|CRÓNICA|Minasa: entre el desorden y la falta de vigilancia|

Brújula Digital|01|05|25|

Ángel Romero y Manuel Mantilla 

La terminal de Minasa, a las afueras de Villa Fátima de La Paz, se despierta temprano y bulle sin pausa. A un costado, las flotas, minibuses y trufis alineados lucen preparados para devorar kilómetros, mientras vociferan ofertas de pasajes y los vendedores ambulantes van de un lado al otro entre el transporte y los usuarios. El piso húmedo por la lluvia de la madrugada, los techos parchados con lona y los carteles improvisados componen una escena tan viva como desordenada. No existe un control visible para quien entra o sale. En todo este ajetreo, menores de edad transitan solos o tomados de la mano por adultos cuya relación nadie verifica. La terminal no pregunta, no registra, no impide. Lejos de esto, el alboroto y desorden parece ser el mejor camuflaje para quienes se aprovechan del descuido.

“Minasa es tierra de nadie”. con estas palabras Ema Checker, operadora de terminales de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), resume la falta de control sobre la salida y llegada de menores en las terminales de la ciudad de La Paz, donde se acumula el 50% del total de denuncias de personas que son víctimas de trata, seguido por Santa Cruz y Cochabamba. 

Entre el bullicio de los viajeros, el trámite de los pasajes y el constante ir y venir de maletas, se esconde una realidad preocupante que muchas veces pasa desapercibida: la salida de menores de edad sin los controles adecuados. En un contexto donde la trata y tráfico de personas continúa siendo una amenaza latente en Bolivia, las terminales terrestres se han convertido en puntos críticos de vulnerabilidad, pero también en espacios donde se podría actuar con más fuerza para prevenir.

Ema Checker revela que al menos 600 permisos de viaje para menores se emiten por día en temporada alta, mientras que en temporada baja la cifra desciende a unos 40 por día. A pesar de ese control formal, advierte que muchas flotas recogen pasajeros en el trayecto, donde se incluyen menores sin verificar su situación. “No hay forma de saber con quién viajan ni si cuentan con autorización. Una vez que salen de la terminal, desaparecen del radar”, afirma. 

Esta falta de vigilancia ocurre en un país donde, según el “Informe sobre la Trata de Personas 2024” proporcionado por la embajada de Estados Unidos en Bolivia, se identificaron 707 víctimas potenciales, más de 390 eran niñas y niños. ONG y autoridades admiten que una gran parte de las desapariciones de menores en ciudades como La Paz y El Alto tienen fines de explotación sexual. Según el mismo informe, el principal modus operandi de estas redes es a través de promesas laborales o académicas, muchas veces articuladas desde las propias terminales y puntos de tránsito desprotegidos. 

En un pequeño cuarto algo precario, ubicado en el sector de llegadas de la Terminal Central de Buses nos recibió la teniente coronel Vanesa Galván, directora de seguridad de esa estación y de la terminal provisional de Minasa. Rodeada por el bullicio de los motores y la llegada constante de buses, responde con paciencia. Según Galván, Oruro es el destino más frecuente para menores víctimas de trata que salen desde la terminal de buses de La Paz. En cambio, desde la terminal de Minasa, los destinos son más difusos: “Lo que hay es una promesa de trabajo, de estudio, de superación, de salir adelante. Pero esa promesa casi nunca se cumple”, advierte. 

Aunque existe un marco legal sólido, con la Ley 263 y planes multisectoriales, la realidad es que las acciones de prevención y protección han tenido bajo impacto, en 2023 Bolivia registró 946 casos de trata de personas, 222 más que en 2022, que registró 724 informó la directora de Trata y Tráfico de Personas, Carola Arraya en una entrevista publicada por el diario El Día el 27 de abril de 2024. 

Pese a que se han creado protocolos de identificación y mecanismos de derivación, su aplicación no ha sido uniforme ni eficaz. Sólo cinco albergues atienden a víctimas mujeres de trata en todo el país; la atención especializada para varones menores o adultos es casi inexistente. Y aunque se reconocen esfuerzos recientes por parte de algunas instituciones, la falta de presupuesto y la rotación constante de personal policial siguen debilitando la respuesta del Estado. 

Mientras tanto, en Minasa, los días siguen comenzando temprano. Las flotas siguen saliendo. Y los menores, como sombras entre la multitud, pueden seguir desapareciendo sin dejar rastro.

Ángel Romero y Manuel Mantilla son estudiantes de Periodismo de Investigación de la Universidad UNIFRANZ.