Justicia ordena reincorporar a Uzquiano como jefe de protección en la reserva del Beni

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Este jueves, la Sala Constitucional Segunda de La Paz falló a favor del guardaparques Marcos Uzquiano, anulando el memorándum de agradecimiento con el que fue despedido en diciembre por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). La decisión ordena su reincorporación inmediata como Jefe de Protección de la Reserva Biológica Biósfera del Beni y establece medidas de protección para garantizar su seguridad en el desempeño de sus funciones.

"Sí, acabamos de salir de la audiencia y la Justicia falló a mi favor. Mi siguiente paso es regresar a mi puesto de trabajo en Beni. En los siguientes días, voy a ver cuándo me debo reincorporar", expresó Uzquiano tras la audiencia.

El fallo responde a una acción de amparo constitucional presentada por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en representación de Uzquiano. Según la resolución, emitida por el vocal José Sáenz, se determinó conceder la tutela con base en los artículos 128 y 129-4 de la Constitución Política del Estado, así como en el Código Procesal Constitucional.

Uzquiano fue despedido por el Sernap el 30 de diciembre de 2024, días después de denunciar ante la Fiscalía de Santa Cruz la existencia de una red clandestina que organizaba tours de caza de jaguares en Bolivia. Este hecho generó preocupación en organizaciones ambientales y de derechos humanos, que calificaron el despido como una represalia directa contra su labor de protección ambiental.

Además, el guardaparques había recibido una evaluación de desempeño con calificación de excelencia (100%) semanas antes de su destitución. Sin embargo, el Sernap justificó su despido con un proceso administrativo en el que lo acusó de contravenir la Constitución debido a su rol como presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques (Abolac).

La Sala Constitucional destacó que Uzquiano cumple el rol de defensor de derechos humanos, particularmente en la defensa de la Madre Tierra. El abogado Rodrigo Herrera explicó que este reconocimiento implica que "todas las personas que realizan seguimiento, denuncias y control de temas ambientales son defensores de los derechos de la Madre Tierra".

En el fallo, la Sala Constitucional afirmó que "los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida de aquellas personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de su labor". Por ello, consideró que la destitución de Uzquiano no correspondía y ordenó su restitución al cargo, además de implementar medidas de protección.

BD/RED