Fiscalía amplía investigación del caso Bajo Llojeta a seis funcionarios y Alcaldía denuncia “persecución”

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La Fiscalía amplió la investigación del caso Bajo Llojeta, relacionado con el deslizamiento ocurrido en noviembre, contra seis funcionarios de la Alcaldía de La Paz, informó este viernes Amparo Morales, directora de Asuntos Jurídicos del gobierno municipal. La autoridad calificó esta acción como un acto de “persecución” contra el municipio.  

“En lugar de identificar responsabilidades en la empresa y su representante legal, lo único que está haciendo la Fiscalía es involucrar a autoridades y funcionarios municipales”, declaró Morales en conferencia de prensa.  

Entre los funcionarios investigados se encuentran miembros de la Secretaría de Resiliencia y de la Subalcaldía de Cotahuma. Según Morales, las acusaciones incluyen incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves, los mismos delitos imputados previamente al alcalde Iván Arias.  

La directora jurídica aseguró que los funcionarios serán citados para prestar sus declaraciones y que el proceso continuará conforme a los procedimientos legales.  

Respecto al deslizamiento que el 23 de noviembre cobró la vida de una niña de cinco años y destruyó más de 40 viviendas, Morales señaló que no fue un fenómeno natural, sino una consecuencia de actividades humanas.

Según la autoridad, la empresa Kantutani realizó movimientos de tierra para habilitar el cementerio Los Andes, ubicado en su propiedad, contando con autorización de la Alcaldía de Achocalla, pero sin ninguna intervención o permiso de la Alcaldía de La Paz.  Por su parte, la empresa aseguró que la emergencia se produjo por un taponamiento de una bóveda que es de responsabilidad municipal.

Pese a ello, el municipio paceño asumió la recuperación de la zona afectada con obras de mitigación y continuará trabajando en esa tarea, subrayó Morales.  

Finalmente, desmintió rumores sobre un posible riesgo legal contra el alcalde Iván Arias tras su declaración ante el Ministerio Público, asegurando que su situación judicial se encuentra bajo control.  

BD/RED