, “al rechazar recomendaciones que apuntaban directamente a garantizar un entorno propicio para la sociedad civil, el Estado boliviano pierde una oportunidad valiosa de corregir el rumbo y alinearse con sus obligaciones internacionales”.

Población LGBTI

Respecto a la población LGBTI, Mónica Baya calificó como positivo que el Estado haya apoyado recomendaciones relacionadas a delitos con crímenes de odio, prevención, investigación y sanción de actos violentos, pero “nos ha llamado la atención y nos ha preocupado” que otras recomendaciones no hayan sido apoyadas por el Estado, como el tratamiento como feminicidio cuando se produzca el asesinato de mujeres transgénero o transexuales y el acceso al matrimonio de personas del mismo sexo, tomando en cuenta que en Bolivia ya se abrió la vía a este tipo de uniones con el caso Aruquipa-Montaño. Este derecho, explicó, está contenido en una opinión consultiva de la Corte IDH y, por tanto, tiene carácter vinculante.

“No hay ningún criterio que justifique un tratamiento distintito, es obligación del Estado de aplicar el control de convencionalidad”, dijo.

Finalmente destacó como positivo que ese haya aceptado registrar a los hijos de personas transexuales, porque hubo varios niños que quedaron sin el derecho al registro.

90% de recomendaciones aceptadas

Baya destacó que cerca del 90% de las recomendaciones hayan sido aceptadas. “Nos parece fundamental que el Estado haya apoyado la mayoría de las recomendaciones que ha recibido (…) lo que es compromete la fe y la voluntad del Estado para cumplir en los próximos cuatro años”, dijo Baya, quien explicó además que las recomendaciones abarcan a todos los órganos del Estado y a todos los niveles de gobierno.

Indicó que estas recomendaciones deberían ser la base para un plan nacional de Derechos Humanos, que no se renueva desde 2013.

BD/