Redes de víctimas de abuso sexual eclesial de seis países alertan presiones de la Santa Sede

Brújula Digital |08|04|25|

Seis redes y organizaciones de sobrevivientes de abuso sexual eclesial de América Latina denunciaron que la Santa Sede ejerce presiones sobre Bolivia para firmar un acuerdo que plantea proteger la inviolabilidad de los archivos, registros y documentos vinculados a la Iglesia, lo que en la práctica podría impedir futuras investigaciones sobre casos de abuso sexual clerical.

“Ningún Estado debiera reconocer la inviolabilidad de archivos, registros y documentos, en las conferencias episcopales, curias episcopales, curias de los superiores de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica y a los demás organismos, entidades y dependencias de la iglesia católica”, se lee en un pronunciamiento de las organizaciones.

El comunicado advierte que este reconocimiento podría obstruir las investigaciones relacionadas con denuncias de abuso sexual cometidas por integrantes de la Iglesia.

El pronunciamiento fue suscrito por redes y organizaciones de sobrevivientes de abusos eclesiásticos de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

El 27 de marzo, Brújula Digital informó que víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes alertaron sobre negociaciones entre el Gobierno boliviano y el Vaticano, en torno a un acuerdo que, según ellas, protegería a pederastas.

El artículo 12 del borrador establece de forma textual: “El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce, protege y respeta la inviolabilidad de los archivos, registros y documentos pertinentes a la Conferencia Episcopal Boliviana, a las curias episcopales (...) y a los demás organismos, entidades y dependencias de la Iglesia católica”.

Exigen obligaciones y controles

Las redes y organizaciones de sobrevivientes consideran que los sacerdotes que reciban confesiones sobre abusos sexuales deben estar obligados a denunciarlas ante la justicia ordinaria, especialmente cuando las víctimas sean menores de edad.

Además, coinciden en que los Estados deben exigir antecedentes penales y pericias psicológicas al personal de la Iglesia, en particular a quienes trabajan en áreas de educación y salud con niños, personas mayores y otros grupos vulnerables.

El presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, Wilder Flores, sostuvo que los Estados no deben garantizar impunidad frente al abuso sexual dentro del clero, sino que, por el contrario, deberían denunciar los hechos, según una nota de prensa.

“Los Estados no pueden garantizarle, a la iglesia católica, mecanismos para la impunidad de abuso sexual y, al contrario, deben velar por el interés superior de su población, especialmente infantil y vulnerable, y resguardar sus derechos humanos”, dijo Flores.

BD/MC/JA

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