Estudio revela altos niveles de plaguicidas en habitantes de ocho comunidades de Santa Cruz y alerta sobre sus efectos en la salud

Brújula Digital |14|04|25|
 Sumando Voces
 Yenny Escalante

Un estudio realizado en habitantes de ocho comunidades agrícolas de Santa Cruz detectó la presencia de plaguicidas en prácticamente toda la población evaluada. El análisis, realizado a partir de muestras de sangre y orina en las personas, confirma una exposición generalizada a químicos tóxicos como el glifosato y el DDT, este último prohibido en Bolivia desde 2005.

«Los hallazgos logrados muestran que en las comunidades de estudio existe un alarmante uso de plaguicidas prohibidos o restringidos», establece el documento. Agrega que, a pesar de las regulaciones vigentes en Bolivia, es evidente que persiste un uso incontrolado de plaguicidas, lo que genera efectos nocivos para la salud de la población y una creciente contaminación de la tierra y el agua.

La población estudiada estuvo conformada por 244 personas de las comunidades El Carmen, Litoral y Murillo del municipio San Pedro; Yateirenda del municipio de Cabezas; Los Negros, Mataral y Santa Rosa del municipio de Pampagrande; y, Nuevo Palmar del municipio Cuatro Cañadas. Estas regiones agroecológicas cuentan con diferentes cultivos. El estudio se realizó en dos etapas entre 2018 y 2023.

La responsable de la Unidad de Genética Toxicológica del Instituto de Genética de la Universidad Mayor de San Andrés, Noemí Tirado, explicó a Sumando Voces el método utilizado para llevar a cabo el estudio: “Aplicamos biomarcadores de exposición y analizamos muestras de orina para detectar la presencia de residuos de plaguicidas, ya sea en forma de metabolitos —es decir, las sustancias en las que se transforman los plaguicidas dentro del organismo— o del compuesto químico original”.

La experta señaló que se identificó la molécula como tal, así como su metabolito. Por ejemplo, el 100% de las personas evaluadas tenía glifosato en su organismo —el herbicida más usado a nivel mundial—, así como su metabolito AMPA. El 93% presentaba metabolitos del DDT (dicloro difenil tricloroetano), un pesticida altamente persistente en el medioambiente. También se encontraron altos niveles de otros químicos peligrosos, como ciertos insecticidas y fungicidas. Por ejemplo, el metabolito del mancozeb, un fungicida que estaba presente en todas las personas evaluadas.

Respecto a la salud de las personas como consecuencia de esta exposición a plaguicidas, el estudio encontró señales de daño genético, y problemas en el funcionamiento del hígado y los riñones. «La exposición a plaguicidas representa un riesgo potencial para los seres humanos, causando neuritis, trastornos hepáticos, renales, neurológicos, inmunológicos, metabólicos y endocrinos», refiere la investigación.

Además, alerta que los herbicidas a base de glifosato afectan la salud y la inmunidad, aumentan el estrés oxidativo y pueden afectar algunas funciones cerebrales, entre otras consecuencias negativas.

La investigadora Noemí Tirado sostuvo que también utilizaron un biomarcador de efecto y descubrieron que había daños en la célula —llamado daño genotóxico— y en los riñones. En ese sentido, advirtió que si se mantiene esa exposición, puede conducir, a la larga, a una enfermedad degenerativa o un cáncer.

Consultada sobre las vías de ingreso de los plaguicidas al organismo, Tirado explicó que, en el caso de los agricultores, la principal forma de exposición es a través de la piel, ya que aplican los productos con mochilas fumigadoras y no cuentan con una protección adecuada. “El plaguicida entra por las partes del cuerpo que están descubiertas. También puede ingresar por la vía respiratoria, a través de la nariz, o incluso por los ojos, mediante las lágrimas. Las principales vías de ingreso son la nasal y oral”, precisó.

La investigación se realizó a iniciativa del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCC-J) y fue liderada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), en coordinación con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Católica Boliviana. Los autores del estudio plantean la urgencia de políticas públicas que regulen el uso de agroquímicos, fortalezcan la vigilancia sanitaria, promuevan prácticas agroecológicas y protejan la salud de las personas. También instan a una mayor coordinación interinstitucional para prevenir daños ambientales y sanitarios.