|ANÁLISIS|El derecho a la salud: Bolivia|Javier Torres Goitia|

Brújula Digital|11|12|24|

Javier Torres Goitia Caballero

El derecho a la salud es un derecho humano fundamental reconocido internacionalmente, que garantiza a todas las personas el acceso a servicios de salud adecuados, asequibles y de calidad, sin discriminación. Este derecho está consagrado en instrumentos legales internacionales y nacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 12).

Antes de abordar este derecho, es esencial reflexionar sobre qué entendemos por “salud”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Aunque esta definición es ampliamente aceptada, ha sido objeto de debates por su enfoque idealista. En la actualidad, muchos especialistas proponen un concepto más dinámico, que entiende la salud como la capacidad de adaptarse y manejar los desafíos físicos, mentales y sociales a lo largo de la vida.

En ambos enfoques, queda claro que la salud trasciende la simple provisión de servicios médicos. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), los determinantes de la salud son “las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen en las condiciones de vida cotidianas”. Entre estos determinantes se encuentran el acceso a educación, empleo, alimentación, vivienda, igualdad de género y medio ambiente, entre otros.

Reducir el derecho a la salud a simples “prestaciones sanitarias” no solo es una simplificación inaceptable, sino que constituye una violación al derecho humano reconocido por instrumentos legales nacionales e internacionales.

La vida de una persona, desde el embarazo hasta su muerte, es un continuo de interacción con factores externos: felicidad o tristeza, optimismo o derrota, bienestar o adversidad. Estos factores, conocidos como determinantes sociales de la salud, incluyen la educación, el empleo, las condiciones económicas, la justicia social y la igualdad de género. Además, investigaciones recientes han identificado los determinantes epigenéticos, que estudian cambios en la expresión genética causados por factores dietéticos, ambientales, hormonales y otros, los cuales pueden ser heredados por las células.

Comprender estos conceptos es indispensable para quienes administran la vida pública. La salud de una persona y de una sociedad no depende exclusivamente de hospitales, vacunas, medicamentos o personal médico, sino de una compleja interacción social y económica que influye en los determinantes de la salud y la epigenética.

Los salubristas no somos “la quinta rueda del carro”, como lo evidencian las políticas regresivas de gobiernos que priorizan intereses particulares sobre el bienestar social, como ha ocurrido en Bolivia en el siglo XXI. Somos defensores del empleo digno, la producción sostenible, el cuidado del medio ambiente, la justicia, la solidaridad y la integración étnica y cultural.

No puede haber una sociedad sana bajo un régimen de dictadura. La democracia, cuando es genuina, establece las bases necesarias para que los determinantes de la salud sean modulados según la realidad económica y social de su pueblo. Una democracia real es el primer paso hacia una sociedad saludable, inclusiva y justa.

Para que Bolivia recupere el protagonismo que tuvo en materia de salud, como en 1983 o 1996, es urgente consolidar la libre determinación individual y colectiva. Esto implica identificar los problemas y, de forma conjunta, diseñar mecanismos de solución que se implementen a través de alianzas técnicas, económicas, étnicas y culturales, tanto públicas como privadas.

Es fundamental avanzar hacia un proceso de descentralización real y completa que permita el uso eficaz de los recursos económicos, humanos, técnicos y educativos, aplicando una lógica de distribución per cápita en cada territorio. Además, deben establecerse mecanismos de compensación justos y transparentes, adaptados a las características específicas de cada región.

Por último, la salud pública también implica la implementación de mecanismos de solidaridad. No se trata de “regalos gratuitos”, sino de crear formas institucionales para compensar déficits y fomentar procesos que impulsen la productividad y la independencia económica de la sociedad. Solo así será posible construir un sistema de salud inclusivo y sostenible.

Javier Torres Goitia es médico, fue ministro de Salud de Bolivia.