Maestros bolivianos frente a la precariedad y el adoctrinamiento

Brújula Digital|05|06|25|

Mirna Quezada Siles

En Bolivia, cada 6 de junio se celebra el Día del Maestro, fecha conmemorativa que contrasta con el abandono que viven miles de profesores. Mientras el Estado suele rendir homenajes vacíos y dar discursos pomposos sobre la transformación educativa, la realidad de las aulas revela otra historia con bajos salarios, precariedad estructural, adoctrinamiento político y una gestión llena de improvisaciones e incluso plagios.

Esta celebración establecida oficialmente mediante decreto supremo durante el gobierno de Bautista Saavedra, fue elegida en honor a Modesto Omiste, pionero de la educación pública en Bolivia, quien falleció un 6 de junio. Omiste fue defensor de la enseñanza laica, gratuita y científica en el siglo XIX e impulsó la creación de bibliotecas escolares y el acceso universal al conocimiento. 

A lo largo de la historia, el magisterio boliviano fue un actor clave en la vida política y social del país. Durante los años 60 y 70 enfrentó represión bajo las dictaduras militares y en los años 80 y 90 resistió recortes presupuestarios derivados de problemas económicos y varias reformas. En las últimas dos décadas, bajo el gobierno del MAS, aunque el discurso oficial llenó de elogios a los maestros, en la práctica se los forzó disimuladamente a formar parte de una estructura estatal cada vez más politizada y autoritaria.

Datos recientes confirman la magnitud del tema. Según el Censo de Población y Vivienda 2024, en Bolivia existen más de 232.000 maestros en ejercicio, de los cuales alrededor de 178.000 pertenecen al sistema público. Esta mayoría pone sobre el Estado una responsabilidad directa para garantizar condiciones laborales justas, una formación continua de calidad y una gestión educativa libre de improvisación e ideologías impuestas.

En este contexto, vale recordar experiencias como la de Elizardo Pérez y Avelino Siñani, fundadores de la Escuela-Ayllu de Warisata en 1931. Ellos propusieron un modelo educativo basado en la interculturalidad y la participación comunitaria, integrando conocimientos indígenas con pedagogía moderna. Su propuesta inspiró la Ley Educativa Avelino Siñani y Elizardo Pérez, promulgada en 2010 por el MAS.

Aunque esta ley plantea una educación descolonizadora, inclusiva y liberadora, su implementación distó mucho de esos ideales, según coincidieron varios maestros que prefirieron guardar en reserva su nombre. En la práctica, se convirtió en un instrumento de ideologización política porque se introdujeron textos con propaganda partidaria sutil, se incluyeron discursos e imágenes de líderes del gobierno y se exigió una adhesión ideológica disfrazada de lineamientos curriculares. De esta manera las aulas dejaron de ser espacios críticos para convertirse en vehículos de uniformidad ideológica.

Uno de los elementos controversiales de esta ley -añadieron los maestros- es por ejemplo el rol excesivo asignado a los padres de familia. El artículo 89 les otorga participación igualitaria en todas las etapas del proceso educativo. Aunque esto suena democrático, en la práctica generó desequilibrios. Grupos, directivas e incluso algunos papás y mamás individualmente y con cercanía al gobierno ejercieron presiones indebidas, muchas veces con motivaciones políticas o personales.

En cuanto al acceso digital, el lanzamiento del satélite Túpac Katari fue un intento del gobierno para cerrar la brecha tecnológica. Si bien logró llevar Internet a más de 16.000 escuelas, muchas regiones todavía carecen de conectividad adecuada. Esta insuficiencia quedó al desnudo durante la pandemia de COVID-19, cuando Bolivia fue uno de los países con mayor tiempo de suspensión de clases presenciales, afectando a casi 2,9 millones de estudiantes. 

Durante ese periodo, enseñar se volvió una hazaña diaria. Los profesores costearon de su bolsillo el acceso a Internet, equipos o impresión de materiales. Trabajaban más de 12 horas al día para adaptarse a estudiantes sin recursos, conectados en horarios dispersos y desde celulares prestados. A pesar de ello, el Ministerio de Educación impuso el cumplimiento estricto de la carga horaria sin considerar la calidad del proceso.

Esta presión generó una sobrecarga de clases virtuales, atención personalizada, elaboración de contenidos, reuniones constantes y tareas administrativas. Sin un sistema de apoyo real, muchos maestros colapsaron física y emocionalmente. Mientras tanto, las autoridades sólo exigían reportes, actas e informes, ignorando la necesidad de una recuperación pedagógica real.

Incluso en medio de condiciones adversas, surgieron ejemplos de compromiso y creatividad que reafirman la vocación docente. José María Peñaranda, maestro de Potosí, se hizo conocido durante la pandemia por impartir clases de matemáticas, montado en su bicicleta, llevando una pizarra a estudiantes sin acceso a Internet. Su iniciativa se viralizó y fue reconocida más allá de las fronteras del país.

También destacan casos como el de Edith Araníbar, docente en Cochabamba, quien dedicó más de tres décadas a la enseñanza en zonas rurales, asumiendo de su propio bolsillo gastos relacionados con materiales e incluso alimentación para sus estudiantes. En El Alto, María René Condori implementó redes de comunicación por WhatsApp entre familias sin acceso a plataformas digitales y distribuyó personalmente guías de estudio impresas, demostrando un esfuerzo pedagógico que trasciende las limitaciones institucionales.

Por otro lado, algunos profesores que también prefieren no revelar su identidad sostienen que, durante los dos gobiernos del MAS, se promovió una visión funcionalista del rol docente. Según su criterio, se dividió al magisterio entre sectores afines al oficialismo y sectores críticos, alentando la formación de organizaciones paralelas con fines políticos, minimizando reclamos legítimos relacionados con infraestructura y condiciones laborales y -además- acallando voces disidentes. Esta percepción, apunta a un desgaste profundo dentro del sector, con consecuencias que aún afectan la cohesión y la profesionalización.

El sistema educativo enfrenta una crisis profunda: los docentes sufren sobrecarga laboral, desmotivación y condiciones precarias. La falta de inversión, el abandono institucional y decisiones políticas centradas en el control han deteriorado el sector. Mientras persistan la desinformación, el uso ideológico de la educación, el plagio de textos oficiales y el silencio ante las demandas gremiales, hablar de transformación o justicia educativa resulta ilusorio.

Este 6 de junio, Día del Maestro, no debería celebrarse con discursos vacíos ni actos simbólicos. El verdadero homenaje es asumir con responsabilidad el deterioro del sistema, identificar a quienes lo han permitido y garantizar, de una vez por todas, condiciones dignas para quienes dedican su vida a educar. Solo así esta fecha podrá convertirse en un acto de justicia y no en una rutina protocolar.

El maestro no es simplemente un engranaje del sistema; es un pilar esencial para el desarrollo del país. Su rol no solamente implica enseñar contenidos, sino también formar personas con sentido ético, pensamiento crítico y compromiso ciudadano. Hay docentes que inspiran, orientan y motivan a sus estudiantes a seguir una ruta de crecimiento personal y profesional. Sin embargo, también existen quienes, por resentimiento, falta de vocación o ideologización, terminan desmotivando, desviando o incluso afectando negativamente la formación de los alumnos. En ese contexto, también es crucial considerar la política educativa y los lineamientos del gobierno, que pueden potenciar o limitar el impacto positivo del docente. 

Con la cercanía de las elecciones generales, renace la expectativa de que el próximo gobierno enfrente con seriedad la deuda histórica con el magisterio. Es momento de dejar atrás la improvisación, el uso político de la educación y la indiferencia estatal. El país necesita una etapa en la que los maestros sean valorados con palabras y con hechos.

Mirna Quezada Siles es comunicadora social.